Cancillería detecta 367 contratos con objetos idénticos y diferencias de hasta cuatro veces en sus valores
El Ministerio reportó contratos con actividades repetidas, diferencias de valor y una alta concentración de procesos antes de las restricciones de la Ley de Garantías.
Una revisión interna de la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores puso bajo observación cientos de contratos celebrados durante 2026. La Cancillería informó que, tras examinar 811 contratos por un valor cercano a $92.846 millones, identificó actividades repetidas, objetos contractuales idénticos con diferencias importantes en sus valores y operaciones que considera atípicas. Entre los casos reportados figura un contrato de $2.839 millones con un plazo de ejecución de apenas dos días.
Los resultados fueron divulgados el 5 de octubre de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que inició la revisión el 7 de agosto, después del cambio de administración. El objetivo anunciado fue verificar la documentación contractual y examinar el uso de los recursos públicos comprometidos durante el año.
Según el informe, 551 de los 811 contratos examinados contenían actividades repetidas o altamente similares. Dentro de ese grupo, 367 presentaban objetos contractuales idénticos, aunque registraban valores económicos diferentes. En algunos casos, las diferencias entre contratos con el mismo objeto alcanzaban hasta cuatro veces.
La coincidencia de objetos contractuales no demuestra por sí sola una irregularidad. Distintas dependencias pueden necesitar servicios semejantes y contratar proveedores diferentes. Sin embargo, las diferencias significativas de precio y la repetición de actividades hacen necesario revisar los estudios previos, las condiciones de ejecución, los entregables y las justificaciones económicas de cada proceso.
Un contrato de $2.839 millones para ejecutarse en dos días
Uno de los casos que más atención recibió fue un contrato registrado por $2.839 millones y con un plazo de ejecución de solamente dos días.
La Cancillería lo incluyó entre las operaciones atípicas detectadas durante su revisión. La duración y el valor del contrato plantean preguntas sobre el objeto contratado, los servicios incluidos, los criterios utilizados para establecer el precio y la forma en que se verificó su cumplimiento.
La entidad también reportó otro contrato registrado por un valor de cero pesos, pero con un plazo de ejecución que se extendía hasta 2028. Este tipo de registro requiere examinar el alcance del acuerdo, sus condiciones económicas y la naturaleza de las obligaciones pactadas antes de concluir que existió una irregularidad.
Para determinar si hubo sobrecostos, duplicidad de funciones o incumplimientos, será necesario consultar los expedientes completos y contrastar los valores contratados con los servicios efectivamente prestados.
La concentración de contratos antes de la Ley de Garantías
Otro punto relevante de la revisión tiene que ver con las fechas de celebración de los contratos.
La Cancillería informó que 227 contratos fueron suscritos el 30 de enero de 2026, por un valor conjunto de $21.137 millones. Esa fecha corresponde al día anterior al inicio de la vigencia de las restricciones de contratación establecidas por la Ley de Garantías Electorales.
De acuerdo con el reporte, esos 227 contratos representaban el 28,1 % de la contratación del año analizada por la entidad. Además, 101 contratos fueron suscritos durante fines de semana y el 53,4 % de la contratación anual se concentró en las semanas previas al comienzo de las restricciones electorales.
La proximidad de las fechas merece revisión, pero no constituye por sí misma una infracción. La Ley de Garantías establece restricciones específicas a determinadas modalidades de contratación durante los periodos electorales; por eso, para establecer si hubo incumplimientos, es necesario verificar las fechas, la modalidad utilizada y las excepciones legales aplicables a cada proceso.
El 99,6 % de los contratos fue celebrado mediante contratación directa
La auditoría también encontró que el 99,6 % de los contratos revisados fue adjudicado mediante contratación directa, sin procesos competitivos de selección.
Esta modalidad está contemplada en la legislación colombiana y puede utilizarse cuando se cumplen las causales y requisitos establecidos. Por tanto, el porcentaje reportado no significa que todos esos contratos sean ilegales.
No obstante, una concentración tan elevada hace necesario examinar las razones que justificaron la selección de esta modalidad, la documentación de los estudios previos y la existencia de condiciones que permitieran garantizar la transparencia y la eficiencia del gasto.
La discusión no se limita a determinar si se cumplió un requisito formal. También busca establecer si las decisiones de contratación respondieron a necesidades reales de la entidad y si los precios y servicios contratados tuvieron una justificación técnica y económica suficiente.
Diecinueve contratos fueron remitidos a la Contraloría
La Cancillería informó que identificó otros 19 contratos con observaciones por aproximadamente $100.164 millones, cuyos expedientes fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su evaluación.
Esta cifra debe diferenciarse de los $92.846 millones correspondientes al universo inicial de 811 contratos revisados. Los $100.164 millones representan el valor total de los 19 contratos observados y no constituyen, por sí mismos, un daño patrimonial demostrado.
La Contraloría deberá determinar si existen elementos que justifiquen una actuación de control fiscal y si se produjo alguna afectación a los recursos públicos. La Procuraduría y la Fiscalía también podrían intervenir cuando los hallazgos correspondan a sus respectivas competencias.
La Cancillería señaló que continuará verificando la documentación y que los casos que cuenten con sustento suficiente podrán ser trasladados a los organismos de control correspondientes.
Las preguntas que siguen abiertas
La revisión deja varios asuntos pendientes de explicación: por qué cientos de contratos compartían objetos idénticos, cómo se justificaron las diferencias de valor, qué servicios comprendía el contrato de $2.839 millones y cuáles fueron las razones para concentrar una parte importante de la contratación en la fecha previa a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
También será necesario conocer las respuestas de los contratistas y funcionarios involucrados, así como los resultados de las verificaciones de los organismos de control.
El caso refleja la importancia de que la contratación pública no solo cumpla con los procedimientos legales, sino que pueda demostrar la necesidad de cada gasto, la razonabilidad de sus costos y la entrega efectiva de los bienes o servicios contratados.
Por ahora, los datos divulgados por la Cancillería constituyen hallazgos preliminares. La determinación de eventuales responsabilidades y de un posible daño al patrimonio público dependerá de las pruebas, las explicaciones de los involucrados y las conclusiones de las autoridades competentes.