Cerca de 500 indígenas abandonan sus territorios por violencia armada en Chocó
La Defensoría del Pueblo pidió atención humanitaria urgente, protección y transporte seguro para las familias desplazadas hacia Jurubirá y Nuquí.
Alrededor de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, ubicada en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí, Chocó, tuvieron que abandonar sus hogares el domingo 1 de noviembre ante el temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo alertó sobre la emergencia humanitaria y solicitó a las autoridades garantizar atención inmediata y condiciones de seguridad para las familias desplazadas.
Entre las personas afectadas se encuentran niñas, niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales. De acuerdo con la información conocida por la entidad, la comunidad permanece temporalmente en Jurubirá, un territorio habitado por población afrodescendiente, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal de Nuquí.
La situación ha generado preocupación por las condiciones en las que se encuentran las familias, así como por las dificultades para garantizar su movilidad y acceso a servicios básicos. La Defensoría pidió que se les suministre alimentación, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal digno, con un enfoque que respete sus particularidades culturales y étnicas.
Una disputa territorial que agrava la situación de seguridad
Según la Defensoría del Pueblo, la emergencia está relacionada con la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo armado conocido como Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La entidad advirtió que el desplazamiento ocurrió apenas dos días después de que alertara sobre el agravamiento de las condiciones de seguridad en el sector de Villa Nueva. En ese contexto, se había conocido el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que incrementaron el temor de los habitantes.
La situación también genera preocupación por el riesgo de que la violencia se extienda a otras poblaciones cercanas. De acuerdo con la información recibida por la Defensoría, cerca de 300 personas de la comunidad de Puerto Indio estarían evaluando abandonar sus territorios debido a las condiciones de inseguridad.
Ante este panorama, el organismo pidió adoptar medidas preventivas para evitar nuevos desplazamientos y proteger a las comunidades que todavía permanecen en sus hogares.
La atención humanitaria, una necesidad inmediata
La Defensoría hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para coordinar una respuesta que permita atender a las familias desplazadas. Entre las medidas solicitadas se encuentran la activación de las rutas de atención a víctimas, la coordinación de transporte fluvial y la implementación de mecanismos de protección que permitan realizar traslados seguros cuando las condiciones de navegación y seguridad lo hagan posible.
Asimismo, solicitó trabajar conjuntamente con las autoridades indígenas y las comunidades receptoras para garantizar que la asistencia llegue de manera oportuna y respete las necesidades de la población afectada.
La entidad informó que mantiene presencia institucional en Nuquí para realizar labores de seguimiento, verificación y articulación con las autoridades competentes.
Proteger a las comunidades y evitar nuevos desplazamientos
La situación de Villa Nueva vuelve a evidenciar el impacto del conflicto armado sobre las comunidades étnicas del Pacífico colombiano. Más allá de las disputas territoriales entre estructuras ilegales, son las familias, sus niños, sus mayores y sus autoridades tradicionales quienes enfrentan las consecuencias de abandonar sus hogares y formas de vida.
La respuesta institucional deberá ir más allá de la atención inmediata y garantizar condiciones de protección que permitan evitar nuevos desplazamientos y salvaguardar los derechos de quienes permanecen en sus territorios.
La prioridad es que estas comunidades puedan vivir sin temor, conservar sus territorios y desarrollar sus actividades cotidianas sin que la violencia siga condicionando su futuro.