Ley de Rescate Fiscal de Abelardo De La Espriella enfrenta resistencia en el Congreso por aumento de impuestos
Sectores oficialistas respaldan la austeridad estatal, pero cuestionan que algunos productos y servicios pasen de una tarifa del 5 % al 19 %.
La iniciativa del Gobierno, que busca reducir el gasto público y corregir el déficit fiscal, comenzó a generar diferencias incluso entre los partidos que respaldan al presidente. Aunque existe respaldo a los recortes de la burocracia y los gastos estatales, varios congresistas rechazan los nuevos impuestos al consumo y advierten sobre sus posibles efectos en los hogares colombianos.
La Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella comenzó a encontrar obstáculos en el Congreso de la República. Aunque la propuesta busca enfrentar el deterioro de las finanzas públicas mediante una combinación de austeridad estatal, reorganización administrativa y modificaciones tributarias, sus disposiciones han generado diferencias entre las bancadas políticas, incluidos algunos sectores que hacen parte de la coalición oficialista.
El principal punto de desacuerdo está relacionado con los nuevos impuestos que contempla el proyecto. Mientras diferentes congresistas respaldan la reducción del gasto público, la disminución de la burocracia y la eliminación de gastos considerados innecesarios, existe una fuerte resistencia frente a los cambios en el impuesto al valor agregado (IVA), que podrían elevar la tarifa de determinados productos y servicios del 5 % al 19 %.
La controversia representa un desafío político para el Ejecutivo, que necesita construir mayorías parlamentarias para sacar adelante una de sus principales iniciativas económicas. El problema es que las diferencias no provienen únicamente de los partidos de oposición: también se han manifestado entre integrantes de Salvación Nacional, colectividad que respaldó la candidatura presidencial de De La Espriella, y el Centro Democrático, una de las bancadas determinantes para el trámite legislativo.
Los impuestos se convierten en el principal obstáculo
Una de las voces que manifestó reparos fue la senadora María Lucía Villalba, del Nuevo Liberalismo, quien reconoció aspectos positivos de la iniciativa, especialmente los relacionados con la reducción de los gastos de funcionamiento del Estado y los incentivos para las empresas.
La congresista respaldó la propuesta de disminuir en un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027 y reducir progresivamente el impuesto de renta empresarial del 35 % al 31 % a partir de 2028.
Sin embargo, cuestionó el aumento del IVA para productos de consumo cotidiano como el café, el azúcar y los aceites, cuya tarifa pasaría del 5 % al 19 %. También expresó preocupación por los gravámenes que se aplicarían a determinados insumos agropecuarios que actualmente cuentan con tratamientos tributarios especiales.
En la misma dirección se pronunció la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, quien manifestó su rechazo a las medidas que podrían incrementar la carga tributaria de la clase media.
A estas críticas se sumaron la representante Carol Borda y la senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional. Sus posiciones evidencian que el Gobierno no tiene garantizado el respaldo de todos sus aliados para aprobar el componente tributario del proyecto.
Por su parte, desde la oposición, el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, cuestionó la posibilidad de que los cambios tributarios terminen encareciendo productos y servicios utilizados diariamente por los hogares colombianos.
Centro Democrático, clave para conseguir los votos
Uno de los principales desafíos del Gobierno está en conseguir el respaldo del Centro Democrático, partido que cuenta con 47 congresistas entre Senado y Cámara y cuyo apoyo podría resultar determinante para construir las mayorías necesarias.
Sin embargo, la relación entre el Ejecutivo y esa colectividad atraviesa diferencias frente al alcance de la reforma. Aunque sus integrantes han expresado respaldo a la reducción del tamaño del Estado, los recortes burocráticos y la eliminación de entidades con funciones duplicadas, mantienen reservas sobre los nuevos impuestos.
El senador Juan Espinal cuestionó que el Gobierno no hubiera socializado previamente el proyecto con las bancadas que respaldan al Ejecutivo. Según explicó, habría sido importante conocer y discutir las medidas antes de su presentación formal ante el Congreso.
