Polémica en el ICANH: Gobierno reversa cambios y nombramientos
La modificación habilitó perfiles de Derecho, Administración y Economía, pero fue anulada tras cuestionamientos sobre la consulta sindical y la idoneidad profesional.
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) quedó en el centro de una controversia administrativa y política después de que se conocieran modificaciones a su manual de funciones que ampliaron los perfiles profesionales habilitados para ocupar ocho cargos directivos. La decisión, adoptada mediante la Resolución 1589 del 2 de octubre de 2026, permitió incluir profesionales del Derecho, Administración y Economía en posiciones que anteriormente contemplaban principalmente disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades.
La controversia aumentó luego de que se conociera que varios aspirantes habían avanzado en sus procesos de selección bajo los nuevos requisitos. Entre ellos estaba Camilo Noguera Pardo, cuya designación como director del instituto fue posteriormente revocada por decisión presidencial. También figuraba José Hernán Muriel Ciceri, abogado cuyo perfil había sido avalado para la Subdirección de Investigación y Producción Científica.
El cambio del manual fue firmado por Javier Estrada, quien se desempeñaba como director encargado del ICANH. La modificación amplió las opciones de formación académica para ocho posiciones de nivel directivo: asesores de la Dirección General y de los centros regionales Caribe, Pacífico y Amazonía-Orinoquía, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y los tres subdirectores técnicos.
En seis de esos cargos también se habilitaron profesionales de Administración y Economía, además de los perfiles jurídicos. La entidad había argumentado que las responsabilidades directivas no se limitan a la investigación científica, sino que también incluyen gestión administrativa, manejo presupuestal, protección jurídica y sostenibilidad financiera.
Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos entre investigadores, académicos y organizaciones del sector, debido a que el ICANH tiene entre sus principales responsabilidades la investigación, protección y divulgación del patrimonio antropológico, arqueológico e histórico de Colombia.
La Asociación Colombiana de Antropología expresó preocupaciones sobre la idoneidad de los perfiles seleccionados y advirtió sobre los posibles efectos que estos nombramientos podrían tener en la autonomía científica y la orientación técnica de la institución. Uno de los puntos más cuestionados fue la posibilidad de que un abogado asumiera la dirección de la Subdirección de Investigación y Producción Científica sin contar con formación específica en las disciplinas centrales de esa dependencia.
A los cuestionamientos profesionales se sumó una discusión sobre el procedimiento utilizado para modificar el manual. El artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que las entidades públicas deben adelantar un proceso de consulta con las organizaciones sindicales antes de publicar las modificaciones de sus manuales de funciones, escuchar sus observaciones y dejar constancia del procedimiento.
Según la investigación publicada por CAMBIO, la Resolución 1589 fue expedida el 2 de octubre y la socialización con el sindicato del instituto se realizó posteriormente, cuando el proceso de selección ya había avanzado. La publicación de la nueva versión del manual en la página institucional también habría ocurrido casi un mes después de su expedición.
El 9 de noviembre, la dirección encargada del ICANH expidió una nueva resolución que dejó sin efecto las modificaciones realizadas en octubre. De acuerdo con la reconstrucción documental de CAMBIO, la decisión se fundamentó en que no se había adelantado previamente el procedimiento de consulta con la organización sindical, como lo exige la normativa aplicable.
La controversia llegó a la Presidencia de la República. El 11 de noviembre, el Gobierno informó que el presidente Abelardo de la Espriella decidió revocar la designación de Camilo Noguera Pardo como director del ICANH y disponer la salida inmediata de Javier Estrada, quien había firmado la modificación del manual.
El mandatario sostuvo que la autonomía administrativa del instituto, por estar adscrito al Ministerio de Cultura, no lo exime del cumplimiento de los procedimientos institucionales ni permite modificar requisitos para favorecer nombramientos particulares. También señaló que las decisiones administrativas deben desarrollarse bajo criterios de legalidad y transparencia.
No obstante, la salida de estos funcionarios no resuelve automáticamente todos los cuestionamientos sobre los procesos de selección adelantados bajo el manual modificado. Uno de los asuntos pendientes es establecer qué ocurrirá con otros perfiles que habían sido avalados durante el proceso y si las decisiones adoptadas posteriormente dejaron sin efecto los nombramientos o designaciones relacionados con esas modificaciones.
El episodio plantea un debate más amplio sobre la dirección de las instituciones científicas y culturales del país. Aunque los cargos directivos incluyen responsabilidades administrativas y financieras, también deben responder a la naturaleza misional de las entidades y garantizar que las decisiones técnicas estén respaldadas por competencias profesionales pertinentes.
El futuro del ICANH dependerá ahora de la designación de nuevas directivas, la aplicación de los procedimientos administrativos correspondientes y la recuperación de la confianza de las comunidades académicas y científicas. Más allá de los cambios en los nombres de quienes ocupan los cargos, el desafío será garantizar que la institución mantenga su capacidad de investigar, proteger y divulgar el patrimonio histórico y cultural colombiano.