La JEP enfrenta su momento más crítico: buscan cerrar el tribunal en 2028 y reducir sus recursos
El nuevo presidente del tribunal deberá defender la continuidad de los procesos judiciales y los derechos de las víctimas ante iniciativas en el Congreso.
Danilo Rojas Betancourth asumirá este 5 de noviembre la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, en medio de dos discusiones que podrían cambiar el futuro de la entidad: un proyecto que busca impedir que continúe después de marzo de 2028 y una propuesta de recorte presupuestal para 2027. El magistrado tendrá que defender la continuidad de los procesos judiciales y garantizar que las víctimas no queden sin respuestas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inicia una nueva etapa bajo un panorama de incertidumbre. Este jueves 5 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, el magistrado Danilo Rojas Betancourth asumirá la presidencia del tribunal, en reemplazo de Alejandro Ramelli, quien termina su periodo después de dos años al frente de la institución.
Su llegada se produce en uno de los momentos más complejos para la justicia transicional creada tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. En el Congreso avanzan iniciativas que podrían modificar de manera sustancial el funcionamiento de la jurisdicción, limitar su presupuesto e incluso ponerle fecha de terminación anticipada.
El nuevo presidente tendrá que enfrentar un escenario en el que no solo está en discusión la financiación de la entidad, sino también la continuidad de los procesos que buscan esclarecer los crímenes más graves del conflicto armado, establecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas.
Un proyecto busca ponerle fin a la JEP en marzo de 2028
Uno de los principales desafíos para Rojas será el trámite de un proyecto de acto legislativo que pretende impedir que la JEP extienda su funcionamiento más allá de marzo de 2028.
La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez Martínez, del partido Salvación Nacional, y ya superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado, donde obtuvo 10 votos a favor. Sin embargo, todavía le restan siete debates en el Congreso para completar el trámite legislativo.
La propuesta plantea que los expedientes que actualmente están en manos de la JEP pasen a la justicia ordinaria, particularmente a las autoridades competentes de esa jurisdicción, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, según las competencias de cada proceso.
De avanzar esta iniciativa, el país tendría que afrontar una transformación profunda en el modelo de justicia transicional. No se trataría únicamente de cerrar una institución, sino de definir qué sucedería con las investigaciones, los comparecientes, las decisiones pendientes y los derechos de las víctimas que participan en los procesos.
La discusión también genera interrogantes sobre la continuidad de los procedimientos judiciales y la seguridad jurídica de quienes se han sometido a la jurisdicción bajo las reglas del Acuerdo de Paz.
El presupuesto de 2027, otro frente de preocupación
A la discusión sobre el futuro de la JEP se suma la controversia por los recursos destinados a su funcionamiento.
En el Congreso también se debate una propuesta para reducir en 100.000 millones de pesos el presupuesto de funcionamiento de la jurisdicción durante 2027 y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de atender las dificultades financieras que enfrenta la Rama Judicial.
La preocupación por la financiación aumentó después de que el presupuesto de 2027 dejara en firme una reducción total de aproximadamente $181.400 millones para la JEP, de acuerdo con los reportes sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación.
La cifra de los 100.000 millones corresponde a la propuesta mencionada en el artículo de Semana, mientras que los $181.400 millones hacen referencia al recorte total reportado en la discusión presupuestal. Son datos relacionados, pero no deben confundirse como si fueran una misma decisión.
La reducción de recursos genera inquietud porque la JEP necesita financiación para sostener sus investigaciones, realizar audiencias, atender a las víctimas, analizar información, emitir decisiones y hacer seguimiento a las sanciones propias.
Una menor disponibilidad presupuestal podría obligar a la entidad a reorganizar sus prioridades y afectar su capacidad para avanzar en los procesos que todavía están pendientes.
Alejandro Ramelli advierte sobre un posible retroceso para las víctimas
En su último discurso como presidente de la JEP, Alejandro Ramelli cuestionó duramente las iniciativas que buscan reducir el periodo de funcionamiento del tribunal y afectar sus recursos.
El magistrado calificó como un "error histórico" la posibilidad de aprobar esas propuestas y advirtió que terminar anticipadamente la jurisdicción podría dejar investigaciones sin una decisión definitiva.
Según Ramelli, algunas de las iniciativas que se discuten en el Congreso podrían cerrar la etapa de trabajo de la JEP antes de que se completen los juicios y se dicten sentencias sobre conductas graves relacionadas con el conflicto armado.
