¡El Congreso contra el reloj! Ley de sometimiento de Abelardo De La Espriella enfrenta una jornada decisiva
La Cámara aprobó la ponencia positiva, pero aún debe votar parte del articulado, mientras Senado y representantes buscan completar el trámite antes del vencimiento de la Ley 418.
¡Este miércoles vence el plazo!
El Senado y la Cámara de Representantes tienen una jornada determinante este martes 3 de noviembre para avanzar en la aprobación de la Ley de Sometimiento, una de las principales apuestas del Gobierno de Abelardo De La Espriella en materia de seguridad. Después de una extensa sesión en la Cámara, el proyecto consiguió la aprobación de su ponencia positiva, pero todavía debe superar la discusión y votación de sus artículos. El tiempo se convirtió en el principal obstáculo para que la iniciativa llegue a buen término.
El Congreso de la República enfrenta una carrera contrarreloj para sacar adelante uno de los proyectos legislativos más importantes del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Se trata de la denominada Ley de Sometimiento, una iniciativa que busca establecer las condiciones jurídicas para que integrantes de organizaciones criminales y estructuras armadas ilegales abandonen sus actividades ilícitas, entreguen las armas y se sometan a la justicia colombiana.
La discusión adquirió especial relevancia durante las últimas horas, luego de que la plenaria de la Cámara de Representantes sesionara durante casi ocho horas en medio de un intenso debate político. Aunque se presentaron diferencias entre los sectores oficialistas y la oposición, el proyecto logró avanzar y obtuvo el respaldo necesario para continuar su trámite.
La jornada de este martes 3 de noviembre será determinante. Desde las 9:00 de la mañana están previstas las sesiones plenarias del Senado y la Cámara, con el propósito de avanzar en la discusión y aprobación del articulado.
El principal desafío del Gobierno es conseguir que ambas corporaciones terminen el trámite antes del miércoles 4 de noviembre, fecha límite relacionada con el vencimiento de la vigencia de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.
Cámara de Representantes dio un primer paso para destrabar el proyecto
Durante la sesión del lunes festivo, la plenaria de la Cámara de Representantes avanzó en la discusión de la iniciativa después de una jornada marcada por intervenciones, cuestionamientos y diferencias entre los congresistas.
Uno de los momentos importantes se produjo cuando fue negada la ponencia de archivo presentada por sectores de oposición, que buscaban impedir que el proyecto continuara su trámite legislativo.
Posteriormente, la ponencia positiva recibió 99 votos a favor y 39 en contra, luego de que se reabriera la votación en medio de cuestionamientos de algunos representantes sobre el procedimiento utilizado inicialmente.
El resultado permitió que el proyecto continuara su camino en el Legislativo. También se avanzó en la votación de algunos artículos, aunque todavía queda una parte importante del articulado por discutir.
El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, confirmó que la sesión se retomaría este martes a partir de las 9:00 de la mañana y manifestó que la intención es continuar el debate hasta avanzar en la aprobación de la iniciativa.
¿Qué busca la Ley de Sometimiento?
El proyecto pretende establecer un mecanismo jurídico para que las organizaciones criminales puedan abandonar sus actividades ilegales y entregar sus estructuras al Estado, bajo condiciones específicas y con obligaciones verificables.
A diferencia de los procesos tradicionales de negociación política, la propuesta del Gobierno plantea una ruta de sometimiento a la justicia, en la que los integrantes de las organizaciones deberán cumplir compromisos concretos para acceder a determinados beneficios jurídicos.
Entre las principales condiciones contempladas en la iniciativa se encuentran:
- La dejación de armas bajo mecanismos de verificación.
- El cese de actividades ilícitas y de las afectaciones contra la población civil.
- La identificación y entrega de menores de edad reclutados por las organizaciones.
- La entrega de personas secuestradas y de información sobre personas desaparecidas que se encuentren bajo su control.
- La entrega de información sobre las estructuras criminales, sus operaciones y sus posibles vínculos con redes de corrupción.
- La contribución a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento efectivo de las organizaciones.
El incumplimiento de las condiciones establecidas podría ocasionar la pérdida de los beneficios concedidos, de acuerdo con las disposiciones del proyecto y las decisiones judiciales correspondientes.
Reducciones de penas: uno de los puntos que genera mayor discusión
Uno de los aspectos más debatidos de la iniciativa tiene que ver con los beneficios penales que podrían recibir quienes decidan someterse a la justicia.
