El desafío del agua potable en Colombia
El acceso a agua apta para el consumo humano continúa siendo un desafío para cientos de municipios colombianos. Las dificultades de tratamiento, infraestructura y vigilancia sanitaria afectan especialmente a comunidades rurales. Canva - Imagen de Referencia

Una investigación publicada el 2 de noviembre por Caracol Radio reveló que 506 de los 1.006 municipios que contaban con vigilancia sanitaria en Colombia registraron problemas de calidad del agua durante 2024. Los resultados, obtenidos a partir de información del Instituto Nacional de Salud (INS), evidencian las dificultades que todavía enfrenta el país para garantizar el acceso a agua potable, especialmente en las zonas rurales.

De acuerdo con el análisis, en 250 municipios el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) registró niveles de riesgo medio, alto o inviable sanitariamente. En tres localidades —Zaragoza, en Antioquia; San Benito, en Santander; y Tadó, en Chocó— la clasificación alcanzó el nivel más crítico: agua inviable sanitariamente.

El panorama resulta especialmente preocupante en Zaragoza, donde el indicador pasó de 47,4 % en 2020 a 96,5 % en 2024. Esta evolución refleja un deterioro significativo en la calidad del agua vigilada durante ese periodo y plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta de las autoridades responsables de garantizar el servicio.

Los vacíos de vigilancia también generan preocupación

La investigación identificó que 89 municipios que habían reportado información en mediciones anteriores no registraron datos durante 2024. Chocó presenta uno de los vacíos más importantes: de los 24 municipios que han tenido vigilancia, solamente cuatro contaron con seguimiento del agua durante ese año. También se identificaron 19 municipios sin información en Nariño y nueve en Cauca.

La situación es todavía más compleja en las zonas rurales. Según el análisis, 105 municipios presentaron niveles de riesgo alto o inviable sanitariamente en el agua rural, mientras que en 587 municipios no se midió su calidad en esta área. Esta ausencia de información dificulta conocer con precisión las condiciones en las que las comunidades rurales reciben y consumen el recurso.

El Instituto Nacional de Salud señaló que los resultados del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua no permiten determinar, por sí solos, cuántas personas consumen agua en esas condiciones. Por esta razón, aunque las cifras permiten identificar la extensión territorial del problema, no establecen el número exacto de habitantes afectados.

¿Qué significa que el agua tenga riesgo?

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) es el instrumento utilizado para evaluar si el agua cumple las condiciones físicas, químicas y microbiológicas necesarias para ser considerada apta para el consumo humano.

Según la clasificación establecida en la normativa colombiana, un resultado entre 0 y 5 % corresponde a agua sin riesgo; entre 5,1 y 14 % representa riesgo bajo; entre 14,1 y 35 % indica riesgo medio; entre 35,1 y 80 % corresponde a riesgo alto, y entre 80,1 y 100 % se considera inviable sanitariamente.

Esta clasificación permite comprender que no todos los municipios presentan la misma gravedad. Sin embargo, cualquier resultado superior al 5 % implica que el agua no cumple plenamente los parámetros establecidos para considerarse apta para el consumo humano.

Un desafío que va más allá de la cobertura

Los resultados vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los sistemas de acueducto, mejorar los procesos de tratamiento y ampliar la vigilancia sanitaria, especialmente en las comunidades rurales y en los territorios donde persisten dificultades de infraestructura.

Garantizar el acceso al agua potable no consiste únicamente en disponer de fuentes hídricas o redes de distribución. También exige asegurar que el recurso llegue a los hogares en condiciones adecuadas para proteger la salud y la calidad de vida de la población.

El desafío para las autoridades nacionales y territoriales será convertir los diagnósticos en acciones concretas, cerrar las brechas de información y garantizar que el acceso al agua segura sea una realidad para todas las comunidades del país.