Gobierno tendría respaldo inicial del 70 % de las comisiones económicas para debatir la reforma tributaria: así se mueve el Congreso
El proyecto del Gobierno comienza su trámite legislativo con apoyo preliminar en las comisiones económicas, aunque persisten diferencias sobre impuestos, IVA y gasto público.
La Ley de Rescate Económico comienza a medir sus fuerzas en el Legislativo. El Gobierno tendría un respaldo preliminar importante para impulsar el trámite de la iniciativa, pero ese apoyo no significa que estén asegurados los votos para aprobar todos sus artículos. Los nuevos impuestos, los cambios al IVA y las medidas sobre el gasto público siguen generando diferencias entre congresistas.
El Gobierno nacional enfrenta uno de sus primeros grandes desafíos económicos y políticos: conseguir que el Congreso avance en la discusión de la Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca modificar los ingresos y gastos del Estado para enfrentar el desequilibrio fiscal.
De acuerdo con el reporte de Portafolio, el Ejecutivo tendría un respaldo inicial cercano al 70 % dentro de las comisiones económicas encargadas de estudiar el proyecto. Este panorama representa una señal de apertura para comenzar el trámite legislativo, aunque todavía no garantiza que la propuesta consiga los votos necesarios para convertirse en ley.
La diferencia es importante. Una cosa es que los congresistas estén dispuestos a permitir que el proyecto se discuta y otra muy distinta es que respalden cada una de las medidas tributarias y fiscales que contiene.
La iniciativa, radicada el 29 de octubre de 2026 ante la Cámara de Representantes, quedó identificada como el Proyecto de Ley 477 de 2026 y tiene como objetivo estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y promover el crecimiento económico.
¿De dónde sale el respaldo del 70 %?
El porcentaje mencionado en el reporte de Portafolio refleja un respaldo político inicial para que la propuesta avance en las comisiones económicas. No debe interpretarse como una votación definitiva ni como una aprobación anticipada de la reforma completa.
El proyecto debe superar cuatro debates: primero, en las comisiones económicas de Senado y Cámara; posteriormente, en las plenarias de ambas corporaciones. Si existen diferencias entre los textos aprobados, será necesario realizar el proceso de conciliación antes de su sanción presidencial.
Por eso, el respaldo preliminar puede facilitar el inicio de las discusiones, pero el Gobierno todavía tendrá que negociar los artículos que generan mayor resistencia.
La iniciativa también enfrenta un calendario legislativo exigente, pues el periodo ordinario de sesiones termina el 16 de diciembre de 2026.
Los impuestos, el principal punto de desacuerdo
Uno de los mayores obstáculos para el Ejecutivo está relacionado con las disposiciones tributarias incluidas en el proyecto.
Aunque algunos congresistas han expresado su disposición a respaldar una reducción del gasto público y una reorganización del Estado, existen diferencias frente a las medidas que podrían aumentar las obligaciones tributarias de ciudadanos y empresas.
Entre las propuestas que generan discusión se encuentran:
- La ampliación de los productos y servicios gravados con IVA.
- Los cambios en el impuesto de renta para personas naturales.
- El incremento de algunos impuestos al alcohol, tabaco y bebidas azucaradas.
- Los ajustes en las cotizaciones al sistema de salud.
- La eliminación o modificación de determinados beneficios tributarios.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que productos que actualmente están excluidos del IVA pasen a estar gravados con la tarifa general del 19 %. Esta disposición ha despertado inquietudes por sus posibles efectos sobre el costo de vida y el presupuesto de los hogares.
Desde distintos sectores políticos se ha pedido revisar cuidadosamente el alcance de estas medidas antes de respaldarlas.
Incluso los sectores cercanos al Gobierno tienen reparos
La discusión no solamente enfrenta al Ejecutivo con la oposición. Algunos congresistas y sectores políticos que han mostrado disposición a acompañar al Gobierno también han manifestado desacuerdos con partes del articulado.
El Centro Democrático, por ejemplo, ha expresado que comparte la necesidad de reducir el tamaño del Estado, pero ha cuestionado que el ajuste termine representando mayores impuestos para los colombianos.
También han surgido reparos desde Salvación Nacional y el Nuevo Liberalismo. Congresistas de estas colectividades han señalado preocupaciones por las cargas que podrían recaer sobre las familias, los trabajadores y el sector agropecuario.
En la bancada liberal también se han escuchado cuestionamientos. El senador Héctor Olimpo ha planteado que antes de imponer nuevas obligaciones tributarias deberían revisarse los beneficios fiscales existentes y determinar cuáles realmente generan bienestar económico y social.
Desde la oposición, el senador David Racero ha criticado especialmente los cambios relacionados con el IVA y sus posibles consecuencias sobre los consumidores.
Estas posiciones muestran que el respaldo a la iniciativa no es uniforme y que el Gobierno tendrá que construir acuerdos sobre los puntos más controvertidos.
¿Qué busca conseguir el Gobierno con la reforma?
El Ejecutivo sostiene que Colombia necesita un ajuste fiscal para evitar que el crecimiento del déficit y de la deuda pública reduzca su capacidad de financiar las obligaciones del Estado.
La propuesta combina recortes presupuestales, cambios tributarios, incentivos a la inversión y medidas para fortalecer el control fiscal.
Entre sus objetivos está reducir el tamaño del Estado, disminuir gastos administrativos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
El vicepresidente José Manuel Restrepo ha defendido que cerca del 70 % del ajuste fiscal proyectado provendría de la eficiencia y reducción del gasto estatal, mientras que el porcentaje restante se conseguiría mediante medidas de recaudo y otras contribuciones.
Este dato debe diferenciarse del respaldo político mencionado por Portafolio: el primer 70 % se refiere a la composición del ajuste fiscal que propone el Gobierno; el segundo, al apoyo preliminar que tendría la iniciativa dentro de las comisiones económicas. Son dos cifras distintas.
El FMI también se pronunció sobre la iniciativa
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se refirió al proyecto y valoró la decisión del Gobierno de presentar un paquete de medidas fiscales ante el Congreso.
Julie Kozack, portavoz del organismo, señaló que la presentación de la iniciativa representa un paso significativo para enfrentar los desafíos fiscales y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas.
Sin embargo, el pronunciamiento del FMI no equivale a una aprobación de cada artículo ni garantiza que las medidas produzcan los resultados proyectados. El alcance del ajuste dependerá de las disposiciones que finalmente apruebe el Legislativo y de su implementación.
¿Qué puede pasar en las próximas semanas?
El futuro de la Ley de Rescate Económico dependerá de las negociaciones entre el Gobierno, los partidos políticos y los integrantes de las comisiones económicas.
Si el respaldo inicial se mantiene, el Ejecutivo podría contar con mejores condiciones para impulsar las primeras discusiones. Sin embargo, los artículos relacionados con el IVA, los impuestos a los hogares y los aportes a salud podrían ser modificados durante el trámite.
También será determinante conocer qué propuestas de austeridad acepta el Congreso y cuáles considera necesario ajustar para evitar consecuencias sobre los servicios públicos y los programas sociales.
Por ahora, el 70 % de respaldo mencionado constituye una fotografía preliminar del ambiente político, no una garantía de aprobación.
La discusión apenas comienza y el Gobierno deberá demostrar que puede convertir ese apoyo inicial en acuerdos concretos. El resultado definirá no solo el futuro de la reforma tributaria, sino también una parte importante de la estrategia con la que pretende estabilizar las finanzas públicas de Colombia.