Ley de Sometimiento: extradiciones seguirían vigentes para los cabecillas criminales que se acojan al proyecto
La iniciativa contempla beneficios judiciales condicionados a la entrega de armas, información, bienes y aportes al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
El proyecto del Gobierno de Abelardo De La Espriella establece que acogerse al proceso de sometimiento no suspende las órdenes de captura ni las solicitudes de extradición. La representante Eimy Suárez explicó los alcances de la iniciativa y las condiciones que tendrían que cumplir las organizaciones criminales para acceder a eventuales beneficios judiciales.
La Ley de Sometimiento a la Justicia, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, abrió un nuevo debate político y jurídico en Colombia, especialmente por las condiciones que se establecerían para los integrantes de organizaciones armadas ilegales que decidan abandonar las actividades criminales y someterse a las autoridades.
Uno de los principales interrogantes alrededor de la iniciativa tiene que ver con el futuro de las solicitudes de extradición que pesan sobre algunos cabecillas y miembros de estructuras criminales. Frente a esta preocupación, la representante a la Cámara por Cambio Radical, Eimy Suárez, aclaró que el proyecto no contempla eliminar ni suspender automáticamente estos requerimientos internacionales.
Durante su participación en el programa El Debate, de SEMANA, la congresista explicó que el artículo 8 del proyecto establece expresamente que el sometimiento a la justicia no impedirá la ejecución de las órdenes de captura ni de las solicitudes de extradición vigentes contra los integrantes de organizaciones armadas ilegales o grupos terroristas.
En ese sentido, Suárez enfatizó que ingresar al proceso no representa una garantía para evitar que una persona sea extraditada si es requerida por las autoridades de otro país. Por el contrario, quienes tengan cuentas pendientes con la justicia internacional deberán continuar respondiendo conforme a los mecanismos de cooperación judicial establecidos.
La representante insistió en que el sometimiento no puede convertirse en un mecanismo para evadir responsabilidades penales por delitos cometidos dentro o fuera del territorio colombiano. Por ello, las solicitudes de extradición mantendrían su vigencia, incluso cuando los implicados manifiesten su voluntad de colaborar con el Estado.
¿Qué beneficios contempla la Ley de Sometimiento?
La iniciativa del Gobierno busca establecer un procedimiento jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales puedan abandonar voluntariamente sus actividades delictivas, entregar información a las autoridades y contribuir al desmantelamiento de sus estructuras.
De acuerdo con el articulado presentado por el Ejecutivo, el proceso contempla dos etapas: una administrativa, liderada por el Gobierno nacional, y otra judicial, en la que las autoridades determinarán las responsabilidades individuales y las condiciones para acceder a los beneficios establecidos en la ley.
Entre los compromisos exigidos a las organizaciones estarían la entrega de armas, la identificación de sus integrantes, la información sobre menores de edad reclutados y personas secuestradas o desaparecidas, así como el cese de las actividades ilícitas y la entrega de bienes obtenidos mediante acciones criminales.
El proyecto también contempla beneficios judiciales diferenciados para quienes contribuyan efectivamente al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de las organizaciones. Entre las medidas propuestas figura una posible reducción de hasta el 50 % de las penas, siempre que se cumplan los requisitos legales y exista la correspondiente valoración judicial.
Sin embargo, estos beneficios no significarían una amnistía general ni la desaparición automática de los procesos penales. El incumplimiento de las condiciones podría ocasionar la pérdida del tratamiento penal diferenciado.
El presidente tendría facultades para definir los lugares de judicialización
Otro de los aspectos contemplados en el proyecto es la facultad del presidente de la República para determinar los lugares donde serían judicializados los integrantes de las organizaciones criminales que decidan someterse a la justicia.
Esta disposición también forma parte de la discusión sobre el alcance de las medidas que podría adoptar el Ejecutivo para facilitar la desarticulación de las estructuras ilegales.
La propuesta establece, además, mecanismos de coordinación entre el Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones encargadas de investigar, judicializar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por quienes ingresen al proceso.
El Congreso acelera la discusión del proyecto
La discusión de la Ley de Sometimiento adquiere especial relevancia por los plazos legislativos. La Cámara de Representantes fue convocada para debatir la iniciativa el lunes festivo 2 de noviembre, mientras el proyecto debe completar su trámite antes del 4 de noviembre, fecha en la que termina la vigencia de la norma de orden público que busca modificar.
La iniciativa representa un cambio frente a la política de Paz Total impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, pues busca establecer un modelo de sometimiento a la justicia sin conceder estatus político a las organizaciones criminales ni abrir espacios de negociación política con ellas.
Por ahora, uno de los mensajes centrales del proyecto es que los integrantes de estructuras ilegales podrán encontrar una ruta para abandonar las actividades criminales, pero deberán responder por sus actuaciones ante la justicia colombiana y, cuando corresponda, ante las autoridades internacionales.
De esta manera, la Ley de Sometimiento mantiene abierta la discusión sobre el equilibrio entre los beneficios judiciales, la desarticulación de las organizaciones criminales, la reparación de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia.