Coosalud: Tribunal ordena suspender la intervención y devolver su administración
La decisión provisional cuestiona los resultados de casi dos años de intervención y obliga a la Supersalud a coordinar una transición sin afectar la atención de los usuarios.
El futuro administrativo de Coosalud EPS dio un nuevo giro después de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenara suspender provisionalmente la intervención estatal de la entidad y restablecer su administración a los representantes que ejercían esas funciones antes de la toma de posesión. La decisión, adoptada el 29 de octubre de 2026, cuestiona los resultados alcanzados durante casi dos años de intervención y plantea nuevos desafíos para garantizar la atención de millones de afiliados.
La providencia fue emitida mediante el Auto Interlocutorio 289 de 2026, dentro de una acción popular relacionada con la protección de derechos colectivos. El tribunal dispuso suspender los actos administrativos expedidos por la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre de 2024 y noviembre de 2025, mediante los cuales se ordenó y posteriormente se prorrogó la intervención forzosa administrativa de la EPS.
La medida también establece que la administración y representación legal de Coosalud deben regresar a quienes desempeñaban esas funciones antes de la intervención: Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González.
¿Por qué se ordenó suspender la intervención?
Coosalud fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud el 22 de noviembre de 2024, bajo el argumento de atender dificultades financieras, administrativas y operativas que comprometían el funcionamiento de la entidad. Un año después, en noviembre de 2025, la medida fue prorrogada por otros doce meses.
Sin embargo, durante el proceso surgieron cuestionamientos sobre los resultados de la administración estatal. La Cooperativa Coosalud solicitó modificar la medida cautelar y presentó informes de organismos de control que advertían sobre dificultades financieras, incremento de quejas y tutelas, barreras de acceso a los servicios y cambios recurrentes en la dirección de la entidad.
En su análisis, el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que el plan de acción implementado durante la intervención no había demostrado resultados satisfactorios frente a los objetivos que justificaron la toma de posesión.
La providencia también valoró las observaciones de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, entidades que habían advertido sobre problemas en la prestación de los servicios, el deterioro de indicadores y las dificultades para garantizar la atención de los afiliados.
El tribunal consideró necesario adoptar una medida provisional para evitar que la situación administrativa continuara modificándose antes de que se resolviera de fondo la acción popular.
Una transición que debe proteger a los afiliados
Tras conocerse la decisión, la Superintendencia Nacional de Salud manifestó que acatará la orden judicial y adelantará las actuaciones administrativas necesarias para devolver la administración de Coosalud a sus anteriores directivos.
La entidad indicó que el proceso deberá desarrollarse de manera organizada y gradual, con medidas orientadas a proteger la continuidad de los servicios. También señaló que mantendrá sus funciones de inspección, vigilancia y control durante la transición.
Coosalud cuenta con aproximadamente 3,3 millones de afiliados y tiene presencia en Bogotá y otros departamentos del país. Por esa razón, cualquier modificación en su estructura administrativa representa un asunto de interés público que trasciende la disputa entre sus antiguos administradores y el Gobierno.
La Procuraduría General de la Nación también se pronunció el 30 de octubre y exhortó a la Superintendencia, al agente interventor saliente y a los administradores que recibirán la entidad a realizar una entrega expedita y coordinada.
El Ministerio Público advirtió que la transición no debe convertirse en una barrera para acceder a consultas especializadas, autorizaciones, procedimientos médicos o medicamentos. Además, pidió evitar retrasos en los pagos a hospitales, clínicas y demás integrantes de la red de prestadores.
El desafío financiero y asistencial continúa
La decisión judicial no significa que Coosalud haya superado sus dificultades económicas ni que los problemas de atención estén resueltos. La devolución de la administración modifica el manejo institucional de la EPS, pero no elimina las obligaciones financieras, contractuales y asistenciales que debe cumplir.
Uno de los principales retos será recuperar la estabilidad de la entidad y fortalecer su capacidad para responder a las necesidades de los usuarios. También será necesario atender las reclamaciones pendientes, mejorar los tiempos de autorización y garantizar la entrega oportuna de medicamentos.
La controversia sobre la intervención continuará en el escenario judicial, pues el tribunal todavía debe resolver de fondo la acción popular. Entretanto, la Superintendencia conservará sus competencias de vigilancia y control sobre el funcionamiento de la EPS.
Una decisión con consecuencias para el sistema de salud
El caso Coosalud vuelve a poner en discusión los resultados de las intervenciones estatales sobre las entidades promotoras de salud y la necesidad de establecer mecanismos que permitan evaluar su efectividad.
La medida cautelar representa un cambio en la administración de una de las EPS con mayor número de afiliados en Colombia. Sin embargo, su impacto real deberá medirse a partir de la continuidad de los tratamientos, la oportunidad de los servicios y la capacidad de la entidad para cumplir sus compromisos con pacientes y prestadores.
Por ahora, la prioridad será que el proceso de entrega se realice sin interrupciones en la atención. Para los millones de usuarios de Coosalud, el resultado más importante no será quién ocupe la dirección administrativa, sino que puedan acceder oportunamente a los servicios de salud que necesitan.