Abelardo De La Espriella promete atacar la extorsión.
Abelardo De La Espriella promete atacar la extorsión desde las cárceles del país. SEMANA

El presidente Abelardo De La Espriella destacó el megaoperativo realizado en 19 pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde las autoridades incautaron 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems y seis antenas Starlink. La intervención busca impedir que las organizaciones criminales continúen coordinando extorsiones y otros delitos desde los centros penitenciarios.

Una nueva ofensiva contra la extorsión desde los establecimientos penitenciarios fue anunciada por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, luego de un megaoperativo de registro y control realizado en la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá.

La intervención se desarrolló en 19 pabellones del complejo carcelario y dejó al descubierto una importante cantidad de dispositivos tecnológicos, elementos prohibidos y armas cortopunzantes que se encontraban en poder de las personas privadas de la libertad.

El balance entregado por el mandatario llamó la atención por las dimensiones del hallazgo: 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems de internet y seis antenas de conexión satelital Starlink.

Además, los funcionarios encontraron 356 armas cortopunzantes, sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y numerosos accesorios electrónicos.

Los resultados fueron divulgados por el propio presidente a través de sus redes sociales, donde aseguró que su administración no permitirá que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de coordinación de actividades criminales.

El presidente lanzó una advertencia a quienes delinquen desde las cárceles

Tras conocerse el resultado del procedimiento, Abelardo De La Espriella publicó un mensaje contundente dirigido a las personas que presuntamente continúan participando en actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios.

El mandatario afirmó que las cárceles deben cumplir su función de reclusión y que no permitirá que desde ellas se sigan ordenando extorsiones, intimidaciones y otros delitos contra la ciudadanía.

En su pronunciamiento expresó:

"¡SE ACABÓ LA GUACHAFITA! Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas".

También reiteró que la autoridad del Estado debe respetarse dentro de los establecimientos penitenciarios y que su Gobierno continuará adelantando acciones para recuperar el control de estos espacios.

El mensaje se convirtió en uno de los principales puntos de atención de la jornada, especialmente por la cantidad de dispositivos de comunicación encontrados durante la intervención.

¿Cómo se utilizaban los celulares para cometer extorsiones desde La Picota?

Uno de los principales objetivos del operativo es afectar las redes de comunicación que presuntamente utilizan algunos internos para mantener contacto con personas que se encuentran fuera de las cárceles.

Los teléfonos celulares, las tarjetas SIM y los equipos de conexión a internet pueden facilitar la coordinación de actividades ilegales cuando son utilizados para evadir los controles penitenciarios.

Entre las modalidades delictivas que preocupan a las autoridades se encuentra la extorsión telefónica, mediante la cual los responsables contactan a ciudadanos, comerciantes y empresarios para exigir dinero a cambio de no causarles daños o atentar contra sus familiares.

En algunos casos, los responsables se hacen pasar por integrantes de organizaciones criminales y utilizan amenazas para generar temor en sus víctimas.

También pueden existir comunicaciones destinadas a coordinar actividades con colaboradores que permanecen en libertad.

Por esta razón, la incautación de miles de tarjetas SIM y cientos de teléfonos representa un elemento importante dentro de las investigaciones sobre las redes de extorsión que podrían operar desde los centros de reclusión.

Seis antenas Starlink y 38 módems: el hallazgo que más llamó la atención

Entre los elementos encontrados, uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la presencia de seis antenas Starlink y 38 módems de internet.

Las antenas Starlink permiten establecer conexiones satelitales a internet, mientras que los módems facilitan el acceso a redes de comunicación.

Su presencia dentro de un establecimiento penitenciario plantea interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia, los controles de ingreso y la capacidad de supervisión de las autoridades carcelarias.

El hallazgo también generó cuestionamientos públicos sobre cómo estos dispositivos pudieron llegar hasta los pabellones y permanecer allí sin ser detectados oportunamente.

