Congreso da primer aval a una adición presupuestal de $3,8 billones
La propuesta también contempla traslados por $1,47 billones para atender compromisos del sector energético, veteranos de la Fuerza Pública y programas sociales.
Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate una modificación al Presupuesto General de la Nación de 2026 que contempla una adición cercana a los $3,8 billones y traslados presupuestales por $1,47 billones. La iniciativa del Gobierno busca financiar la atención de los damnificados por el terremoto del 10 de agosto, ampliar los recursos del programa Colombia Mayor y atender obligaciones relacionadas con el sector energético y los compromisos con veteranos de la Fuerza Pública.
El proyecto de ley 401 de 2026 Cámara y 280 de 2026 Senado representa un ajuste a las apropiaciones presupuestales de la vigencia actual. Su aprobación inicial permite continuar el trámite legislativo, pero todavía no significa que los recursos estén incorporados definitivamente al presupuesto: la propuesta debe ser discutida y aprobada por las plenarias de ambas cámaras.
¿Cómo se distribuirían los nuevos recursos?
La adición presupuestal contempla dos grandes destinaciones. La primera corresponde a $2,7 billones para el Fondo Milagro, creado para financiar la asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
Según el Ministerio de Hacienda, estos recursos provendrían del recaudo estimado de los alivios tributarios establecidos mediante el Decreto Legislativo 1419 de 2026. Su destinación está vinculada a la atención de la emergencia y a las necesidades de reconstrucción de los territorios afectados.
La segunda asignación corresponde a aproximadamente $1,1 billones para el programa Colombia Mayor, iniciativa dirigida a adultos mayores en condición de vulnerabilidad. El objetivo es ampliar la cobertura del programa e incrementar el subsidio mensual que reciben sus beneficiarios.
De acuerdo con la información oficial, estos recursos procederían de mayores ingresos del Fondo de Solidaridad Pensional, por $891.000 millones, y de reintegros de recursos identificados en fiducias, por $258.000 millones.
La distribución propuesta refleja dos prioridades del Gobierno: atender las consecuencias económicas y sociales de una emergencia natural y fortalecer los mecanismos de protección económica para la población adulta mayor.
Los traslados presupuestales incluyen recursos para Air-e
Además de la adición, las comisiones aprobaron traslados presupuestales por $1,47 billones. A diferencia de los recursos adicionales, estos movimientos no aumentan el monto global del presupuesto nacional: permiten reorientar apropiaciones existentes hacia otras necesidades.
El componente más importante corresponde a $1,2 billones destinados al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para atender obligaciones de Air-e con el mercado eléctrico.
La operación contempla $750.000 millones provenientes del Ministerio de Hacienda y $450.000 millones del Ministerio de Minas y Energía. Los recursos permitirían realizar pagos directos a los acreedores del mercado mayorista de energía, en particular a los generadores térmicos, sobre obligaciones previamente liquidadas por los administradores del sistema.
La situación financiera de Air-e se ha convertido en un asunto relevante para el sector energético, debido a las obligaciones acumuladas por la empresa y a las consecuencias que estas pueden tener sobre la cadena de pagos del mercado eléctrico. La destinación de estos recursos busca atender parte de esas obligaciones y contribuir a la estabilidad financiera del sistema.
El proyecto también contempla $238.800 millones relacionados con compromisos del sector Defensa. De ese monto, $52.300 millones se dirigirían al Ministerio de Defensa y $186.400 millones a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el propósito de garantizar liquidez para atender asignaciones de retiro, mesadas y servicios médicos de veteranos.
Adicionalmente, se aprobó un traslado de $27.500 millones entre programas del Departamento para la Prosperidad Social, con destino a Colombia Mayor.
El desafío está en la financiación y la ejecución
La aprobación de esta modificación presupuestal abre una discusión que va más allá de la distribución de los recursos: su financiación efectiva y su ejecución.
En el caso del Fondo Milagro, será importante verificar que el recaudo estimado asociado a los alivios tributarios se materialice y que los recursos lleguen oportunamente a las comunidades afectadas. Para Colombia Mayor, el desafío estará en que la ampliación de cobertura y el incremento de los subsidios se traduzcan en beneficios efectivos para los adultos mayores.
En el sector energético, la destinación de recursos para atender las obligaciones de Air-e también plantea la necesidad de evaluar los mecanismos de pago, la transparencia en su aplicación y la sostenibilidad financiera de las empresas que participan en el mercado.
El proyecto continuará su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Allí se definirá si la propuesta conserva su estructura, recibe modificaciones o logra convertirse en ley.
La discusión será relevante para las finanzas públicas porque combina recursos destinados a una emergencia nacional, programas sociales y obligaciones del sistema energético. Su impacto dependerá no solo de la aprobación legislativa, sino también de la capacidad institucional para administrar y ejecutar los recursos con transparencia y resultados verificables.