¡Destituyen a profesor de Unicauca por acoso sexual a 11 estudiantes!
El fallo disciplinario de primera instancia involucra a 11 estudiantes y ordena remitir copias del expediente a la Fiscalía y abrir otra actuación sobre posibles omisiones institucionales.
La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 19 años contra Milton Javier López García, quien se desempeñaba como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, luego de encontrarlo responsable disciplinariamente por conductas de acoso sexual y un caso de acto sexual violento contra estudiantes.
La decisión, revelada por SEMANA, pone fin a un proceso disciplinario que investigó hechos ocurridos entre 2009 y 2023 y que involucró a 11 mujeres. Diez de ellas denunciaron comportamientos de acoso sexual, mientras que una estudiante señaló al profesor por un episodio de violencia sexual ocurrido en marzo de 2022.
De acuerdo con la investigación, el docente habría aprovechado su posición de autoridad académica para ejercer presión sobre las alumnas, especialmente por su capacidad de intervenir en calificaciones, evaluaciones, asistencia y aprobación de asignaturas.
Las denuncias se extendieron durante más de una década
Según los testimonios recopilados en el expediente, las conductas atribuidas al profesor no se limitarían a comentarios inapropiados. Las estudiantes describieron situaciones que incluían insinuaciones sexuales, burlas sobre sus cuerpos, expresiones de doble sentido, acercamientos físicos no consentidos y encuentros individuales que, según sus relatos, eran propiciados bajo argumentos académicos.
La Procuraduría encontró que el docente habría utilizado su posición dentro de la Facultad de Derecho para generar situaciones de presión e intimidación. Entre las prácticas señaladas estaban las citaciones a su oficina para tratar asuntos relacionados con notas, faltas de asistencia y evaluaciones.
Algunas estudiantes manifestaron que se sentían obligadas a acudir a esos encuentros debido a que el profesor tenía influencia sobre su avance académico.
El organismo de control consideró que los hechos no correspondían a episodios aislados, sino a un patrón de comportamientos reiterados contra alumnas durante varios años.
El caso de una estudiante que denunció un acto sexual violento
Uno de los episodios más relevantes de la investigación ocurrió el 16 de marzo de 2022, cuando una estudiante de Derecho acudió a la oficina del docente, ubicada en el edificio El Prado, en Popayán, para resolver un asunto relacionado con una calificación.
Según el relato de la joven, el encuentro tomó un rumbo distinto al propósito académico. La estudiante manifestó que el profesor cerró la puerta, realizó comentarios sobre su lugar de origen y posteriormente habría tenido acercamientos físicos de carácter sexual sin su consentimiento.
En su declaración, aseguró que el docente le habría besado el cuello y tocado un seno por debajo de la blusa. También relató que intentó salir de la oficina y buscó una excusa para retirarse del lugar.
La Procuraduría valoró este testimonio junto con otros elementos del expediente, entre ellos una valoración psicológica forense, declaraciones de personas relacionadas con el entorno universitario y registros del sistema académico.
La defensa del profesor cuestionó la versión de la estudiante y presentó argumentos para controvertir las pruebas. Sin embargo, el organismo de control concluyó que los elementos recopilados permitían establecer su responsabilidad disciplinaria.
La Procuraduría impuso una sanción de 19 años
Al resolver el proceso, la Procuraduría determinó que el docente incurrió en dos faltas gravísimas cometidas a título de dolo. Por esa razón, ordenó su destitución e impuso una inhabilidad general por 19 años.
Para establecer la sanción, el organismo tuvo en cuenta la gravedad de las conductas, la pluralidad de hechos y las afectaciones a los derechos de las estudiantes.
El caso también puso bajo observación la respuesta institucional de la Universidad del Cauca. Las denunciantes cuestionaron la falta de medidas oportunas frente a las quejas que se habrían presentado durante años.
Por este motivo, la Procuraduría dispuso remitir documentación a otra actuación disciplinaria para establecer si funcionarios de la institución incurrieron en posibles omisiones en la atención y el trámite de las denuncias.
El expediente también fue enviado a la Fiscalía
La decisión disciplinaria contempla, además, la remisión de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que sean incorporadas a las actuaciones penales relacionadas con los hechos investigados.
Es importante aclarar que la sanción corresponde a un fallo disciplinario de primera instancia y no a una sentencia penal. La defensa del docente tiene la posibilidad de apelar la decisión ante la instancia correspondiente de la Procuraduría.
Mientras avanza el proceso, el caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con mecanismos efectivos para recibir, investigar y atender las denuncias de violencia sexual dentro de las instituciones de educación superior, así como de garantizar protección y acompañamiento a las estudiantes que deciden denunciar.