El texto contempla una reducción de hasta el 50 % de la pena acumulada para integrantes de las estructuras criminales, dependiendo de sus aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de las organizaciones.
Para quienes desempeñen funciones de liderazgo, la reducción planteada sería de hasta el 30 %, bajo condiciones específicas.
Estos beneficios han generado posiciones diferentes entre los congresistas. Mientras sectores cercanos al Gobierno consideran que pueden convertirse en herramientas para debilitar las estructuras criminales, representantes de la oposición han expresado preocupaciones sobre el alcance de las rebajas punitivas y las garantías para las víctimas.
La discusión también ha incluido aspectos relacionados con el reclutamiento de menores, el lavado de activos, la entrega de bienes y las responsabilidades de quienes hayan participado en las actividades ilícitas.
El tiempo se convirtió en el principal enemigo del proyecto
La mayor preocupación del Gobierno no está únicamente en conseguir los votos necesarios, sino en lograr que el Congreso complete todo el procedimiento legislativo antes de que termine el plazo establecido.
La iniciativa debe superar la discusión en las plenarias de Senado y Cámara. Posteriormente, si se aprueban textos diferentes, será necesario adelantar el proceso de conciliación para unificar las versiones.
El calendario es especialmente ajustado, pues el miércoles 4 de noviembre es la fecha límite que el Gobierno busca cumplir para garantizar la continuidad del marco jurídico relacionado con la Ley de Orden Público.
Por esta razón, las sesiones previstas para este martes representan una jornada decisiva para el futuro de la propuesta.
Cualquier retraso, desacuerdo sobre los artículos o dificultad para reunir las mayorías podría complicar el objetivo del Ejecutivo.
Una prueba política para el Gobierno de Abelardo De La Espriella
Además de su importancia jurídica, el debate representa una prueba para la capacidad del Gobierno de construir mayorías en el Congreso durante los primeros meses de administración.
La Ley de Sometimiento es una de las principales apuestas de la política de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella y busca marcar una diferencia frente a la estrategia de paz total implementada durante el Gobierno anterior.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, ha participado en la defensa de la propuesta y en las gestiones con diferentes sectores políticos para conseguir respaldo legislativo.
Por su parte, el congresista Hernán Cadavid, coordinador de la iniciativa, ha defendido los ajustes incorporados al proyecto durante su discusión y ha señalado que el mecanismo no constituye una negociación política con las organizaciones criminales, sino una reforma orientada al sometimiento judicial.
Sin embargo, las diferencias entre las bancadas demuestran que todavía existen asuntos que requieren discusión y acuerdos antes de que el texto pueda convertirse en ley.
¿Qué puede pasar si el Congreso no aprueba el proyecto a tiempo?
El vencimiento de la vigencia de la Ley 418 de 1997 representa un elemento central en esta discusión. Esta normativa ha servido como marco jurídico para diferentes instrumentos relacionados con el orden público y los procesos de paz en Colombia.
La propuesta del Gobierno busca establecer un nuevo marco legal que permita desarrollar su política de sometimiento de organizaciones criminales y definir las condiciones para que sus integrantes puedan acogerse a la justicia.
Si el Congreso no logra completar el trámite dentro del plazo previsto, el Ejecutivo podría enfrentar dificultades para poner en marcha el nuevo mecanismo en los términos planteados.
Por eso, las próximas horas serán fundamentales para determinar si existe suficiente respaldo político y capacidad legislativa para sacar adelante la iniciativa.
Este martes se conocerá el futuro inmediato de la Ley de Sometimiento
Con las plenarias convocadas desde las 9:00 de la mañana, el Congreso entra en una de las jornadas legislativas más importantes para el Gobierno de Abelardo De La Espriella.
La Cámara ya consiguió aprobar la ponencia positiva, pero todavía debe avanzar en la discusión de los artículos. El Senado, por su parte, también deberá completar su respectivo debate y votación.
El país estará atento a lo que ocurra en el Capitolio Nacional, pues el resultado no solamente definirá el futuro de una iniciativa legislativa, sino que también marcará el rumbo de una de las principales apuestas del Ejecutivo en materia de seguridad y sometimiento de estructuras criminales.
La pregunta ahora es si el Congreso logrará ponerse de acuerdo antes de que se agote el tiempo.