Comunidades del Catatumbo huyen de los explosivos lanzados con drones
Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han dejado personas heridas, daños materiales y cientos de familias desplazadas en municipios de Norte de Santander.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, enfrenta una nueva escalada de violencia por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas FARC. Durante la semana previa al 26 de octubre se reportaron al menos 25 ataques con explosivos lanzados desde drones, además de personas heridas, daños materiales, desplazamientos forzados y secuestros, según información divulgada por Noticias RCN.
Los municipios de San Calixto, El Tarra, Tibú, Sardinata, El Carmen y Convención figuran entre las zonas afectadas por las acciones armadas. En varios sectores, las comunidades han abandonado sus viviendas para protegerse de las detonaciones y de los riesgos asociados a los enfrentamientos.
Desplazamientos en San Calixto y El Tarra
La Defensoría del Pueblo informó el 23 de octubre que el 21 de ese mes se registraron tres detonaciones de artefactos explosivos dirigidos mediante drones en el barrio Villa Esperanza y la vereda El Llano, en El Tarra. Las explosiones ocasionaron afectaciones físicas y psicológicas a varias personas, entre ellas una adolescente.
Ese mismo día llegaron más de 50 núcleos familiares al casco urbano del municipio. La Personería inició su caracterización para determinar sus necesidades y coordinar la atención correspondiente.
En San Calixto, la entidad reportó el desplazamiento de cerca de 200 familias, equivalentes a unas 600 personas, desde veredas del corregimiento de La Cristalina y sectores del norte del municipio, en límites con El Tarra. También se registraron movimientos de familias desde la vereda La Azulita hacia El Tarra.
Estas cifras corresponden a distintos puntos de la región y no deben sumarse sin una verificación que permita establecer si existen registros duplicados. Lo que sí muestran es la magnitud de las afectaciones y la necesidad de mantener un seguimiento actualizado de las familias que han tenido que abandonar sus hogares.
El uso de drones aumenta los riesgos para la población civil
Los explosivos transportados y activados mediante drones se han convertido en una preocupación adicional para las comunidades del Catatumbo. Los ataques pueden afectar viviendas y espacios civiles, mientras que los enfrentamientos y la presencia de minas antipersonal dificultan la movilidad y el acceso seguro a las zonas rurales.
De acuerdo con los reportes conocidos, una niña resultó herida por esquirlas de un artefacto explosivo utilizado en un ataque con dron y recibió atención médica en Ocaña. La Defensoría también advirtió sobre las consecuencias físicas y psicológicas que esta modalidad de violencia puede ocasionar a las personas expuestas.
La situación no se limita a los daños materiales. Cuando una familia abandona su vivienda, también puede perder temporalmente el acceso a sus cultivos, animales, ingresos y redes comunitarias. El desplazamiento interrumpe las actividades escolares, dificulta la atención médica y aumenta las necesidades de alojamiento y alimentación.
El Tarra adopta medidas de seguridad
Ante el deterioro del orden público, la Alcaldía de El Tarra decretó un toque de queda hasta el 30 de octubre, según informó Noticias RCN el 26 de octubre. La medida fue presentada como una acción para proteger a los habitantes frente a los riesgos derivados de la confrontación.
Las autoridades locales y los organismos de atención humanitaria también enfrentan el desafío de identificar a las familias recién desplazadas, establecer sus necesidades y evitar que la emergencia se prolongue sin asistencia suficiente.
La Defensoría del Pueblo pidió a la Gobernación de Norte de Santander, a las alcaldías de San Calixto, El Tarra y El Carmen, y al Gobierno nacional fortalecer los mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria. También insistió en la coordinación entre las instituciones para verificar los hechos, garantizar la asistencia integral y prevenir nuevos desplazamientos y confinamientos.
Una crisis que exige respuestas sostenidas
La nueva escalada se suma a una crisis humanitaria que afecta al Catatumbo desde comienzos de 2025. La persistencia de los enfrentamientos y las restricciones a la movilidad mantienen a numerosas comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
En su balance del 23 de octubre, la Defensoría señaló que El Tarra acumulaba 1.447 personas desplazadas, pertenecientes a 611 familias rurales, desde comienzos de 2026. Esta cifra corresponde al acumulado reportado para el municipio y no exclusivamente a los desplazamientos de la última semana.
La respuesta institucional requiere atender tanto a las personas que ya llegaron a los cascos urbanos como a quienes permanecen en las veredas bajo amenazas. Además de alimentación, alojamiento y atención médica, las comunidades necesitan garantías para movilizarse sin peligro y condiciones que permitan un eventual retorno seguro.
Mientras continúe la confrontación, la protección de la población civil debe ser prioritaria. Los grupos armados están obligados a respetar las normas del derecho internacional humanitario, que prohíben dirigir ataques contra civiles y sus bienes. La atención oportuna y la coordinación entre las autoridades serán determinantes para evitar que los nuevos hechos de violencia profundicen el desplazamiento y el deterioro de las condiciones de vida en el Catatumbo.