521 firmantes de paz asesinados: la deuda de Colombia con la reincorporación
La entidad alertó sobre amenazas, desplazamientos y desapariciones que ponen en riesgo la reincorporación de más de 10.000 excombatientes en distintas regiones del país.
A casi diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la seguridad de quienes dejaron las armas continúa siendo uno de los mayores desafíos para la implementación del proceso. La Defensoría del Pueblo advirtió que 521 firmantes han sido asesinados desde 2016, mientras grupos armados ilegales mantienen amenazas, intimidaciones y presiones contra quienes intentan reconstruir sus vidas fuera del conflicto.
La cifra fue revelada el 7 de noviembre por la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, durante una entrevista con la agencia EFE. La funcionaria señaló que los antiguos combatientes siguen enfrentando riesgos en diferentes regiones del país, especialmente en territorios donde las organizaciones armadas disputan el control territorial y las economías ilegales.
De acuerdo con la información presentada por Marín, más de 10.000 excombatientes continúan en procesos de reincorporación a la vida civil, de cerca de 14.000 personas que suscribieron el acuerdo. Para la Defensoría, la permanencia de estas personas en el proceso representa un compromiso con la construcción de paz, pero también evidencia la necesidad de garantizar condiciones de seguridad, estabilidad económica y protección institucional.
Una década después, persisten las amenazas
El Acuerdo Final de Paz fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, después de más de cuatro años de negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Su implementación permitió la dejación de armas de más de 13.000 integrantes de la antigua guerrilla y abrió una ruta para su reincorporación política, social y económica.
Sin embargo, el tránsito hacia la vida civil no significó el fin de la violencia en los territorios donde anteriormente operaba la guerrilla. Diferentes estructuras armadas continuaron expandiendo su presencia, mientras surgieron disidencias y otras organizaciones criminales que disputan corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.
La defensora Iris Marín explicó que los grupos armados ejercen presión sobre los firmantes mediante amenazas, intimidaciones y acciones violentas. En algunos casos, estas agresiones buscan obligarlos a abandonar sus territorios, debilitar sus proyectos productivos o impedir su participación en iniciativas comunitarias.
La situación resulta especialmente preocupante para quienes viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde las condiciones de seguridad y el acceso a mecanismos de protección pueden ser más limitados.
Las cifras muestran la dimensión del problema
El balance de 521 asesinatos divulgado por la Defensoría representa una de las advertencias más contundentes sobre las dificultades que enfrenta el proceso de reincorporación.
Sin embargo, las cifras deben analizarse considerando las diferencias entre las entidades que realizan el seguimiento. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas, en su informe con corte al 26 de septiembre de 2026, registró 501 asesinatos de antiguos integrantes de las FARC desde la firma del acuerdo. También documentó 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas.
La diferencia entre los dos balances no significa necesariamente que alguno sea incorrecto. Las entidades pueden utilizar fechas de corte, criterios de verificación y procedimientos de registro distintos. Por esa razón, las cifras deben atribuirse a sus respectivas fuentes y no sumarse entre sí.
El informe de Naciones Unidas también señaló que durante 2025 fueron verificados 45 homicidios de excombatientes, 10 tentativas de asesinato y 13 desapariciones forzadas. En el periodo comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026, la Misión verificó ocho asesinatos adicionales, con lo que el total de ese año llegó a 13 para el corte reportado.
Estos registros muestran que los riesgos no se limitan a los homicidios. Las desapariciones, los desplazamientos y las amenazas también afectan la posibilidad de que los firmantes permanezcan en sus comunidades y desarrollen sus proyectos de vida.
Los territorios donde la reincorporación enfrenta mayores obstáculos
Uno de los escenarios más complejos ha sido el Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre organizaciones armadas han provocado desplazamientos, confinamientos y asesinatos.