Sin embargo, será necesario establecer mediante investigaciones si existieron fallas de vigilancia, redes de comercialización ilegal o posibles responsabilidades de funcionarios.

De La Espriella insiste en trasladar a los internos de alta peligrosidad

El operativo en La Picota se suma a otras decisiones anunciadas por el Gobierno para fortalecer la seguridad penitenciaria.

Una de las medidas impulsadas por el presidente consiste en trasladar a personas privadas de la libertad hacia establecimientos ubicados lejos de las ciudades donde presuntamente desarrollaban sus actividades criminales.

Según el mandatario, mantener a determinados internos en las mismas regiones donde operaban puede facilitar la comunicación con sus organizaciones y la continuidad de actividades ilegales.

En una de sus declaraciones, De La Espriella calificó esta práctica como un error histórico y pidió al director del INPEC, Daniel Gutiérrez, avanzar en los traslados correspondientes.

El propósito de estas decisiones es reducir la capacidad de coordinación de las estructuras criminales y evitar que los establecimientos penitenciarios se conviertan en espacios desde los cuales se sigan impartiendo instrucciones delictivas.

La presión sobre el INPEC aumenta tras los resultados del operativo

La magnitud de los elementos encontrados también volvió a poner en discusión la responsabilidad institucional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

El ingreso y permanencia de cientos de celulares, miles de tarjetas SIM y equipos de conectividad en una prisión plantea preguntas sobre los procedimientos de requisa, la vigilancia de los pabellones y los controles sobre el personal y los visitantes.

Diversas reacciones en redes sociales cuestionaron la capacidad de supervisión del sistema penitenciario y pidieron investigar cómo llegaron estos elementos a las instalaciones.

La presencia de antenas satelitales, en particular, generó interrogantes sobre las posibles fallas en los controles internos.

Por ahora, el hallazgo de estos dispositivos no constituye por sí mismo una prueba de complicidad de funcionarios del INPEC. Las eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante investigaciones y pruebas.

¿Se extenderán los operativos a otras cárceles de Colombia?

Los resultados de La Picota vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles en los establecimientos penitenciarios de todo el país.

El Gobierno ha manifestado su intención de impedir que las organizaciones delincuenciales mantengan sus operaciones desde las cárceles, por lo que los procedimientos de registro, control y traslado de internos forman parte de su estrategia de seguridad.

Aunque no se ha confirmado un calendario detallado de nuevas intervenciones, los resultados de este operativo podrían servir como referencia para futuras acciones en otros centros de reclusión.

La prioridad será identificar las redes que facilitan el ingreso de elementos prohibidos, establecer quiénes utilizan estos equipos y determinar si desde los pabellones se estaban coordinando extorsiones u otros delitos.

Un desafío para recuperar el control de las cárceles

El megaoperativo en La Picota dejó cifras que abren un nuevo debate sobre la seguridad penitenciaria en Colombia.

Los 582 celulares, las 3.754 tarjetas SIM, los 38 módems, las seis antenas Starlink y las 356 armas cortopunzantes incautadas representan un hallazgo de grandes dimensiones que obliga a revisar los mecanismos de vigilancia y control dentro del establecimiento.

El Gobierno sostiene que estas intervenciones buscan cerrar los espacios utilizados por las organizaciones criminales para continuar delinquiendo desde prisión.

Sin embargo, el desafío no termina con las incautaciones. También será necesario garantizar que los controles se mantengan, que las investigaciones permitan identificar a los responsables y que las medidas adoptadas produzcan resultados sostenidos en la reducción de las extorsiones.

El mensaje del presidente fue directo: las cárceles deben dejar de ser utilizadas para coordinar delitos. Ahora, la atención estará puesta en las investigaciones que permitan establecer cómo ingresó semejante cantidad de equipos tecnológicos a La Picota y qué otras medidas adoptará el Gobierno para recuperar el control de los centros penitenciarios del país.