Washington golpea al entorno de Petro: siete políticos colombianos pierden la visa estadounidense
La medida del Departamento de Estado alcanza a figuras vinculadas con investigaciones por presunta corrupción y se suma a decisiones anunciadas en septiembre.
Washington anunció nuevas restricciones migratorias contra siete colombianos y sus familiares, entre ellos Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y varios dirigentes vinculados a investigaciones por presunta corrupción. La medida se suma a decisiones anteriores contra figuras cercanas al petrismo y se enmarca en la política estadounidense contra la corrupción y el narcotráfico.
La relación entre Estados Unidos y el entorno político del expresidente Gustavo Petro vuelve a ocupar el centro de la discusión diplomática. El Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visa contra siete ciudadanos colombianos, una decisión que alcanza a figuras políticas y administrativas relacionadas con investigaciones y controversias por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El anuncio fue realizado el jueves 22 de octubre de 2026 por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Según el comunicado oficial, las restricciones se aplican bajo una política anunciada el 28 de septiembre, dirigida contra extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socaven gobiernos elegidos democráticamente en el hemisferio occidental.
La nueva medida afecta a Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur, senador electo y exrepresentante a la Cámara; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa; los exsenadores Julio Elías Chagüi Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla; y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.
La restricción también se extiende a sus familiares inmediatos, de acuerdo con el Departamento de Estado. La decisión no equivale, por sí misma, a una condena penal en Colombia ni significa que todos los afectados tengan la misma situación judicial.
Ricardo Roa, el nombre de mayor peso político y empresarial
Uno de los nombres que más atención ha generado es el de Ricardo Roa, quien presidió Ecopetrol y fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Su participación en aquella campaña lo convirtió en una figura clave del entorno político del entonces candidato y, posteriormente, del Gobierno.
Roa enfrenta investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. Además, el Consejo Nacional Electoral le impuso una sanción de 5.300 millones de pesos en el caso relacionado con la financiación de la campaña de 2022.
La decisión de Estados Unidos añade una consecuencia migratoria a las controversias que rodean al exdirectivo. Sin embargo, la restricción de visa es una medida administrativa estadounidense y debe distinguirse de los procesos judiciales que se adelantan en Colombia.
Hasta el momento, no debe confundirse esta decisión con una inclusión en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). las versiones que relacionaban a Roa con esa lista carecían de sustento.
El escándalo de la UNGRD vuelve a aparecer en la lista
Varios de los afectados han sido mencionados en investigaciones relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos de presunta corrupción más relevantes del anterior Gobierno.
Entre ellos están Wadith Manzur, Karen Manrique, Julio Elías Chagüi y Liliana Bitar. Las investigaciones y declaraciones conocidas en Colombia han examinado posibles beneficios políticos, gestiones contractuales y presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos.
En el caso de Manzur, las autoridades han investigado señalamientos sobre supuestos beneficios a cambio de respaldar iniciativas legislativas del Gobierno Petro. Por su parte, Karen Manrique ha sido mencionada en el expediente de la UNGRD y en declaraciones relacionadas con las gestiones de la entidad en Arauca.
Chagüi también fue mencionado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, en relación con comunicaciones sobre un proyecto contractual en Sahagún, Córdoba. Liliana Bitar, entretanto, aparece vinculada a las investigaciones que rodean el mismo entramado.
Es importante precisar que las menciones, señalamientos e investigaciones no equivalen automáticamente a una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de cada persona debe establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Yahir Acuña y José Ignacio Mesa también figuran entre los afectados
La lista estadounidense incluye a Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, quien enfrenta distintas investigaciones y cuestionamientos por presuntas irregularidades. Su nombre también ha aparecido en el debate político nacional por las tensiones entre su administración y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
El otro caso es el de José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado. SEMANA informó que la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena en su contra por concierto para delinquir agravado relacionado con nexos con grupos ilegales.
A diferencia de las personas cuya situación continúa bajo investigación, en el caso de Mesa existe una condena reportada por el medio. Las circunstancias jurídicas de cada afectado, por tanto, son distintas y no deben presentarse como si todos estuvieran en la misma etapa procesal.
La medida amplía una política anunciada en septiembre
Las nuevas restricciones se suman a una primera ronda de decisiones anunciada por Washington el 28 de septiembre de 2026. En aquella ocasión, el Departamento de Estado comunicó una política migratoria dirigida a extranjeros que, según el Gobierno estadounidense, debiliten gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico.
Entre los colombianos afectados en esa primera etapa estuvieron la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta y el empresario Euclides Torres, mencionado en investigaciones y controversias relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022.
La ampliación anunciada el 22 de octubre refleja que Washington continúa aplicando ese mecanismo en Colombia. En su comunicado, el Departamento de Estado señaló que las medidas se dirigen contra personas de cualquier afiliación política y que buscan combatir la influencia criminal en instituciones como los tribunales, la Policía y el Legislativo.
¿Qué significa quedarse sin visa estadounidense?
Las restricciones anunciadas se fundamentan en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esta disposición permite negar el ingreso a una persona extranjera cuando el secretario de Estado considera que su entrada o las actividades que podría realizar tendrían consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.
En términos prácticos, la decisión impide que las personas afectadas utilicen una visa estadounidense vigente para ingresar al país, según el alcance de la medida aplicada. También puede afectar a sus familiares inmediatos, como indicó el Departamento de Estado.
No obstante, una restricción de visa no es equivalente a una sanción financiera de la OFAC, una orden de captura internacional o una sentencia penal. Cada mecanismo tiene una base jurídica y unas consecuencias diferentes.
En este caso, Washington justificó la medida dentro de su política contra la corrupción y el narcotráfico, pero el comunicado público no detalla de manera individual todas las pruebas o los elementos que sustentaron la decisión frente a cada persona incluida en la lista.
Una decisión con repercusiones políticas y diplomáticas
La nueva lista vuelve a poner bajo escrutinio internacional a figuras que han tenido vínculos con la política colombiana reciente, con la administración pública o con investigaciones de alto impacto. También abre interrogantes sobre el alcance de las decisiones de Washington y su posible efecto en las relaciones bilaterales.
Para el debate colombiano, el asunto tiene dos dimensiones. La primera es jurídica: las investigaciones nacionales deben avanzar con garantías procesales y determinar responsabilidades individuales. La segunda es diplomática: Estados Unidos está utilizando sus herramientas migratorias para responder a lo que considera riesgos relacionados con corrupción y narcotráfico en la región.
Por ahora, el anuncio confirmado es la imposición de restricciones migratorias a siete ciudadanos colombianos y sus familiares inmediatos. Las consecuencias adicionales dependerán de la evolución de los procesos judiciales en Colombia y de las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses.
La medida no representa una condena colectiva contra el entorno de Gustavo Petro, pero sí amplía la lista de figuras colombianas afectadas por restricciones de entrada a Estados Unidos y mantiene el foco internacional sobre las investigaciones por presuntas irregularidades en la administración pública.