¡Corte Constitucional avala la emergencia económica, pero le pone freno a De la Espriella!
La Sala Plena restringió la aplicación territorial de las medidas, exigió justificar los gastos y ordenó recalcular los recursos destinados a la atención y reconstrucción.
La Corte Constitucional tomó una decisión clave sobre la emergencia económica, social y ecológica decretada por el presidente Abelardo de la Espriella para atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. La Sala Plena avaló la declaratoria, pero condicionó su aplicación y estableció restricciones al uso de los recursos y las facultades extraordinarias del Ejecutivo.
La determinación se conoció este miércoles 11 de noviembre y fue aprobada por siete votos contra uno, bajo la ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. La decisión quedó consignada en la Sentencia C-366 de 2026, mediante la cual se revisaron los decretos 1261 del 19 de agosto y 1348 del 31 de agosto.
Con este fallo, el Gobierno conserva las herramientas extraordinarias para atender la calamidad, pero deberá demostrar que cada medida y cada gasto estén directamente relacionados con los daños ocasionados por el terremoto y sus réplicas.
La emergencia solo podrá cubrir los municipios afectados
Uno de los principales condicionamientos de la Corte tiene que ver con el alcance territorial de la declaratoria.
El alto tribunal determinó que las medidas extraordinarias únicamente podrán aplicarse en los municipios que registraron afectaciones por el terremoto, de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esto significa que no bastará con que una población pertenezca a alguno de los departamentos incluidos inicialmente en la emergencia. Para extender las medidas a otros municipios será necesario demostrar, mediante soportes técnicos, que también sufrieron consecuencias del fenómeno natural.
La decisión busca evitar que los recursos y las facultades excepcionales se utilicen en territorios que no tengan una afectación comprobada.
Gobierno no podrá utilizar la emergencia para resolver problemas anteriores
Otro de los puntos centrales del fallo es que el Ejecutivo no podrá aprovechar la declaratoria para solucionar problemas estructurales que existían antes del terremoto.
La Corte hizo especial énfasis en el sistema penitenciario y carcelario, al señalar que las facultades extraordinarias no pueden utilizarse para atender dificultades que ya estaban presentes antes del 10 de agosto de 2026.
En cuanto a las obras de reconstrucción, el tribunal estableció que podrán adelantarse mediante estas facultades únicamente cuando el Gobierno demuestre que los mecanismos ordinarios son insuficientes y que las intervenciones están directamente relacionadas con la recuperación de las zonas afectadas.
El propósito es garantizar que las decisiones excepcionales respondan exclusivamente a las necesidades generadas por la calamidad.
Hacienda tendrá 20 días para recalcular los recursos
La Corte también estableció condiciones para controlar el dinero destinado a atender la emergencia.
El Ministerio de Hacienda tendrá un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación del comunicado de la decisión, para recalcular el costo de la emergencia y determinar cuánto dinero se necesita realmente para financiar las medidas de atención y recuperación.
Además, las entidades públicas que ordenen gastos extraordinarios deberán justificar, mediante actos administrativos, por qué no pueden utilizar los mecanismos ordinarios de financiación.
El Gobierno también tendrá que implementar un mecanismo de seguimiento independiente que permita conocer cómo se administran y ejecutan los recursos. Los organismos de control deberán contar con información permanente sobre los compromisos adquiridos y el destino de los dineros.
Corte exige un plan de recuperación a largo plazo
La decisión también incluye un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que adopte y ejecute un plan específico de recuperación de las zonas afectadas.
La Corte pidió que exista una planeación financiera de varios años que permita organizar las inversiones necesarias para recuperar la infraestructura, los servicios públicos, las viviendas y las actividades económicas de las comunidades damnificadas.
Este punto busca evitar que la respuesta estatal se limite a medidas inmediatas y garantizar que la reconstrucción tenga continuidad.
¿Qué significa la decisión para el Gobierno?
El fallo representa un respaldo constitucional a la declaratoria de emergencia, pero no significa que el Ejecutivo tenga libertad para utilizar recursos o expedir medidas sobre cualquier asunto económico.
Por el contrario, deberá demostrar la relación directa entre cada decisión y las consecuencias del terremoto. Tampoco podrá utilizar las facultades extraordinarias para financiar el déficit fiscal ni para resolver problemas ajenos a la calamidad.
La emergencia fue decretada después del terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 300 personas fallecidas, miles de heridos y cerca de 800.000 afectados, según los balances divulgados por las autoridades.
Con esta decisión, el Gobierno podrá continuar con las medidas extraordinarias de atención y recuperación, pero bajo los controles y condiciones establecidos por la Corte Constitucional.