MinCiencias denuncia presuntas irregularidades por más de $9.800 millones durante el Gobierno Petro
Los expedientes fueron enviados a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, mientras el Gobierno ordenó congelar pagos y suspender nuevas adiciones contractuales.
La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, reveló hallazgos sobre el manejo de recursos destinados a la investigación científica entre noviembre de 2024 y julio de 2026. Entre las anomalías señaladas aparecen 32.300 almuerzos sin registros de entrega, eventos sin soportes de realización y posibles sobrecostos. Los expedientes fueron remitidos a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
Un nuevo escándalo relacionado con el manejo de recursos públicos se conoció este lunes 2 de noviembre, luego de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación denunciara presuntas irregularidades por más de 9.800 millones de pesos en contratos destinados al desarrollo de actividades científicas y de investigación durante la anterior administración del Gobierno nacional.
La denuncia fue presentada por la ministra Claudia Benavides Salazar, quien aseguró que, tras adelantar una revisión detallada de la ejecución presupuestal de la entidad, se encontraron inconsistencias que comprometerían el uso adecuado de los recursos públicos asignados al sector.
Según explicó la funcionaria, los hallazgos corresponden al periodo comprendido entre noviembre de 2024 y julio de 2026 y evidenciarían que parte del dinero destinado a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación habría terminado financiando actividades sin relación clara con los objetivos para los cuales fueron aprobados los recursos.
La ministra cuestionó especialmente la falta de documentación que permitiera comprobar la realización de determinadas actividades y la entrega efectiva de los bienes y servicios contratados.
"Colombianos, la plata de la ciencia es de los niños que sueñan con ser científicos, es de las investigadoras, de las universidades, del futuro de este país y es sagrada. Revisamos cómo se estaban usando esos recursos en la administración anterior y lo que encontramos no es ciencia", manifestó Benavides.
32.300 almuerzos sin registros que acrediten su entrega
Uno de los hallazgos que más llamó la atención durante la revisión tiene que ver con la certificación de 32.300 almuerzos que habrían sido contratados y registrados dentro de actividades financiadas con recursos del Ministerio.
De acuerdo con la denuncia, no se encontraron listados que permitieran identificar a las personas que supuestamente recibieron estos alimentos. La ausencia de esos documentos representa una de las principales inconsistencias señaladas por la actual administración, debido a que impide verificar quiénes fueron los beneficiarios del servicio.
A esta situación se suman otras anomalías relacionadas con la certificación de servicios como efectivamente recibidos antes de que las actividades correspondientes se hubieran realizado.
La revisión también habría identificado diferencias en las fechas de ejecución contractual y precios que, según el Ministerio, presentaban incrementos sin una justificación suficientemente documentada.
Estos elementos serán objeto de evaluación por parte de los organismos de control, que deberán establecer si las inconsistencias corresponden a fallas administrativas, incumplimientos contractuales o conductas que puedan tener consecuencias fiscales y penales.
Eventos multitudinarios sin pruebas de realización
Otro de los puntos incluidos en la denuncia corresponde a la contratación de eventos de gran magnitud, algunos de ellos proyectados para reunir a más de 4.000 personas.
Según la ministra, en varios casos no se encontraron evidencias suficientes que demostraran que las actividades efectivamente se llevaron a cabo. Incluso, se identificaron situaciones en las que los escenarios previstos para su realización no contaban con la capacidad física necesaria para instalar las estructuras y la infraestructura que supuestamente requerían estos encuentros.
La situación genera interrogantes sobre los procedimientos de planeación, contratación, supervisión y certificación de los servicios, especialmente porque se trataba de actividades financiadas con recursos públicos destinados al fortalecimiento del conocimiento científico.
Adicionalmente, el Ministerio señaló que durante la vigencia de la Ley de Garantías se habrían ejecutado contratos relacionados exclusivamente con operaciones logísticas, bajo el argumento de desarrollar actividades de apropiación social del conocimiento.
La apropiación social del conocimiento comprende procesos que buscan acercar la ciencia a las comunidades, promover la participación ciudadana y facilitar el acceso a los avances científicos. Sin embargo, la ministra cuestionó que esta figura se hubiera utilizado para justificar actividades que, según sus declaraciones, no demostraban una contribución efectiva a esos propósitos.
Gobierno ordena congelar pagos y suspende nuevas adiciones contractuales
Ante la gravedad de los hallazgos, Claudia Benavides anunció medidas inmediatas para evitar que continúen los desembolsos relacionados con los contratos cuestionados.
Entre las decisiones adoptadas se encuentra el congelamiento total de los pagos asociados a estos compromisos y la determinación de no aprobar nuevas adiciones presupuestales ni modificaciones contractuales que incrementen los recursos involucrados.
La intención de la cartera es revisar la documentación disponible, establecer el estado real de ejecución de cada contrato y determinar si los recursos fueron utilizados de acuerdo con las obligaciones pactadas.
La funcionaria también insistió en que los gastos administrativos y logísticos no pueden sustituir los resultados concretos que deben producir los proyectos financiados con dinero público.
"Se acabó la ciencia de papel, se acabó usar la apropiación social de conocimiento como disculpa para una novena navideña, se acabó la caja menor con la plata de la investigación", afirmó la ministra.
Fiscalía, Contraloría y Procuraduría recibieron los expedientes
Los hechos identificados, cuyo valor supera los 9.800 millones de pesos, ya fueron trasladados formalmente a las autoridades competentes.
Los expedientes quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, entidades que deberán adelantar las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias.
La Fiscalía tendrá que determinar si existen elementos que permitan establecer posibles responsabilidades penales; la Contraloría deberá examinar eventuales daños al patrimonio público y la Procuraduría podrá evaluar posibles faltas disciplinarias de los funcionarios involucrados.
Por ahora, los hallazgos constituyen denuncias e inconsistencias identificadas durante una revisión administrativa y no representan, por sí mismos, una declaración judicial de culpabilidad contra personas o contratistas específicos.
La nueva administración promete revisar el manejo de los recursos científicos
Claudia Benavides asumió la dirección del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el pasado 7 de agosto, con el compromiso de revisar la gestión de los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de transparencia y control institucional.
La denuncia se suma a otros cuestionamientos que han surgido alrededor de la administración de los fondos destinados a la investigación científica en Colombia, un sector que depende en buena medida de la financiación estatal para desarrollar proyectos universitarios, tecnológicos y de innovación.
El caso también plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión que permitieron certificar servicios, eventos y actividades sin que, según la revisión actual, existieran soportes suficientes para acreditar su ejecución.
Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio aseguró que continuará revisando los contratos y adoptando medidas para proteger los recursos destinados a la ciencia.
La ministra fue enfática en señalar que el dinero público destinado a la investigación debe traducirse en resultados verificables y beneficios para las comunidades académicas y científicas del país. Ahora serán los organismos de control los encargados de establecer si detrás de las irregularidades denunciadas existen responsabilidades administrativas, fiscales o penales.