El caso Deicy Jiménez pone bajo presión a la justicia colombiana
La Fiscalía, la Corte Suprema y la Cámara de Representantes analizan por separado los hechos, mientras Petro niega haber intercambiado contratos por favores sexuales.
Las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro por un presunto intercambio de contratos estatales a cambio de favores sexuales han abierto uno de los episodios políticos y judiciales más controvertidos de las últimas semanas en Colombia. La aparición de un video en el que ambos aparecen juntos, la entrega de información digital a la Fiscalía y las nuevas actuaciones de los organismos de control han elevado la presión para esclarecer si existieron irregularidades en la contratación pública durante el anterior Gobierno.
El caso tomó un nuevo impulso el 4 de noviembre, cuando Jiménez publicó en sus redes sociales un video de aproximadamente 55 segundos en el que aparece junto a Petro durante un encuentro privado. La mujer aseguró que el material respaldaba sus declaraciones y sostuvo que los colombianos tenían derecho a conocer su versión de los hechos. La publicación generó nuevas reacciones políticas y aceleró las actuaciones de las autoridades.
Sin embargo, la existencia de un encuentro entre ambos no demuestra por sí misma que se hayan intercambiado relaciones personales por contratos públicos. Esa es precisamente una de las cuestiones centrales que deberán establecer los investigadores mediante documentos, testimonios y pruebas verificables.
Las denuncias que dieron origen al escándalo
La controversia comenzó a tomar relevancia pública después de que Jiménez denunciara, en una entrevista con la revista Semana, que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas a contratos estatales durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según su testimonio, algunas de esas vinculaciones habrían sido utilizadas como mecanismo para facilitar encuentros íntimos con el entonces mandatario.
Jiménez afirmó que conoció a Petro en 2019 y que posteriormente habría recibido oportunidades contractuales con entidades del Estado. También señaló que otras mujeres habrían participado en dinámicas similares. Estas declaraciones constituyen el origen de las investigaciones, pero todavía deben ser contrastadas con los registros administrativos y los testimonios de las personas mencionadas.
Uno de los elementos que ha concentrado la atención es la trayectoria contractual de la denunciante. Según información publicada por Noticias RCN y registros de contratación pública consultados por distintos medios, Jiménez aparece relacionada con diez contratos entre 2021 y 2026: siete con el Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
La existencia de estos contratos está documentada en los registros públicos. No obstante, su presencia en las bases de datos no demuestra que hayan sido otorgados irregularmente ni que respondieran a los motivos descritos por la denunciante. Las autoridades deberán establecer si los procedimientos de selección, las funciones asignadas y la ejecución de los servicios cumplieron los requisitos legales.
El contrato de $30,4 millones y las conversaciones bajo revisión
Uno de los elementos más recientes de la controversia está relacionado con un contrato suscrito con el Ministerio del Interior en enero de 2026, por un valor aproximado de $30,4 millones.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el contrato número 947 de 2026 fue firmado el 23 de enero y tenía como objeto prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre sus funciones figuraba el apoyo en la consolidación de informes relacionados con proyectos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La publicación también reveló una conversación atribuida a Petro y a Angie Rodríguez, quien dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia. En el intercambio, el entonces mandatario habría solicitado mantener vinculada a Jiménez mediante un contrato con el Ministerio del Interior. Rodríguez habría respondido afirmativamente.
El contrato, cuya terminación fue registrada el 20 de octubre de 2026, antes de que las denuncias se hicieran públicas, se convirtió en uno de los documentos de mayor interés para la investigación.
La relevancia de este elemento radica en determinar si existieron instrucciones irregulares, cuál fue su alcance y si la contratación respondió a necesidades institucionales debidamente justificadas. También será necesario verificar la autenticidad, integridad y contexto de las conversaciones divulgadas.
Fiscalía, Corte Suprema y Cámara: tres frentes institucionales
El caso ha llegado a distintas instancias del Estado debido a las competencias que establece el ordenamiento jurídico colombiano para investigar a funcionarios y expresidentes.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, confirmó el 6 de noviembre que existe una articulación institucional entre la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Lenis explicó que es necesario distinguir entre los hechos que presuntamente habrían ocurrido cuando Petro se desempeñaba como congresista y aquellos que corresponderían a su periodo presidencial.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema tiene competencia sobre los asuntos que correspondan a la etapa en la que Petro ejerció como congresista. Por su parte, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara debe examinar las conductas atribuidas al expresidente durante el ejercicio de la Presidencia, conforme al régimen constitucional aplicable.