Según el balance del Instituto Kroc citado por El Espectador, durante 2025 la situación de seguridad de los firmantes en esa región dejó seis asesinatos, seis desapariciones forzadas, 218 personas desplazadas y 183 confinadas.
Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander también aparecen entre los territorios afectados por diferentes expresiones de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas vinculadas a la implementación del acuerdo.
La presencia de grupos armados, las disputas por las economías ilegales y las limitaciones de la institucionalidad en zonas rurales dificultan la protección de quienes dejaron las armas.
El problema no se limita a la seguridad física. Las amenazas pueden provocar que los firmantes abandonen sus tierras, suspendan sus actividades productivas o se trasladen a otras regiones, debilitando los procesos de reincorporación y la estabilidad de sus familias.
La reincorporación también depende de oportunidades económicas
La protección de los firmantes no puede depender exclusivamente de los esquemas individuales de seguridad. El proceso requiere acceso a vivienda, tierras, educación, atención en salud, proyectos productivos y oportunidades de empleo que permitan construir una vida estable en la legalidad.
El Instituto Kroc, encargado de realizar seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, señaló que con corte a noviembre de 2025 el 51 % de las disposiciones correspondientes al punto 3, relacionado con el fin del conflicto, había sido completado. Otro 19 % se encontraba en estado intermedio, el 21 % en estado mínimo y el 8 % todavía no había comenzado.
El informe identificó avances en el acceso a tierras, vivienda, sostenibilidad de proyectos productivos y acceso al crédito. Sin embargo, advirtió que los problemas de seguridad continúan amenazando la sostenibilidad de esos esfuerzos.
Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señaló que uno de los principales problemas ha sido la insuficiente presencia integral del Estado en los territorios. Según su análisis, el despliegue institucional no ha avanzado al mismo ritmo que la dejación de armas, especialmente en materia de justicia, inversión social, acceso a tierras y fortalecimiento comunitario.
La reincorporación, por tanto, no puede medirse únicamente por el número de personas que abandonaron las armas. También debe evaluarse por su capacidad para permanecer en los territorios sin amenazas y acceder a condiciones que hagan viable su vida civil.
La Defensoría prepara una audiencia nacional sobre el acuerdo
La defensora Iris Marín anunció que el 11 de noviembre de 2026 se realizará una audiencia defensorial para examinar los avances, dificultades y desafíos del Acuerdo Final de Paz.
Al encuentro fueron convocadas autoridades del Estado, representantes de las víctimas, firmantes del acuerdo y los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, quienes estuvieron al frente de diferentes etapas relacionadas con su firma e implementación.
El propósito será abrir un espacio de discusión sobre las responsabilidades institucionales y los compromisos pendientes, así como escuchar a las comunidades que han vivido las consecuencias de la violencia y las dificultades de la reincorporación.
La audiencia también representa una oportunidad para revisar los mecanismos de protección y las políticas que deben garantizar que los antiguos combatientes puedan continuar su tránsito hacia la vida civil.
Una paz que necesita garantías para sostenerse
El asesinato de 521 firmantes, según el balance de la Defensoría, plantea una pregunta que Colombia todavía no ha logrado resolver: ¿cómo garantizar que quienes decidieron dejar las armas puedan vivir sin temor a ser perseguidos por esa decisión?
La dejación de armas fue uno de los resultados más importantes del acuerdo de 2016. Sin embargo, su sostenibilidad depende de que el Estado garantice condiciones reales de seguridad, justicia, oportunidades económicas y presencia institucional en los territorios.
La responsabilidad no recae únicamente en las instituciones encargadas de proteger a cada persona amenazada. También exige acciones contra las estructuras armadas que controlan comunidades, financian actividades ilegales y buscan impedir la consolidación de alternativas económicas legales.
A casi diez años de la firma, el desafío consiste en evitar que la reincorporación se convierta en una promesa sin garantías. La construcción de paz no termina cuando se entregan las armas: requiere que quienes eligieron la vida civil puedan permanecer en ella.