Ley de Rescate Económico desata choque político: apoyo a los recortes y rechazo a los nuevos impuestos
El proyecto presentado ante la Cámara propone reducir el gasto público, modificar tributos y reorganizar entidades estatales, mientras congresistas y exfuncionarios advierten efectos sobre hogares y empresas.
La iniciativa del Gobierno de Abelardo De La Espriella provocó reacciones divididas tras su radicación en el Congreso. Mientras algunos sectores respaldan la reducción del gasto público y los incentivos empresariales, otros advierten sobre el impacto de los nuevos tributos en los hogares, la clase media y el sector productivo.
La radicación de la Ley de Rescate Económico ante la Cámara de Representantes abrió un nuevo frente de confrontación política en Colombia. El proyecto presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca reducir el gasto estatal, aumentar el recaudo tributario y adoptar medidas para estabilizar las finanzas públicas, pero sus disposiciones generaron posiciones encontradas entre congresistas, exfuncionarios y representantes de diferentes sectores políticos.
La iniciativa fue presentada el jueves 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, bajo el argumento de que el país necesita un ajuste fiscal para enfrentar el deterioro de las cuentas públicas. El Ejecutivo plantea un recorte significativo del gasto estatal y cambios en materia tributaria, con el propósito de disminuir el déficit, promover la inversión y recuperar la sostenibilidad de las finanzas nacionales.
Sin embargo, las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos dirigentes destacaron la necesidad de reducir el tamaño del Estado y eliminar gastos considerados innecesarios, otros cuestionaron que el ajuste incluya nuevos impuestos y mayores aportes para trabajadores y consumidores.
La discusión gira principalmente alrededor de tres aspectos: quiénes asumirán el costo del ajuste, qué facultades tendrá el presidente para reorganizar las entidades públicas y cuál será el efecto de los cambios tributarios sobre la economía de los hogares y las empresas.
Oposición califica la iniciativa como una reforma tributaria disfrazada
Una de las críticas más contundentes provino del representante a la Cámara Óscar Benavides, quien cuestionó el contenido de la propuesta y aseguró que el Gobierno estaría presentando una reforma tributaria bajo el nombre de Ley de Rescate Económico.
El congresista manifestó que no respaldaría medidas que impliquen nuevos costos para los ciudadanos y sostuvo que el proyecto podría terminar afectando el bolsillo de los colombianos.
Benavides también señaló que el Congreso debe garantizar un debate amplio y con participación de todas las bancadas antes de tomar una decisión sobre el articulado.
En la misma línea, la representante Isabel Vera, del Pacto Histórico, cuestionó las facultades extraordinarias que el proyecto contempla para el Ejecutivo. Su preocupación se concentra en el artículo 7, que permitiría al Gobierno reorganizar entidades públicas mediante la creación, fusión o supresión de organismos durante un periodo determinado.
Para Vera, esta disposición podría concentrar demasiado poder en el Ejecutivo y debilitar los mecanismos de control legislativo sobre la estructura del Estado.
La congresista advirtió que las facultades propuestas podrían afectar instituciones encargadas de garantizar derechos sociales y cuestionó que se utilice el argumento de la eficiencia administrativa para justificar cambios de esa magnitud.
Christian Garcés respalda los recortes y los incentivos a la inversión
En contraste con las críticas de la oposición, el senador Christian Garcés, del Centro Democrático, expresó su respaldo a varios componentes de la iniciativa.
El congresista destacó las medidas orientadas a reducir el gasto público, disminuir la contratación por prestación de servicios y otorgar facultades al presidente para reorganizar ministerios y entidades estatales.
También respaldó la reducción progresiva del impuesto de renta para las empresas, que pasaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, según lo establecido en el proyecto.
Para Garcés, estas disposiciones podrían contribuir a mejorar la productividad, proteger el empleo y generar condiciones más favorables para la actividad empresarial.
Su postura refleja el respaldo de un sector político que considera necesario reducir el tamaño del aparato estatal y estimular la inversión privada como parte de la estrategia de recuperación económica.
Mauricio Cárdenas considera necesario el ajuste fiscal
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas también se pronunció a favor de la presentación de la iniciativa. Aunque reconoció que algunos de sus artículos generarán controversia y deberán ser debatidos, consideró que la reducción del gasto público y el fortalecimiento del recaudo son medidas que merecen ser discutidas.
Cárdenas destacó especialmente la meta gubernamental de reducir cerca de 40 billones de pesos en gastos y sostuvo que el país necesita decisiones para enfrentar las dificultades fiscales.
Su respaldo se concentra en la necesidad de recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y corregir los desequilibrios presupuestales.
No obstante, el exministro reconoció que no necesariamente habrá consenso sobre todos los componentes del proyecto y que el debate legislativo será determinante para definir su alcance.
Honorio Henríquez advierte que los colombianos no soportan más impuestos
Una de las posiciones que llamó la atención fue la del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien pidió estudiar cuidadosamente la propuesta y advirtió que los ciudadanos no deberían asumir nuevas cargas tributarias.
El dirigente señaló que garantizará un debate amplio y plural, con participación de los sectores de oposición e independientes. Sin embargo, dejó clara su preocupación por los artículos que podrían aumentar la presión fiscal sobre los hogares y las economías regionales.
"Los colombianos no aguantan un impuesto más, y menos en la región Caribe", manifestó.