El congresista también anunció que el partido realizará una reunión de bancada el próximo jueves 5 de noviembre, con la participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para estudiar el articulado y definir una posición frente a la iniciativa.
Por su parte, Uribe confirmó que sostuvo una conversación con el presidente De La Espriella y señaló que el Gobierno estaría dispuesto a escuchar alternativas para avanzar en la discusión.
Este acercamiento podría abrir un espacio de negociación, especialmente porque el Ejecutivo necesita el respaldo de diferentes sectores políticos para evitar que los artículos tributarios sean rechazados o modificados sustancialmente.
¿Qué propone la Ley de Rescate Fiscal?
El proyecto contempla un conjunto de medidas para reducir el déficit de las finanzas públicas y reorganizar el funcionamiento del Estado. Entre sus principales disposiciones se encuentran:
- Reducción del gasto estatal: disminuir los recursos destinados a contratos de prestación de servicios y gastos de funcionamiento.
- Reorganización administrativa: otorgar facultades extraordinarias al presidente para suprimir, fusionar o reorganizar entidades del Gobierno nacional.
- Cambios en el IVA: aumentar del 5 % al 19 % la tarifa de determinados bienes y servicios que actualmente tienen una tarifa reducida.
- Reducción del impuesto empresarial: disminuir progresivamente la tarifa de renta corporativa del 35 % al 31 %.
- Revisión de beneficios tributarios: modificar tratamientos especiales y ampliar algunas bases gravables.
- Venta de activos estatales: disponer de determinados bienes y participaciones que no resulten estratégicos para el Estado.
El Gobierno estima que el ajuste permitirá reducir las necesidades de gasto público en aproximadamente $40 billones para 2027, equivalentes al 2,2 % del producto interno bruto (PIB).
La iniciativa también contempla medidas para reorganizar las entidades nacionales y mejorar la capacidad de recaudo, en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta el país.
El tiempo comienza a jugar en contra del Gobierno
Además de las diferencias políticas, el proyecto enfrenta un calendario legislativo exigente. Para que sus disposiciones puedan entrar en vigencia durante 2027, deberá completar los cuatro debates correspondientes antes del cierre del periodo legislativo, previsto para el 16 de diciembre, con la posibilidad de sesiones extraordinarias.
La propuesta necesita avanzar por las comisiones económicas y posteriormente llegar a las plenarias de Senado y Cámara. El Gobierno podría recurrir al mensaje de urgencia para agilizar su discusión, aunque esto no elimina la necesidad de conseguir los votos suficientes para aprobar cada una de sus disposiciones.
Uno de los escenarios que comienza a tomar fuerza es que el Congreso estudie por separado los componentes de austeridad y los cambios tributarios. De esta manera, algunas medidas relacionadas con la reducción del gasto podrían encontrar mayor respaldo, mientras que los artículos que incrementan los impuestos enfrentarían mayores dificultades.
El Partido Conservador, el Centro Democrático, Salvación Nacional y otras colectividades tendrán un papel importante en las negociaciones que se desarrollen durante las próximas semanas.
Una reforma fiscal bajo presión política
La discusión de la Ley de Rescate Fiscal se perfila como una de las principales pruebas legislativas para el Gobierno de Abelardo De La Espriella. La iniciativa busca responder a los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas, pero su contenido ha generado diferencias sobre quiénes deben asumir el costo del ajuste económico.
Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de combinar recortes presupuestales con mayores ingresos tributarios, varios congresistas consideran que el aumento de impuestos podría afectar el consumo, la capacidad adquisitiva de los hogares y los costos de producción del sector agropecuario y empresarial.
El Gobierno tendrá que negociar con sus propios aliados y con las bancadas independientes para conseguir respaldo a una propuesta que todavía podría sufrir modificaciones durante su trámite.
Por ahora, el futuro de la Ley de Rescate Fiscal dependerá de la capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos en el Congreso y encontrar un equilibrio entre la reducción del gasto público, la necesidad de nuevos ingresos y el impacto que las medidas puedan tener sobre los colombianos.