Comunidades indígenas y campesinas enfrentan riesgos en el piedemonte costero
La Alerta Temprana Estructural 025 de 2026 identifica amenazas de homicidios, masacres, confinamientos, reclutamiento y disputas territoriales entre grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo pidió medidas urgentes para proteger a las comunidades de Ricaurte y Mallama, en el departamento de Nariño, tras emitir la Alerta Temprana Estructural 025 de 2026. El organismo advirtió sobre el riesgo de homicidios selectivos, masacres, confinamientos, desplazamientos forzados y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, en medio de las dinámicas de control territorial de grupos armados ilegales.
La alerta comprende la totalidad de ambos municipios, ubicados en el piedemonte costero de Nariño, una zona estratégica por sus corredores de conexión con Ecuador y por las economías ilegales asociadas al narcotráfico, la minería ilícita y la extorsión.
La posible ruptura de la coexistencia armada
Según la Defensoría, en la zona se ha mantenido un escenario de coexistencia armada entre Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, perteneciente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), junto con la presencia de otras estructuras criminales.
La distribución de corredores y el control de rentas ilegales han contribuido a mantener ese escenario. Sin embargo, la terminación de la mesa de diálogos con la CNEB, en agosto de 2026, podría favorecer disputas directas por el territorio. La entidad tampoco descarta el eventual regreso de facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o del autodenominado Estado Mayor Central (EMC).
La advertencia no implica que una nueva confrontación sea inevitable. Señala que existen condiciones que podrían agravar la situación de seguridad y generar consecuencias humanitarias para la población civil.
Comunidades indígenas entre las más expuestas
La alerta identifica riesgos particulares para los pueblos indígenas Awá y Los Pastos, así como para las comunidades campesinas, los liderazgos sociales y los firmantes del acuerdo de paz.
En Ricaurte, la advertencia incluye resguardos indígenas Awá y sectores urbanos y rurales. En Mallama, comprende la cabecera municipal de Piedrancha, corregimientos, veredas y el resguardo Gran Mallama, perteneciente al pueblo Los Pastos.
Entre los riesgos identificados figuran las amenazas contra autoridades tradicionales y líderes comunitarios, las presiones sobre la autonomía de los gobiernos indígenas, las extorsiones y las restricciones a la movilidad. También preocupa la posible utilización de menores de edad por parte de estructuras armadas ilegales.
La Defensoría señaló, además, la persistencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en caminos rurales. Estas condiciones pueden limitar el acceso a servicios básicos, dificultar el desplazamiento de las comunidades y aumentar el peligro para quienes transitan por los territorios.
Antecedentes de violencia y afectaciones humanitarias
El organismo documentó hechos violentos que reflejan la gravedad del contexto. Entre ellos mencionó masacres registradas durante 2026 y asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz ocurridos en años anteriores.
También recordó un ataque contra una misión médica en Ricaurte, ocurrido en agosto de 2025, cuando hombres armados interceptaron una ambulancia y asesinaron al paciente que era trasladado. Este antecedente evidencia los riesgos que pueden enfrentar los servicios de salud en zonas afectadas por la presencia de grupos armados.
La situación también compromete a comerciantes, transportadores y servidores públicos, quienes pueden quedar expuestos a amenazas, extorsiones y presiones relacionadas con el control territorial.
Veintinueve recomendaciones para prevenir una crisis
Frente a los riesgos identificados, la Defensoría formuló 29 recomendaciones dirigidas a las entidades estatales. Las medidas buscan prevenir violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, fortalecer la protección colectiva y mejorar la capacidad de respuesta institucional.
El organismo destacó que la atención no debe limitarse a acciones de seguridad. También requiere medidas que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades, protejan a los pueblos indígenas, garanticen la atención humanitaria y fortalezcan las capacidades locales.
Las alertas tempranas tienen carácter preventivo: buscan advertir sobre amenazas y orientar la actuación de las autoridades antes de que se materialicen nuevos hechos de violencia. Por ello, la respuesta institucional resulta fundamental para reducir los riesgos de desplazamiento, confinamiento y afectaciones a la vida e integridad de la población.
La protección de las comunidades como prioridad
La advertencia sobre Ricaurte y Mallama pone de relieve los desafíos que persisten en las zonas rurales y fronterizas de Nariño. La presencia de grupos armados y la disputa por economías ilegales mantienen a distintas comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
La implementación oportuna de las recomendaciones será clave para prevenir una mayor crisis humanitaria. La protección de la población civil, el respeto por la autonomía de los pueblos indígenas y la garantía de acceso a servicios esenciales deben ocupar un lugar central en la respuesta estatal.