Estados Unidos busca la extradición de un juez mexicano capturado en Colombia
Estados Unidos solicitará la extradición de Luis Benítez Alcántara, señalado de favorecer la liberación de un ciudadano canadiense vinculado a la red de Ryan Wedding.
La captura de un exjuez federal mexicano en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá puso a Colombia en el centro de una investigación judicial que conecta presunta corrupción, narcotráfico y una organización criminal con operaciones en varios países. Luis Benítez Alcántara, de 49 años, es señalado por las autoridades estadounidenses de haber recibido un soborno de US$2 millones para favorecer la liberación de un ciudadano canadiense vinculado a la red criminal de Ryan Wedding.
Benítez fue detenido el domingo 1 de noviembre en Colombia, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos el jueves 5 de noviembre. La captura se produjo en una operación de cooperación entre la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El caso fue divulgado ampliamente por medios colombianos el viernes 6 de noviembre.
El Gobierno estadounidense anunció que solicitará su extradición para que responda ante una corte federal del Distrito Central de California. Mientras se adelantan los procedimientos correspondientes, el exjuez permanece bajo custodia de las autoridades colombianas.
El soborno que habría permitido liberar a un narcotraficante
La acusación estadounidense se concentra en la decisión judicial que Benítez Alcántara tomó el 24 de febrero de 2025, cuando se desempeñaba como juez de distrito en Ciudad de México y tenía a su cargo el proceso de extradición de Andrew Clark, un ciudadano canadiense de 36 años.
Clark había sido detenido en México en octubre de 2024 por cargos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses lo identificaban como uno de los principales colaboradores de Ryan James Wedding, un exdeportista olímpico canadiense señalado de dirigir una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína.
Según el expediente de la Fiscalía estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark habría transferido aproximadamente US$2,75 millones mediante intermediarios y en pagos fraccionados para conseguir su liberación.
De ese monto, cerca de US$2 millones habrían sido destinados directamente al juez, a cambio de que concediera la libertad bajo fianza y ordenara la excarcelación del ciudadano canadiense.
La acusación sostiene que el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez habría recibido la totalidad del dinero acordado, emitió la decisión que permitió la salida de Clark de prisión.
La libertad duró pocos días. El canadiense fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso penal que continúa abierto.
Nueve cargos en Estados Unidos
Un gran jurado federal formuló nueve cargos contra Benítez Alcántara por complicidad posterior al hecho, una figura penal que contempla la asistencia a una persona después de la comisión de un delito para obstaculizar o impedir su captura, juzgamiento o castigo.
El Departamento de Justicia indicó que, si es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo.
Es importante precisar que la acusación no equivale a una condena. Las autoridades estadounidenses deberán demostrar los hechos ante los tribunales y el procesado conserva el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
El caso también tuvo repercusiones en México. El Tribunal de Disciplina Judicial de ese país informó que Benítez ya tenía cuatro investigaciones abiertas por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, de naturaleza distinta a los hechos que motivaron su detención en Colombia. El organismo anunció que abriría una investigación de oficio tras conocerse la acusación estadounidense.
¿Qué hacía el exjuez mexicano en Colombia?
La presencia de Benítez en Bogotá abrió otra línea de interés para las autoridades. Según declaraciones del director de la DIJIN, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, la investigación colombiana estableció que el ciudadano mexicano habría llegado al país con el propósito de sostener reuniones clandestinas con organizaciones criminales locales y coordinar nuevos envíos de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Esta hipótesis fue presentada por las autoridades policiales colombianas y constituye una línea de investigación que debe ser diferenciada de los cargos formulados en Estados Unidos por el presunto soborno relacionado con la liberación de Andrew Clark.
La versión sobre el motivo del viaje también fue objeto de controversia. Según información publicada por medios colombianos, familiares del detenido señalaron que había viajado a Bogotá acompañado de su esposa e hijo para asistir a un congreso de abogados penalistas.
Por ahora, las autoridades deberán establecer qué actividades desarrolló durante su permanencia en Colombia y si existen elementos que permitan vincularlo con operaciones criminales dentro del territorio nacional.
Ryan Wedding y una red internacional de cocaína
El nombre de Ryan Wedding aparece en el centro de la investigación. El canadiense, de 44 años, representó a su país en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Años después, las autoridades estadounidenses lo señalaron como supuesto líder de una organización internacional de tráfico de cocaína.
Según el Departamento de Justicia, la estructura habría operado entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá, utilizando rutas internacionales para transportar grandes cantidades de droga. Andrew Clark habría ocupado una posición de liderazgo dentro de esa organización.
Wedding fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal. Enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, asesinato e intento de asesinato. Su defensa ha negado las acusaciones y el proceso penal continúa pendiente.
El caso refleja la dimensión internacional que pueden alcanzar las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, así como la importancia de las investigaciones financieras y de cooperación judicial para identificar a quienes presuntamente facilitan sus operaciones desde posiciones de poder.
La extradición, el siguiente paso del proceso
La captura de Benítez en Colombia no significa que su extradición ya esté aprobada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que solicitará formalmente su entrega, por lo que deberán cumplirse los procedimientos diplomáticos, judiciales y administrativos previstos en la legislación colombiana.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su dependencia de asuntos internacionales, interviene en los trámites relacionados con el requerimiento. La decisión final deberá seguir el procedimiento establecido para las solicitudes de extradición y las garantías del detenido.
El caso también pone de relieve el papel de Colombia como punto estratégico para la cooperación internacional contra redes de narcotráfico. La participación de la DIJIN, INTERPOL y el FBI permitió concretar una captura que conecta investigaciones desarrolladas en Norteamérica con actuaciones policiales en Bogotá.
Más allá de la extradición, las autoridades colombianas tendrán que determinar si existen responsabilidades adicionales por las presuntas actividades que Benítez habría intentado desarrollar durante su estadía en el país.
La investigación deja una pregunta de fondo sobre la capacidad de las organizaciones criminales para buscar protección en instituciones y funcionarios de distintos países. El desenlace judicial permitirá establecer si las acusaciones contra el exjuez tienen sustento probatorio y hasta dónde llegaban sus presuntos vínculos con una de las redes transnacionales de cocaína más investigadas por las autoridades estadounidenses.