Denuncia contra Gustavo Petro por presuntos contratos a cambio de favores personales

Una nueva controversia política y judicial involucra al expresidente colombiano Gustavo Petro, luego de que Deicy Jiménez difundiera un video que presentó como respaldo de sus declaraciones sobre una presunta relación personal y contractual durante el anterior Gobierno. Los señalamientos, que relacionan supuestos beneficios personales con la obtención de contratos estatales, motivaron una nueva denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

El caso tomó mayor relevancia pública el 4 de noviembre de 2026, cuando Jiménez publicó en sus redes sociales una grabación de aproximadamente 54 segundos en la que aparece una persona que ella identifica como el exmandatario. La mujer aseguró que el material respaldaba su versión sobre una relación íntima con Petro y una presunta conexión con contratos obtenidos en entidades públicas.

Al día siguiente, la senadora Sara Castellanos y la representante a la Cámara Carol Borda, integrantes del partido Salvación Nacional, radicaron una denuncia para solicitar que se investiguen los señalamientos. Las congresistas señalaron las declaraciones de Jiménez y el registro audiovisual como elementos que, a su juicio, ameritan una revisión por parte de las autoridades.

¿De dónde surge la controversia?

Las declaraciones de Jiménez, quien habría tenido vínculos contractuales con entidades públicas durante el periodo investigado, apuntan a un supuesto intercambio de beneficios personales por oportunidades de contratación estatal.

En sus intervenciones públicas, la mujer ha mencionado contratos relacionados con entidades como el Ministerio del Interior, el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

También ha afirmado que existirían otras mujeres vinculadas a situaciones similares. Sin embargo, estas declaraciones corresponden a su versión de los hechos y requieren verificación documental y judicial. La existencia de contratos o de una relación personal, por separado, no demuestra que haya ocurrido un intercambio indebido.

La publicación del video abrió una nueva etapa en la controversia, pero su alcance probatorio todavía debe establecerse. Para determinar su relevancia, las autoridades tendrían que verificar su autenticidad, integridad, fecha, lugar de grabación y contexto.

La respuesta del expresidente y su defensa

Gustavo Petro negó haber utilizado contratos del Estado para obtener favores personales o sexuales. En sus declaraciones públicas cuestionó que el video fuera presentado como una prueba concluyente y señaló que todavía no había sido sometido a una evaluación pericial ni valorado por un juez.

Su abogado, Alejandro Carranza, sostuvo que una grabación sin fecha, lugar y origen verificados no permite establecer por sí sola los hechos denunciados. También argumentó que las imágenes no muestran contratos, pagos ni decisiones administrativas que acrediten un intercambio de beneficios.

La defensa manifestó que el caso debe resolverse ante las autoridades competentes y con garantías para todas las personas involucradas. Petro también pidió que se proteja a Jiménez y a quienes puedan intervenir en las actuaciones judiciales.

¿Qué deben establecer las autoridades?

El centro de la investigación no consiste únicamente en determinar si existió una relación personal entre las partes. El asunto de mayor relevancia institucional es establecer si hubo intervención indebida en decisiones de contratación pública y si algún funcionario utilizó su posición para conceder beneficios a cambio de favores personales.

Para esclarecerlo será necesario contrastar los contratos mencionados con sus expedientes administrativos, fechas de celebración, entidades contratantes, supervisores, procesos de selección, obligaciones ejecutadas y pagos realizados.

También será importante determinar si existieron comunicaciones o instrucciones de funcionarios que pudieran demostrar una intervención irregular. Cualquier material digital deberá someterse a procedimientos técnicos que permitan comprobar su autenticidad y conservar su integridad.

La denuncia presentada ante la Cámara constituye una actuación política e institucional que busca activar una revisión de los señalamientos. No equivale a una declaración de responsabilidad penal o disciplinaria. La competencia de cada autoridad y el alcance de sus actuaciones deberán establecerse conforme a las normas aplicables.

Una controversia con implicaciones institucionales

El caso vuelve a poner en discusión la transparencia de la contratación pública y los mecanismos de control sobre las decisiones de los altos funcionarios. Cuando se presentan acusaciones que relacionan recursos estatales con posibles beneficios privados, la verificación debe ir más allá del debate político y concentrarse en documentos, decisiones administrativas y pruebas técnicamente examinadas.

También plantea un desafío para las instituciones encargadas de investigar: garantizar que las denuncias sean examinadas sin presiones políticas, proteger a quienes aporten información y respetar los derechos de las personas señaladas.

Por ahora, el país tiene ante sí una serie de acusaciones, un video cuya autenticidad y contexto deben verificarse y una denuncia presentada ante la Cámara. La conclusión sobre lo ocurrido dependerá de lo que logren establecer las autoridades a partir de pruebas verificables, no de la circulación de fragmentos audiovisuales ni de las interpretaciones políticas que se hagan de ellos.