Armada invierte $5.000 millones en antidrones en medio de cuestionamientos a millonario contrato
Los equipos C-UAS deberán detectar, rastrear y neutralizar aeronaves no tripuladas empleadas en posibles ataques contra la Fuerza Pública.
La Armada Nacional adjudicó un contrato por 5.000 millones de pesos para adquirir sistemas antidrones que serán destinados a unidades militares en Bogotá y Puerto Leguízamo, Putumayo. La compra busca fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares frente a las amenazas que representan los ataques con aeronaves no tripuladas, utilizadas por grupos armados ilegales.
La contratación se conoce en un momento de creciente preocupación por el uso de drones cargados con explosivos en acciones contra la Fuerza Pública. Según la justificación presentada por la institución, los equipos permitirán enfrentar amenazas provenientes de organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc, grupos delincuenciales organizados y estructuras de delincuencia común.
Sistemas para detectar y neutralizar drones
De acuerdo con la documentación conocida por SEMANA, la Armada considera prioritaria la adquisición de sistemas C-UAS, tecnología especializada en detectar, identificar, rastrear y mitigar aeronaves no tripuladas que puedan representar un riesgo para la seguridad.
Estos equipos están diseñados para proteger instalaciones militares, infraestructura crítica y al personal uniformado, además de reducir los riesgos para la población civil ante posibles ataques aéreos con drones.
La institución argumentó que la adquisición responde a las nuevas dinámicas del conflicto armado colombiano, en las que los grupos criminales han incorporado tecnologías no tripuladas para ejecutar ataques y afectar las operaciones de las Fuerzas Militares.
El contrato contempla la adquisición de los sistemas por un valor de 5.000 millones de pesos. El contratista deberá entregar los equipos antes de finalizar 2026.
Codaltec, en el centro de los cuestionamientos
Uno de los aspectos que genera atención alrededor de esta contratación es la participación de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec), empresa vinculada al Ministerio de Defensa, a la que la Armada adjudicó el contrato para gestionar la adquisición de los sistemas.
La compañía ya había sido objeto de cuestionamientos por parte de la Contraloría General de la República, que, criticó su papel como intermediaria en procesos de compra de drones y antidrones, al señalar inquietudes relacionadas con su experiencia en ese segmento.
Además, el medio recordó que Codaltec había contratado anteriormente sistemas antidrones para el Ejército, destinados a operaciones en el Catatumbo, Norte de Santander, sobre los cuales se reportaron problemas de funcionamiento.
Este antecedente vuelve a poner bajo la lupa los procesos de adquisición de tecnología militar y la necesidad de garantizar que los recursos públicos se traduzcan en equipos eficientes y adecuados para las necesidades operacionales de la Fuerza Pública.
Una compra en medio de nuevas amenazas contra la Fuerza Pública
La adquisición se produce en un escenario en el que las Fuerzas Militares enfrentan amenazas cada vez más sofisticadas por parte de organizaciones armadas ilegales. El uso de drones con explosivos se ha convertido en uno de los desafíos para las operaciones en diferentes regiones del país.
Por esta razón, la Armada sostiene que contar con tecnología capaz de detectar y neutralizar estas aeronaves es fundamental para proteger a sus unidades y fortalecer la seguridad de instalaciones estratégicas.
Ahora, el cumplimiento del contrato y la entrega oportuna de los equipos serán determinantes para establecer si la inversión de 5.000 millones de pesos responde efectivamente a las necesidades de defensa y seguridad que justificaron la adquisición.