¡Escándalo en la Procuraduría! Cuestionan a delegado por su pasado judicial
El documento solicitó información sobre funciones, cargas de trabajo y procesos pendientes; el caso reavivó cuestionamientos por antecedentes relacionados con una investigación de la Fiscalía.
Un memorando firmado por Robinson Sanabria Baracaldo generó malestar entre funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. El documento solicita información detallada sobre las cargas laborales, funciones y asuntos pendientes de los trabajadores de su dependencia. Además, su nombre vuelve a estar bajo cuestionamiento por un episodio ocurrido en 2017, relacionado con una investigación de la Fiscalía.
Una nueva controversia sacude a la Procuraduría General de la Nación luego de que un memorando firmado por Robinson Sanabria Baracaldo, procurador delegado con Funciones Mixtas para la Conciliación Administrativa, provocara inconformidad entre funcionarios de la entidad.
La información, revelada señala que el funcionario expidió el pasado 3 de noviembre el memorando número 13, dirigido a procuradores judiciales de primera y segunda instancia, sustanciadores, auxiliares ad honorem y demás integrantes de las dependencias bajo su dirección.
El documento tenía como propósito conocer la situación laboral y operativa del personal adscrito a su despacho. Sin embargo, la solicitud generó cuestionamientos internos por el alcance de la información requerida y las facultades del delegado para solicitarla.
¿Qué información exigió el funcionario?
Entre los datos solicitados se encontraban los nombres completos de los trabajadores, las dependencias a las que pertenecen, las funciones que desempeñan y la carga laboral que tienen actualmente.
También pidió un reporte de los procesos y asuntos pendientes por resolver, sus respectivas fechas de vencimiento, las situaciones especiales de cada servidor y si alguno de ellos desarrolla actividades para otras delegadas de la Procuraduría.
El memorando estableció como plazo máximo el miércoles 4 de noviembre a las 4:00 de la tarde para entregar la información mediante correo electrónico.
La solicitud habría generado incomodidad entre algunos funcionarios, quienes cuestionaron la necesidad y el alcance de este requerimiento. dentro de la entidad existiría preocupación por el tipo de información solicitada y por las funciones que tendría el delegado para exigir esos reportes.
Reviven controversia por su pasado en la Fiscalía
La polémica también volvió a poner sobre la mesa un episodio ocurrido en 2017, cuando Robinson Sanabria estuvo relacionado con un escándalo durante la administración del entonces fiscal general Eduardo Montealegre.
El caso estaba relacionado con una supuesta orden impartida a nombre del exfiscal para impedir un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Cartagena.
Por este episodio, Sanabria tuvo que rendir declaración ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el proceso prescribió en 2024, después de una solicitud de la Fiscalía.
Es importante precisar que la prescripción del proceso no equivale a una condena ni permite afirmar que el funcionario haya sido declarado responsable penalmente por esos hechos.
Su nombre también había generado cuestionamientos por la UIAF
Otro antecedente que volvió a tomar relevancia fue la controversia que se presentó en febrero de 2026 alrededor de un posible vínculo de Sanabria con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
En ese momento, SEMANA informó que su eventual llegada como asesor de esa entidad, durante la dirección de Jorge Lemus, había despertado cuestionamientos debido a su vinculación con el episodio ocurrido en la Fiscalía en 2017.
Posteriormente, Sanabria llegó a ocupar un cargo como procurador delegado, situación que nuevamente puso su trayectoria bajo el escrutinio público.
La tensión interna aumenta tras decisiones de la Procuraduría
La controversia por el memorando se conoce pocos días después de que el procurador general, Gregorio Eljach, solicitara la renuncia a los procuradores delegados.
A este panorama se sumaron denuncias de organizaciones sindicales sobre presuntos despidos masivos de funcionarios vinculados en provisionalidad, decisiones que también han generado inquietud dentro de la institución.
Por ahora, la solicitud de información firmada por Robinson Sanabria continúa siendo motivo de cuestionamientos entre algunos funcionarios, mientras la discusión se centra en el alcance de las facultades de los delegados y los cambios administrativos que atraviesa la Procuraduría.
El caso vuelve a poner bajo el foco público a la entidad encargada de vigilar la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas y garantizar el cumplimiento de las responsabilidades disciplinarias en Colombia.