Henríquez sostuvo que el ajuste de las finanzas públicas debería concentrarse en corregir duplicidades administrativas, reducir la contratación estatal y revisar los gastos del aparato gubernamental, antes que trasladar nuevas obligaciones a los contribuyentes.
La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, también expresó reparos frente a los incrementos tributarios que afectarían a la clase media. Aunque valoró los recortes de gasto y los incentivos para las empresas, anunció su rechazo a las disposiciones que, a su juicio, reducirían el ingreso disponible de los trabajadores.
Entre los puntos que cuestionó se encuentran el aumento progresivo de los aportes a salud, los cambios en las rentas exentas, la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y la aplicación de la tarifa general del IVA a determinados productos y servicios.
El IVA a las compras internacionales también genera controversia
Otro de los puntos que despertó críticas está relacionado con los cambios propuestos al impuesto al valor agregado. La iniciativa contempla ampliar la aplicación de la tarifa general del 19 % a bienes y servicios que actualmente cuentan con tratamientos diferenciales.
La concejal de Bogotá Heidy Sánchez Barreto cuestionó especialmente las disposiciones que afectarían las compras realizadas a través de plataformas internacionales como Temu, Shein y Amazon.
La discusión se relaciona con la posibilidad de gravar las importaciones de bajo valor, una medida que podría modificar el precio final de los productos adquiridos por los consumidores colombianos.
Quienes respaldan este tipo de ajustes argumentan que permitirían reducir las diferencias tributarias entre el comercio nacional y las plataformas extranjeras. Sus críticos, en cambio, advierten que los mayores costos terminarían trasladándose a los compradores y podrían afectar a los hogares que recurren a estas plataformas para adquirir productos a precios más bajos.
El proyecto también plantea mecanismos de devolución del IVA para hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, aunque su alcance dependerá de los criterios de selección y de las condiciones que finalmente apruebe el Congreso.
Exministro de Agricultura advierte sobre efectos en el sector agropecuario
Las críticas también llegaron desde el sector productivo. Andrés Valencia, exministro de Agricultura durante el gobierno de Iván Duque, expresó preocupación por las consecuencias que podrían tener los cambios tributarios sobre los costos de producción del campo colombiano.
Su análisis se concentró en la eliminación de algunos tratamientos preferenciales del IVA para productos e insumos agropecuarios. Según advirtió, el paso a la tarifa general del 19 % podría encarecer elementos como fertilizantes, plaguicidas, semillas, maquinaria, sistemas de riego y alimentos balanceados.
Valencia señaló que el incremento de los costos podría afectar la competitividad de los productores, especialmente en actividades agrícolas que trabajan con márgenes reducidos y dependen de insumos importados.
También alertó sobre un posible impacto en los precios de los alimentos, debido a que los mayores costos de producción podrían trasladarse parcialmente a los consumidores.
Estas observaciones corresponden al análisis del exfuncionario y deberán contrastarse con el alcance definitivo de las disposiciones tributarias, así como con los mecanismos de compensación que eventualmente se establezcan.
¿Qué propone el Gobierno para enfrentar el déficit fiscal?
La Ley de Rescate Económico busca combinar una reducción del gasto estatal con modificaciones al sistema tributario y medidas para estimular la inversión.
Entre sus principales disposiciones se encuentran la disminución de los gastos de contratación por prestación de servicios, ajustes en los gastos de personal, cambios en el IVA, modificaciones a los aportes de salud y una reducción progresiva de la tarifa general de renta empresarial.
El Gobierno también propone mecanismos para fortalecer el control de la evasión y el contrabando, así como incentivos para atraer capital y desarrollar proyectos de inversión.
Según las proyecciones divulgadas por el Ejecutivo, el ajuste pretende generar ahorros de varias decenas de billones de pesos durante 2027. El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la necesidad de adoptar medidas para enfrentar el déficit fiscal y señaló que el peso de los intereses de la deuda pública representa una presión importante sobre el presupuesto nacional.
El Gobierno sostiene que la mayor parte del esfuerzo de ajuste recaería sobre el propio Estado, mientras que el resto se obtendría mediante contribuciones de sectores con mayor capacidad económica. Sin embargo, los cambios tributarios incluidos en el proyecto han generado cuestionamientos sobre la distribución real de esa carga.
El Congreso tendrá la última palabra
La radicación de la Ley de Rescate Económico marca el inicio de una discusión que podría convertirse en uno de los principales debates económicos y políticos de las próximas semanas.
Las posiciones iniciales muestran que existe coincidencia entre diferentes sectores sobre la necesidad de revisar el gasto público y mejorar las finanzas estatales. Las diferencias aparecen cuando se analizan los mecanismos para alcanzar ese objetivo y quiénes deberán asumir sus costos.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para recuperar la estabilidad fiscal, sus críticos advierten sobre el impacto de los nuevos impuestos, las cotizaciones y las facultades extraordinarias propuestas.
El proyecto, identificado como 477 de 2026 Cámara, deberá superar los debates y votaciones correspondientes antes de convertirse en ley. Durante ese proceso, los congresistas podrán presentar modificaciones, eliminar artículos o introducir nuevas disposiciones.
Por ahora, la controversia apenas comienza. El resultado de la discusión legislativa determinará si el Gobierno logra sacar adelante su estrategia de ajuste fiscal o si tendrá que negociar cambios sustanciales para conseguir el respaldo necesario.