MinTIC exige devolver recursos por incumplimientos en el programa Juntas de Internet
El Ministerio reportó que la meta contractual se redujo a 45.871 hogares, pero menos de la mitad cuenta con conexión; también cuestionó las velocidades del servicio.
El programa Juntas de Internet, creado para ampliar la conectividad en las zonas rurales y apartadas de Colombia mediante redes administradas por las propias comunidades, enfrenta un balance de ejecución inferior a las metas previstas. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó el 29 de octubre que solo 353 de las 810 juntas contempladas en los contratos están en funcionamiento y que 20.433 hogares cuentan actualmente con conexión.
El informe, elaborado con cifras de seguimiento al 30 de septiembre de 2026, llevó al Gobierno a anunciar que exigirá la devolución de los recursos públicos que no fueron ejecutados y revisará cuáles instalaciones tienen condiciones técnicas y financieras para continuar operando.
La situación plantea interrogantes sobre la ejecución de los contratos, la calidad del servicio y las alternativas disponibles para las comunidades que esperaban acceder a internet mediante el programa.
Las metas se redujeron durante la ejecución
El proyecto fue concebido para llevar conectividad a comunidades rurales en las que la cobertura de los operadores tradicionales resulta limitada o insuficiente. Su modelo contempla la participación de organizaciones comunitarias encargadas de administrar redes locales y contribuir a la sostenibilidad del servicio mediante tarifas sociales.
De acuerdo con el balance presentado por el MinTIC, los contratos iniciales contemplaban conexiones para 70.864 hogares. Sin embargo, después de modificaciones contractuales, la meta se redujo a 45.871 familias, una disminución de aproximadamente el 35 %.
Pese a ese ajuste, el número de hogares conectados llegó a 20.433, menos de la mitad del objetivo contractual vigente. La diferencia evidencia que una parte importante de las familias previstas todavía no cuenta con el servicio a través de esta iniciativa.
En cuanto a la infraestructura comunitaria, el Ministerio reportó 353 juntas operativas frente a las 810 contempladas en los contratos. La entidad considera que estos resultados se encuentran por debajo de los compromisos y justifican una revisión de las obligaciones adquiridas y de los recursos utilizados.
La velocidad también genera preocupación
El balance no se limita al número de hogares conectados. El Ministerio también señaló diferencias entre las velocidades de internet contempladas en los contratos y las que ofrecen actualmente muchas de las redes que funcionan.
Según la información divulgada por la entidad, los compromisos contractuales contemplaban velocidades de descarga de 25 megabits por segundo (Mbps), mientras que numerosos proyectos registran alrededor de 8 Mbps.
La diferencia puede afectar actividades que requieren una conexión estable, como las clases virtuales, las videollamadas, los trámites digitales y el acceso simultáneo de varios usuarios.
No obstante, para determinar la calidad efectiva del servicio en cada comunidad es necesario conocer los resultados de las mediciones, las condiciones de operación y las características técnicas de las instalaciones. Las cifras generales presentadas por el Ministerio no significan que todas las juntas tengan exactamente la misma velocidad o los mismos problemas.
La evaluación deberá establecer cuáles redes pueden alcanzar las condiciones pactadas, qué ajustes requieren y cuáles no resultan sostenibles con la infraestructura disponible.
El Gobierno anuncia la recuperación de recursos
Tras presentar los resultados, el MinTIC anunció que exigirá el reintegro de los recursos públicos que no hayan sido ejecutados conforme a los compromisos contractuales.
El caso de Caldas fue uno de los ejemplos expuestos por la entidad. Allí se reportaron 20 juntas y se anunció la devolución de $5.189 millones, una vez concluyan las reuniones y los análisis correspondientes.
El Ministerio indicó que hará seguimiento a esos reintegros y adelantará verificaciones en territorio para determinar qué instalaciones pueden operar de manera técnica y financieramente viable.
La recuperación de recursos no ejecutados y la revisión de las obligaciones contractuales constituyen medidas administrativas anunciadas por el Gobierno. Su aplicación dependerá de los procedimientos correspondientes y de la verificación de cada caso.
Por esa razón, los resultados divulgados no deben interpretarse automáticamente como prueba de corrupción o de apropiación irregular del dinero. Establecer eventuales responsabilidades requiere examinar los contratos, la ejecución presupuestal, las obligaciones de cada parte y las circunstancias que explican los retrasos.
Las comunidades necesitan respuestas
Una de las principales preocupaciones es la situación de las organizaciones comunitarias que se constituyeron para administrar las redes y esperaban que el proyecto les permitiera ofrecer conectividad de forma sostenible.
La puesta en marcha de una red no garantiza por sí sola que el servicio pueda mantenerse. Se necesitan recursos para pagar la energía, cubrir el mantenimiento, atender las fallas técnicas y disponer de personal con conocimientos para operar los equipos.
Si estos costos no fueron previstos adecuadamente o si los recursos asignados no llegaron a ejecutarse como estaba previsto, las comunidades pueden terminar enfrentando dificultades para sostener la infraestructura.
El Ministerio reconoció la necesidad de informar a las organizaciones sobre el estado de sus proyectos, las actividades pendientes, los responsables de ejecutarlas y las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
Para los hogares rurales, la conectividad representa una herramienta que puede facilitar el acceso a la educación, las oportunidades laborales, los servicios de salud y los trámites públicos. Por ello, conocer el estado real de las instalaciones y las alternativas para quienes todavía no están conectados será fundamental para evitar que las dificultades administrativas se traduzcan en una brecha digital persistente.
El reto de cerrar la brecha digital
El balance de Juntas de Internet vuelve a poner en discusión la manera en que Colombia diseña y ejecuta sus programas de conectividad rural.
Las redes comunitarias pueden ofrecer una alternativa para localidades en las que la prestación comercial del servicio resulta difícil. Sin embargo, su viabilidad depende de una planeación adecuada, metas realistas, supervisión contractual y recursos suficientes para mantener la infraestructura después de su instalación.
El seguimiento anunciado por el MinTIC deberá permitir establecer qué proyectos pueden recuperarse, qué obligaciones continúan pendientes y cómo se atenderá a las familias que quedaron por fuera de las metas alcanzadas.
También será importante conocer el destino de los recursos que deban reintegrarse y las medidas que se adopten para evitar que se repitan las diferencias entre las metas contratadas y los resultados efectivos.
La conectividad rural no se mide únicamente por la cantidad de redes instaladas, sino por la posibilidad de que las comunidades accedan a un servicio estable, con calidad suficiente y condiciones de sostenibilidad. El desafío será convertir la revisión anunciada en soluciones concretas para los hogares que todavía esperan conectarse.