Colombia sigue entre los países de la OCDE con el sistema tributario menos competitivo
El país solo supera a Francia en el índice de Tax Foundation, que cuestiona sus impuestos empresariales, patrimoniales y reglas para la inversión internacional.
Colombia volvió a ubicarse en el puesto 37 entre los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Índice Internacional de Competitividad Tributaria 2026, elaborado por la organización estadounidense Tax Foundation. El resultado deja al país como el segundo peor calificado del listado, solo por encima de Francia, y evidencia dificultades persistentes en la forma en que grava las utilidades empresariales, el patrimonio y las inversiones.
El informe, publicado el 19 de octubre, compara los sistemas tributarios de los países de la OCDE a partir de criterios de competitividad y neutralidad. La evaluación considera más de 40 variables relacionadas con los impuestos a las empresas, los ingresos personales, el consumo, la propiedad y las operaciones internacionales. No mide el desempeño integral de las economías ni determina por sí solo cuánto crecerá un país, sino que compara la estructura de sus normas tributarias y los posibles efectos sobre las decisiones de inversión y ahorro.
La carga sobre las empresas, uno de los principales obstáculos
Uno de los puntos más débiles de Colombia es el impuesto sobre la renta empresarial. El país mantiene una tarifa general del 35 %, frente a un promedio de la OCDE de aproximadamente 24,2 %, según el análisis del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP). Esta diferencia sitúa a Colombia entre los países con mayores tarifas corporativas de la organización.
El problema no se limita al porcentaje aplicado sobre las utilidades. El análisis también cuestiona las reglas para recuperar fiscalmente el costo de las inversiones, pues las deducciones que no permiten descontar de manera inmediata ciertos gastos de capital pueden elevar el costo efectivo de invertir y reinvertir en una empresa.
En un entorno donde las compañías comparan distintos países para instalar operaciones, ampliar su capacidad productiva o desarrollar nuevos proyectos, estas condiciones pueden restarle atractivo a Colombia frente a jurisdicciones con reglas más favorables. Sin embargo, la decisión de invertir también depende de factores como la seguridad jurídica, la infraestructura, el acceso a mercados, la estabilidad política y la disponibilidad de trabajadores calificados.
Varios impuestos pueden recaer sobre un mismo capital
El índice también ubica a Colombia en el puesto 37 en la categoría de impuestos a la propiedad. El ICP destaca la coexistencia del impuesto al patrimonio con gravámenes sobre determinadas transferencias y movimientos de capital, entre ellos el impuesto a las transacciones financieras conocido como 4x1000.
Según el análisis, esta acumulación de cargas puede afectar recursos incluso cuando no producen rendimientos adicionales. Para los autores, el diseño tributario debería evitar que un mismo capital soporte múltiples gravámenes que encarezcan el ahorro, la inversión o la expansión de las empresas.
La evaluación, no obstante, no significa que todos estos impuestos tengan la misma base, se apliquen a los mismos contribuyentes o generen idénticos efectos. Cada tributo responde a reglas particulares y su impacto depende de las condiciones específicas de aplicación.
La tributación internacional también pesa en el resultado
En las reglas tributarias internacionales, Colombia ocupa el puesto 35. El ICP señala como una de las debilidades la red relativamente limitada de convenios para evitar la doble imposición: según su análisis, el país cuenta con 16 acuerdos bilaterales, frente a un promedio de 75 en la OCDE.
Estos convenios buscan reducir el riesgo de que un mismo ingreso sea gravado de manera incompatible en dos jurisdicciones y ofrecer mayor claridad a empresas y personas que realizan operaciones internacionales. Su número, por sí solo, no determina la calidad de un sistema tributario, pero la cobertura y las condiciones de esos acuerdos pueden influir en la planeación de inversiones transfronterizas.
El tratamiento de los ingresos obtenidos en el exterior por empresas colombianas también incide en la evaluación. Colombia mantiene, en términos generales, un sistema de tributación mundial para determinados ingresos empresariales, con mecanismos de descuento y excepciones específicas. La forma en que se coordinan estas reglas con las de otros países puede aumentar la complejidad para las compañías con operaciones internacionales.
No todas las categorías muestran el mismo rezago
El resultado general es desfavorable, pero el desempeño colombiano varía entre las cinco dimensiones evaluadas. El país ocupa el puesto 25 en impuestos individuales y el 16 en impuestos al consumo, posiciones comparativamente mejores que las registradas en tributación empresarial, propiedad y reglas internacionales.
Esta diferencia importa porque el puesto global no significa que cada componente del sistema tributario sea igualmente deficiente. El principal rezago se concentra en las reglas que afectan el capital empresarial y acumulado, mientras que otras áreas presentan resultados relativos menos desfavorables.
El informe también indica que Colombia permaneció en el puesto 37 por segundo año consecutivo. Su posición por encima de Francia no debe interpretarse como evidencia de una reforma interna que haya solucionado las debilidades señaladas: el lugar relativo de cada país también depende de los resultados de los demás integrantes del índice.
El reto: competitividad sin comprometer el recaudo
El ICP plantea que una posible mejora pasa por revisar los incentivos a la inversión, reducir las distorsiones que genera la acumulación de gravámenes sobre el capital, ampliar las bases tributarias y fortalecer las reglas para las operaciones internacionales. También destaca la importancia de dar mayor estabilidad a las normas fiscales, de modo que las empresas puedan planear sus inversiones con menos incertidumbre.
Estas propuestas abren una discusión que va más allá de reducir tarifas. Cualquier reforma tendría que equilibrar el atractivo para la inversión con la capacidad del Estado de financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales. Bajar impuestos sin compensar la pérdida de ingresos podría agravar los desequilibrios fiscales; mantener tarifas elevadas sin revisar sus efectos sobre la actividad económica también puede limitar el crecimiento de la base tributaria.
El resultado de 2026 vuelve a poner sobre la mesa una cuestión estructural: cómo diseñar un sistema que recaude de manera suficiente, pero que al mismo tiempo reduzca obstáculos innecesarios a la creación de empresas, el ahorro productivo y la inversión. El índice no resuelve ese debate, pero ofrece una comparación internacional que permite identificar dónde se concentran algunas de las dificultades del modelo colombiano.