Santa Marta busca soluciones a la crisis de basuras con vigilancia del Congreso
La audiencia pública puso bajo la lupa las fallas en las rutas, las frecuencias y el futuro del relleno sanitario de Palangana.
La crisis del servicio de aseo en Santa Marta llegó nuevamente al centro del debate público después de una audiencia en la que comunidades, autoridades y representantes del sector expusieron las dificultades en la recolección de residuos y las inquietudes sobre la disposición final de las basuras. Como resultado, congresistas propusieron impulsar una comisión de seguimiento y establecer espacios de trabajo para vigilar los compromisos institucionales.
La iniciativa busca responder a una problemática que afecta distintos sectores de la capital del Magdalena y que involucra tanto la operación cotidiana del servicio como la sostenibilidad del sistema de disposición de residuos. Las soluciones, sin embargo, dependerán de que las propuestas se traduzcan en medidas concretas, con responsables, plazos y mecanismos de evaluación.
Una audiencia para examinar las fallas del servicio
La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes convocó una audiencia pública en Santa Marta para escuchar a residentes, líderes comunitarios, recicladores, organizaciones ambientales, autoridades y representantes de las empresas relacionadas con el servicio de aseo.
Durante la jornada, realizada en octubre, los participantes expusieron quejas sobre las rutas de recolección, las frecuencias del servicio y los cambios en el sistema de contenedores. También plantearon interrogantes sobre el futuro del relleno sanitario de Palangana, instalación fundamental para la disposición de los residuos generados en la ciudad.
Según cifras presentadas durante las discusiones, Santa Marta produce y recoge alrededor de 570 toneladas de residuos al día. La magnitud de esa operación exige coordinación entre el operador, las autoridades distritales y las entidades responsables de la vigilancia, especialmente cuando se modifican los mecanismos de recolección.
La audiencia permitió reunir diferentes perspectivas sobre las causas de las dificultades y las alternativas para mejorar el servicio. No obstante, las intervenciones de los participantes constituyen parte del debate público y deben contrastarse con los informes técnicos y administrativos correspondientes para establecer responsabilidades específicas.
ATESA recibió una sanción económica
Uno de los antecedentes relevantes de la controversia es la sanción impuesta por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR) al operador ATESA.
De acuerdo con la información publicada por El Espectador, ESSMAR impuso una multa equivalente a 126 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por un valor de $220.061.403, al considerar que existió un incumplimiento parcial de obligaciones contempladas en el contrato de concesión 007 de 1993.
La empresa distrital señaló que su decisión se apoyó en informes de supervisión e interventoría que documentaron deficiencias relacionadas con la recolección y el transporte de residuos. Según lo informado, el valor podría descontarse de saldos pendientes a favor del contratista o cobrarse mediante los mecanismos administrativos correspondientes si no se produce el pago voluntario.
La sanción representa una actuación administrativa concreta dentro de la discusión sobre la calidad del servicio. Sin embargo, sus efectos no resuelven por sí solos las dificultades operativas ni sustituyen la necesidad de establecer un plan integral para la gestión de residuos.
El futuro de Palangana y la disposición final
Otro de los asuntos centrales es el futuro del relleno sanitario de Palangana. La disposición final constituye una etapa esencial del manejo de residuos, pues las dificultades en esa infraestructura pueden repercutir en la operación general del servicio.
Durante la audiencia se plantearon inquietudes sobre las condiciones del lugar y la continuidad del sistema. También se discutieron alternativas para mejorar el aprovechamiento de los residuos y reducir la dependencia de los métodos tradicionales de disposición final.
Las decisiones sobre Palangana requieren información técnica y ambiental verificable, así como claridad sobre las actuaciones administrativas necesarias. Por esa razón, el seguimiento deberá considerar no solamente la recolección en los barrios, sino también la capacidad de disposición, las condiciones ambientales y las alternativas que puedan implementarse de manera viable.
Una comisión propuesta y compromisos pendientes
Como mecanismo de seguimiento, congresistas plantearon impulsar una comisión bicameral y desarrollar mesas de trabajo para examinar la situación del servicio de aseo, revisar las respuestas de las entidades y vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La propuesta surgió de la audiencia promovida por el representante Felipe Hernández, con participación de otros congresistas, delegados del Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ESSMAR, ATESA y autoridades locales, además de organizaciones comunitarias.
Al cierre del encuentro se anunció la preparación de un plan de trabajo basado en las intervenciones y propuestas presentadas. La conformación de una comisión y la definición de sus funciones, sin embargo, requieren los pasos institucionales correspondientes; por tanto, no deben confundirse con una estructura que ya esté formalmente en funcionamiento.
El desafío inmediato será convertir las discusiones en acciones verificables: mejorar las rutas y frecuencias de recolección, responder a las denuncias ciudadanas, aclarar las condiciones de disposición final y establecer mecanismos de rendición de cuentas.
La crisis de aseo de Santa Marta exige una respuesta coordinada y sostenida. Más allá de los anuncios y los debates políticos, los resultados deberán reflejarse en calles limpias, una gestión ambiental responsable y un servicio público que responda de manera oportuna a las necesidades de sus habitantes.