El magistrado también expresó preocupación por las consecuencias que tendría esa decisión para las víctimas, quienes han esperado durante años respuestas judiciales sobre hechos como secuestros, desapariciones, reclutamiento de menores, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.
Su advertencia apunta a que el cierre anticipado podría generar frustración entre quienes han participado en los procesos, entregado sus testimonios y esperado que la justicia establezca responsabilidades.
Ramelli también sostuvo que muchos expedientes no tuvieron avances suficientes en la justicia ordinaria durante años y que la terminación anticipada de la jurisdicción podría abrir un escenario de inseguridad jurídica.
¿Qué pasaría con los procesos que actualmente lleva la JEP?
La posible terminación de la JEP plantea una pregunta fundamental: ¿qué ocurriría con los casos que todavía no han llegado a una sentencia?
La jurisdicción tiene bajo su responsabilidad investigaciones de gran magnitud relacionadas con los principales patrones de criminalidad del conflicto armado. Sus actuaciones buscan establecer responsabilidades individuales y colectivas, reconstruir la verdad y ofrecer respuestas a las víctimas.
Si prospera la iniciativa que pretende terminar su funcionamiento en 2028, sería necesario establecer cómo se trasladarían los expedientes, qué autoridad asumiría cada investigación y de qué manera se garantizaría la continuidad de los procedimientos.
También tendría que definirse qué sucedería con los compromisos adquiridos por los comparecientes, las decisiones que ya se encuentran en firme y las sanciones propias que deben cumplirse.
El traslado de expedientes no resolvería automáticamente estos asuntos. Sería necesario establecer reglas claras para evitar que los procesos queden detenidos, que se dupliquen actuaciones o que se afecten los derechos de las víctimas y de las personas sometidas a la jurisdicción.
La importancia de la JEP dentro del Acuerdo de Paz
La JEP fue creada como uno de los componentes centrales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecido a partir del Acuerdo de Paz de 2016.
Su función consiste en investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el contexto del conflicto armado, bajo un modelo de justicia transicional que contempla el reconocimiento de responsabilidades, el aporte de verdad y la reparación a las víctimas.
A diferencia de la justicia ordinaria, este modelo contempla sanciones propias para quienes reconocen responsabilidad y cumplen las condiciones establecidas por la jurisdicción. Estas incluyen restricciones efectivas de derechos y actividades con contenido restaurativo y reparador.
Por eso, las discusiones sobre su continuidad no solo tienen implicaciones administrativas o presupuestales. También involucran los compromisos del Estado con las víctimas y el desarrollo de los mecanismos judiciales acordados para superar las consecuencias del conflicto armado.
Danilo Rojas recibe una presidencia marcada por la incertidumbre
Danilo Rojas Betancourth fue elegido por la Sala Plena de la JEP el pasado 20 de octubre para el periodo 2026-2028. Obtuvo 23 votos y asumirá oficialmente el cargo este 5 de noviembre.
El magistrado cuenta con experiencia en la Rama Judicial y fue presidente del Consejo de Estado en 2016. Antes de su elección integraba la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, instancia encargada de resolver recursos y unificar criterios jurídicos dentro de la jurisdicción.
Su llegada estará marcada por la necesidad de defender la autonomía institucional, mantener el avance de los procesos judiciales y buscar alternativas para garantizar el funcionamiento de la entidad con los recursos disponibles.
Además, tendrá que participar en las discusiones institucionales sobre el futuro de la JEP, explicar las consecuencias de las propuestas legislativas y mantener el diálogo con el Congreso y las demás autoridades del Estado.
Un periodo decisivo para la justicia transicional en Colombia
Los próximos dos años serán determinantes para el futuro de la JEP. La discusión sobre su continuidad en 2028, los recortes presupuestales y el avance de las investigaciones pondrán a prueba la capacidad de la institución para cumplir el mandato que recibió con la firma del Acuerdo de Paz.
Mientras el proyecto para modificar su periodo de funcionamiento continúa su trámite legislativo, la jurisdicción deberá seguir atendiendo los procesos que tiene a su cargo. Por ahora, no existe una decisión definitiva del Congreso que ordene su cierre anticipado.
El desafío de Danilo Rojas será evitar que las discusiones políticas y presupuestales paralicen el trabajo judicial y garantizar que las víctimas puedan obtener respuestas sobre los hechos que marcaron sus vidas.
La pregunta que queda abierta es si Colombia permitirá que la JEP complete el mandato para el que fue creada o si el Congreso aprobará cambios que transformen anticipadamente el modelo de justicia transicional.