Campesinos denuncian amenazas tras recibir tierras en Valledupar
Los habitantes de la finca La Alquería piden protección y avances en la formalización de sus derechos sobre las tierras recuperadas por el Estado.
Unas 77 familias campesinas que habitan en la finca La Alquería, ubicada en la zona rural de Valledupar, Cesar, denunciaron amenazas, intimidaciones y presiones para abandonar los terrenos que recibieron del Estado en el marco de la reforma agraria. Las familias aseguran que las advertencias han afectado su tranquilidad y sus actividades agrícolas, mientras reclaman garantías para permanecer en el predio y avanzar en la formalización de sus derechos sobre la tierra.
La situación fue documentada por la agencia internacional EFE el 13 de noviembre, a partir de testimonios de representantes de organizaciones campesinas y de mujeres rurales. Según el reporte, los habitantes señalan que las intimidaciones estarían dirigidas tanto contra las familias como contra sus dirigentes. Salvador Lara Hernández, representante de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar, afirmó que las presiones han llegado a afectar a su entorno familiar y denunció que dejaron bolsas mortuorias en la vivienda de sus hijas.
La finca La Alquería tiene una extensión de 466 hectáreas y está situada en el corregimiento de Aguas Blancas, en Valledupar. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) informó el 22 de mayo de 2026 que recuperó el predio y realizó su entrega a 64 familias campesinas que habían reclamado durante años el acceso a esas tierras. La entidad señaló que el terreno había permanecido en poder de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como alias "Comandante Barbie", vinculado por las autoridades a estructuras paramilitares.
Sin embargo, los reportes periodísticos publicados en noviembre hablan de aproximadamente 77 familias que actualmente habitan el terreno. Esta diferencia entre las cifras divulgadas por la ANT al momento de la entrega y las mencionadas por los representantes comunitarios en los reportes recientes requiere una aclaración institucional.
Denuncian presiones que afectan los cultivos
Entre las situaciones denunciadas se encuentran advertencias para que los campesinos no siembren ni inviertan recursos en sus parcelas. Mayelis Mendoza, representante de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas, aseguró que algunas personas a quienes identifican como trabajadores de los antiguos ocupantes les han manifestado que el predio todavía pertenecería a sus anteriores propietarios y que tendrían que devolverlo.
Mendoza también denunció cortes en los alambrados que delimitan las parcelas, situación que permitiría el ingreso de ganado y ocasionaría daños en cultivos de maíz, yuca, patilla, caña y plátano. Por su parte, Fabián Carrillo, director ejecutivo de la misma organización, afirmó que han recibido mensajes en los que les advierten que no trabajen la tierra porque podrían perder las cosechas si el terreno regresa a manos de sus antiguos ocupantes.
Las denuncias generan preocupación entre las familias, que consideran la actividad agrícola como su principal medio de sustento y una oportunidad para construir estabilidad económica después de años de reclamaciones por el acceso a la tierra.
Un proceso de recuperación de tierras bajo seguimiento
La recuperación de La Alquería se enmarca en la política de acceso a tierras impulsada por el Estado para beneficiar a comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado. De acuerdo con la información publicada por la ANT en mayo, la entrega del predio buscaba facilitar el desarrollo de proyectos agropecuarios y fortalecer la producción de alimentos en la región.
No obstante, las denuncias recientes plantean interrogantes sobre las condiciones de seguridad de los beneficiarios y las garantías necesarias para que puedan desarrollar sus actividades productivas. La situación también pone de relieve la importancia de avanzar en los procedimientos de formalización de la propiedad y de establecer mecanismos de protección para las comunidades rurales.
Durante un debate de control político realizado el 27 de octubre, el senador Iván Cepeda había advertido sobre las presiones que, según sus declaraciones, estarían enfrentando las familias asentadas en el predio. Posteriormente, solicitó a las autoridades competentes adoptar medidas para proteger a la comunidad.
Hasta la publicación de los reportes consultados no se había documentado una respuesta oficial de las autoridades que permitiera establecer qué medidas concretas de protección se habían adoptado frente a estas nuevas denuncias. Tampoco se había establecido judicialmente la identidad de los responsables de las intimidaciones.
Mientras esperan garantías para permanecer en el terreno, las familias continúan desarrollando sus actividades agrícolas. Sus representantes solicitan protección para los habitantes y dirigentes comunitarios, así como avances en la formalización de sus derechos sobre la tierra.
El caso de La Alquería evidencia que la recuperación y entrega de predios constituye apenas una parte del desafío de la política agraria: garantizar condiciones de seguridad, estabilidad jurídica y acompañamiento institucional para que las comunidades puedan permanecer en el territorio y convertir la tierra en una fuente sostenible de trabajo y sustento.