La Fiscalía también adelanta actuaciones para recopilar y verificar elementos relacionados con las posibles irregularidades contractuales y la participación de otros funcionarios.
El presidente de la Corte señaló que las actuaciones deben desarrollarse con independencia e imparcialidad y aclaró que parte de la información permanece bajo reserva judicial.
El celular de la denunciante y las nuevas diligencias
Otro acontecimiento importante se produjo el 5 de noviembre, cuando Deicy Jiménez entregó su teléfono celular a las autoridades para que se realizara una extracción y revisión técnica de la información almacenada.
Según La Silla Vacía y Noticias RCN, el procedimiento buscaba recopilar conversaciones, videos y otros elementos digitales que la denunciante considera relevantes para respaldar sus declaraciones.
La información obtenida deberá someterse a los procedimientos técnicos correspondientes para determinar su autenticidad, integridad, fechas y contexto. La existencia de mensajes o archivos digitales no significa automáticamente que su contenido demuestre las conductas denunciadas.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación programó nuevas diligencias. Jiménez fue citada para el 9 de noviembre, mientras que Tito Lorenzo Lovo, relacionado con la supervisión de uno de sus contratos, deberá comparecer el 10 de noviembre.
La Fiscalía también tiene prevista una nueva diligencia con Jiménez para el 10 de noviembre, después de que una primera citación tuviera que aplazarse por la renuncia de su anterior abogado, quien alegó motivos de seguridad.
La nueva representación jurídica de la denunciante, encabezada por Dina Luz Malo, también ha manifestado preocupación por presuntas situaciones de vigilancia e intimidación. Estas circunstancias deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
Petro rechaza las acusaciones
El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos y negó haber utilizado contratos estatales para obtener favores personales.
Tras la publicación del video, manifestó públicamente que las mujeres que trabajaron durante su administración fueron vinculadas por sus capacidades y esfuerzos, y cuestionó que se utilice su vida privada como instrumento de confrontación política.
También sostuvo que el material audiovisual no había sido examinado por peritos ni valorado judicialmente y que, por sí solo, no demuestra la existencia de contratos, pagos o decisiones administrativas irregulares.
Su abogado, Alejandro Carranza, señaló que la autenticidad, integridad, fecha y contexto del video deben establecerse mediante procedimientos técnicos y dentro de las actuaciones judiciales correspondientes.
De esta manera, la defensa insiste en que las acusaciones deben resolverse ante las autoridades competentes y no mediante conclusiones anticipadas en el debate público.
Un caso que pone a prueba los controles sobre la contratación pública
Más allá de la confrontación política entre los sectores que respaldan al expresidente y sus opositores, el caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de contratación estatal, la utilización de recursos públicos y los controles sobre las vinculaciones de personas cercanas a funcionarios con capacidad de decisión.
La investigación deberá establecer si los contratos respondieron a necesidades reales de las entidades, si las personas vinculadas cumplieron las funciones asignadas y si existieron instrucciones o presiones que pudieran comprometer la transparencia de los procedimientos.
También será necesario determinar si otras personas participaron en las decisiones administrativas y si existieron patrones de contratación que justifiquen ampliar las investigaciones.
Por ahora, las denuncias no constituyen hechos probados judicialmente y el expresidente ha rechazado las acusaciones. La responsabilidad de esclarecer lo sucedido corresponde a las autoridades, que deberán examinar las pruebas con independencia y garantizar los derechos de todas las personas involucradas.
El desarrollo de las diligencias previstas para los próximos días será determinante para establecer qué elementos de las denuncias cuentan con respaldo documental y cuáles continúan siendo afirmaciones pendientes de verificación. En un país donde la confianza en las instituciones es objeto permanente de debate, el resultado de estas investigaciones será también una prueba para la credibilidad de los mecanismos de control del poder público.