Ataque con explosivos contra granja solar en Nariño deja millonarios daños
La detonación afectó una instalación con más de 2.200 microceldas en Taminango. No hubo personas heridas y las autoridades investigan a los responsables.
Un ataque con explosivos contra una granja solar de la empresa nariñense Evolti ocasionó importantes daños materiales en el corregimiento de El Remolino, municipio de Taminango, al norte de Nariño. La detonación se registró el jueves 29 de octubre y afectó instalaciones destinadas a la generación de energía renovable.
Aunque no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, la magnitud de los daños generó preocupación entre los sectores empresarial y energético de la región. De acuerdo con información divulgada por Canal 1, las pérdidas económicas podrían superar los 2.000 millones de pesos. Esta cifra corresponde a una estimación publicada por el medio y no a un balance financiero definitivo de la compañía.
La empresa confirmó que el hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades y que adelanta la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. También solicitó a las instituciones nacionales y territoriales esclarecer lo sucedido y adoptar medidas para proteger a sus trabajadores y las instalaciones.
Daños a infraestructura de generación solar
La granja afectada forma parte de los proyectos de generación de energía renovable desarrollados por Evolti en el departamento. Según la información publicada por Canal 1, la infraestructura cuenta con más de 2.200 microceldas, cuya afectación representa un impacto considerable para la operación del proyecto.
Las fotografías divulgadas después del ataque muestran daños en paneles solares y otros componentes de la instalación. Sin embargo, todavía no se conoce un informe técnico definitivo que determine el porcentaje de infraestructura comprometida ni el tiempo necesario para recuperar su funcionamiento.
La compañía advirtió que las consecuencias de este tipo de acciones van más allá de las pérdidas materiales. La inseguridad también genera incertidumbre para las empresas que buscan desarrollar proyectos productivos, atraer inversión y contribuir al crecimiento económico de los territorios.
Rechazo del sector empresarial y autoridades regionales
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó el atentado y manifestó su preocupación por las consecuencias que la violencia puede generar sobre las iniciativas empresariales y los proyectos de transición energética.
El Consejo Gremial y Empresarial de Nariño y Fenalco también expresaron su rechazo. Las organizaciones solicitaron mayor acompañamiento institucional y garantías de seguridad para las empresas que desarrollan actividades económicas en el departamento.
Los pronunciamientos reflejan una preocupación compartida: los ataques contra infraestructura productiva pueden afectar la confianza de los inversionistas y dificultar la ejecución de proyectos que generan empleo y oportunidades para las comunidades.
Un contexto de inseguridad en el norte de Nariño
El atentado ocurrió en una zona que ha registrado diferentes hechos de orden público durante los últimos meses. Entre los antecedentes se encuentra el secuestro de un trabajador al servicio de Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar), ocurrido el 26 de septiembre en zona rural de Policarpa.
También se han reportado otros episodios de inseguridad en municipios cercanos y sobre el corredor de la vía Panamericana entre Pasto y Popayán.
Aunque las autoridades todavía no han establecido públicamente quiénes fueron los responsables del ataque contra la granja solar, la investigación deberá determinar las circunstancias de la detonación y las posibles motivaciones.
La seguridad como condición para la transición energética
Colombia ha promovido el desarrollo de proyectos solares y otras fuentes renovables como parte de sus estrategias para diversificar la matriz energética y avanzar hacia modelos de generación más sostenibles.
Sin embargo, la expansión de estas iniciativas requiere condiciones de seguridad, estabilidad jurídica e infraestructura que permitan a las empresas operar y mantener sus inversiones a largo plazo.
El ataque contra la instalación de Evolti plantea interrogantes sobre la protección de los proyectos energéticos ubicados en territorios con dificultades de orden público. También evidencia que la transición energética no depende únicamente de la tecnología y la financiación, sino de la capacidad institucional para garantizar condiciones adecuadas de operación.
Mientras avanzan las investigaciones, el desafío para las autoridades será esclarecer el atentado, identificar a los responsables y fortalecer la protección de la infraestructura productiva. Para Nariño, garantizar la seguridad de estas inversiones también significa proteger oportunidades de desarrollo económico y generación de energía limpia.