Coosalud bajo escrutinio por operaciones financieras y pagos cuestionados
Ocho hallazgos tendrían presunta incidencia fiscal; la revisión también encontró posibles pagos excesivos y demoras en la entrega de medicamentos a usuarios.
La Contraloría General de la República reportó 20 hallazgos tras una auditoría al manejo financiero de Coosalud EPS durante 2025. Ocho de ellos tendrían presunta incidencia fiscal y el organismo de control advirtió posibles afectaciones al patrimonio público superiores a los 454.000 millones de pesos. Los resultados fueron divulgados el 26 de octubre de 2026 y reavivaron las preguntas sobre el manejo de los recursos y las condiciones de atención de los afiliados.
La revisión examinó operaciones financieras, pagos a terceros y desembolsos relacionados con la prestación de servicios de salud. Los hallazgos deberán seguir los procedimientos correspondientes para determinar si existieron daños al patrimonio público y quiénes podrían tener responsabilidad.
Operaciones financieras bajo revisión
Entre los movimientos cuestionados figuran débitos por 203.741 millones de pesos de cuentas de la EPS para cubrir obligaciones financieras de una empresa relacionada con Coosalud. Según la información divulgada sobre la auditoría, la EPS figuraba como codeudora de esa operación y la recuperación de los recursos sería incierta.
La revisión también señaló pagos por 314.947 millones de pesos a entidades que, presuntamente, mantenían vínculos con la EPS como prestadoras de servicios de salud, aunque esa relación no habría podido verificarse con la información examinada.
Además, se cuestionaron transferencias por más de 25.000 millones de pesos relacionadas con operaciones que aparentemente no corresponderían a servicios de salud ni a gastos administrativos permitidos por la normativa aplicable.
Estas cifras describen categorías de operaciones observadas por los auditores. No deben sumarse automáticamente para calcular una afectación adicional, pues la información pública consultada no permite establecer con suficiente claridad si todos los valores son independientes o si existen cruces entre los conceptos reportados.
La determinación definitiva de las posibles responsabilidades depende de la documentación financiera, la justificación de cada movimiento y las conclusiones de los procedimientos de control correspondientes.
Medicamentos: pagos cuestionados y quejas de usuarios
La auditoría también identificó posibles pagos excesivos por más de 5.000 millones de pesos a empresas dispensadoras de medicamentos.
En la revisión de 72 quejas de usuarios, los auditores encontraron que en 56 casos no había evidencia de entrega oportuna de los medicamentos reclamados. El resultado plantea interrogantes sobre la relación entre los pagos efectuados, la prestación efectiva de los servicios y los mecanismos de seguimiento a los proveedores.
Estos datos no permiten concluir por sí solos que todos los medicamentos involucrados dejaron de entregarse ni que cada demora obedeciera a una misma causa. Sí evidencian la necesidad de esclarecer los casos examinados y verificar si los pagos correspondían a servicios efectivamente prestados.
Para los pacientes, el problema trasciende los registros contables. La falta de entrega oportuna de medicamentos puede interrumpir tratamientos, agravar enfermedades y obligar a las familias a asumir gastos adicionales para mantener la atención.
María José Navarro responde a los cuestionamientos
En medio de las revelaciones sobre Coosalud, la exsuperintendente de la Economía Solidaria María José Navarro se pronunció sobre otros pagos cuestionados que fueron divulgados recientemente, relacionados con Inversiones Portichelly, una empresa de confección de uniformes vinculada a la cooperativa Coosalud.
Navarro sostuvo que esos movimientos no correspondían a recursos del sistema de salud, sino a operaciones de la compañía textil. Según su versión, cuando la intervención de la cooperativa le informó sobre los hechos, orientó que fueran denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Afirmó que la denuncia se presentó en febrero de 2026.
La exfuncionaria también indicó que durante su gestión se habían advertido otras operaciones financieras que, a su juicio, requerían investigación. En sus declaraciones pidió que los cuestionamientos recientes no desplacen el examen de las demás operaciones vinculadas al grupo Coosalud.
Sus afirmaciones constituyen la versión de una de las personas que intervino en la supervisión de la cooperativa. La determinación del origen de los fondos, la legalidad de los pagos y las posibles responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.
Es importante distinguir estas operaciones de los hallazgos divulgados por la Contraloría sobre Coosalud EPS. Aunque existen relaciones entre las entidades y los asuntos financieros investigados, no puede suponerse que todos los pagos cuestionados provinieran directamente de la EPS o que necesariamente involucraran recursos públicos destinados a la salud.
Un historial de intervenciones y cuestionamientos
La situación actual se inscribe en un proceso de intervención estatal y revisión de las operaciones de las entidades relacionadas con Coosalud. En enero de 2026, la Superintendencia de Sociedades informó que había impuesto una multa de 150 millones de pesos a la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud por revelar de manera tardía e incompleta su condición de matriz respecto de varias sociedades mercantiles.
Posteriormente, en abril, la Superintendencia de la Economía Solidaria divulgó hallazgos de su intervención sobre la cooperativa, relacionados con presuntas operaciones financieras entre 2019 y 2025 que podrían haber contribuido a ocultar obligaciones económicas vinculadas a la EPS.
En agosto de 2026, la Procuraduría General de la Nación anunció una investigación disciplinaria contra el presidente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, y siete miembros de la junta directiva por posibles irregularidades relacionadas con pagos a terceros, la dispersión de recursos destinados a la salud y un contrato de coworking.
Estas actuaciones tienen alcances y objetos distintos. Una multa administrativa, una investigación disciplinaria y los hallazgos de una auditoría fiscal no equivalen a una condena penal ni permiten atribuir automáticamente responsabilidad individual por todas las operaciones examinadas.
La pregunta por los recursos y la atención a los pacientes
Los hallazgos de la Contraloría plantean dos desafíos simultáneos: establecer qué ocurrió con los recursos y garantizar que las dificultades administrativas o financieras no terminen afectando aún más a los afiliados.
La revisión de los movimientos cuestionados debe permitir determinar si los pagos estaban justificados, si las obligaciones financieras se ajustaban a las reglas aplicables y si los servicios facturados fueron efectivamente prestados. También será necesario precisar el destino de los recursos y establecer si hubo perjuicio al patrimonio público.
Al mismo tiempo, los resultados sobre medicamentos recuerdan que la vigilancia financiera debe conectarse con la experiencia de los pacientes. Los mecanismos de control tienen que ayudar a garantizar que los recursos destinados a la salud se traduzcan en atención efectiva y oportuna.
La investigación continúa abierta y las responsabilidades individuales deberán establecerse con respeto por el debido proceso. La transparencia sobre las operaciones financieras, la recuperación de los recursos cuando corresponda y la continuidad de la atención médica serán determinantes para recuperar la confianza de los afiliados y esclarecer el manejo de los recursos relacionados con Coosalud.