Ley de Rescate Económico enfrenta nuevos reparos en el Congreso
La colectividad cuestiona el impacto de los impuestos sobre los alimentos, los insumos agropecuarios y los pequeños comercios, y plantea aplazar la reducción del impuesto de renta empresarial.
El Partido Liberal anunció que presentará modificaciones al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, al considerar que algunas de sus disposiciones tributarias podrían aumentar el costo de vida, encarecer la producción agropecuaria y afectar a los pequeños comerciantes.
La posición fue divulgada el 10 de noviembre mediante un pronunciamiento de la Dirección Nacional y la bancada liberal, encabezada por César Gaviria. La colectividad cuestionó especialmente la propuesta de ampliar el IVA a determinados alimentos básicos y reducir gradualmente el impuesto de renta de las empresas.
El anuncio introduce nuevas diferencias dentro de la coalición de Gobierno y anticipa una discusión legislativa sobre quiénes deberían asumir una mayor proporción del ajuste fiscal que busca implementar el Ejecutivo.
Aunque el partido manifestó que reconoce la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, planteó que las medidas deben evitar trasladar nuevas cargas a los hogares de menores ingresos y a los sectores productivos.
El IVA a los alimentos, uno de los principales cuestionamientos
Uno de los puntos que concentra las diferencias es la propuesta de modificar el tratamiento tributario de productos que actualmente están excluidos del IVA o tienen una tarifa reducida del 5 %.
El proyecto contempla que, desde enero de 2028, determinados bienes pasen a estar gravados con la tarifa general del 19 %. Entre los productos mencionados se encuentran lentejas, fríjoles, garbanzos, sal, tomate, cebolla, zanahoria, algunas frutas, café tostado, azúcar, harinas, pastas y chocolate de mesa.
El Partido Liberal considera que esta modificación podría repercutir directamente en el presupuesto de los hogares, especialmente en aquellos que destinan una proporción importante de sus ingresos a la compra de alimentos.
La colectividad propuso conservar el tratamiento tributario actual de estos productos y revisar también los cambios previstos para los insumos agropecuarios.
La preocupación se extiende a fertilizantes, abonos, semillas, plaguicidas, maquinaria agrícola y sistemas de riego, debido a que un aumento de los costos de producción podría trasladarse a los precios finales de los alimentos.
La propuesta liberal busca que la protección de los productos esenciales se garantice desde su tratamiento tributario y no dependa exclusivamente de mecanismos posteriores de devolución de impuestos.
La discusión sobre los impuestos empresariales
Otro de los puntos cuestionados por la colectividad es la reducción gradual del impuesto de renta para las sociedades.
El proyecto gubernamental plantea disminuir la tarifa general del 35 % vigente al 33 % durante 2027 y al 31 % desde 2028.
Frente a esta propuesta, los liberales plantearon aplazar las reducciones empresariales y revisar los beneficios tributarios antes de aumentar la carga impositiva sobre el consumo de los hogares.
Según cálculos preliminares del partido, mantener las condiciones actuales de tributación empresarial, impuesto mínimo e impuesto al patrimonio permitiría preservar aproximadamente $11 billones anuales, en promedio, entre 2028 y 2030.
La colectividad aclaró que estas estimaciones deben contrastarse con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
El debate refleja dos objetivos fiscales que el Congreso deberá examinar: por un lado, la intención gubernamental de reducir la carga tributaria empresarial para incentivar la inversión; por otro, la preocupación de sectores políticos sobre la pérdida de recaudo que podría generar esa reducción en un momento de dificultades presupuestales.
EfectIVA y las dudas sobre las devoluciones del IVA
El Partido Liberal también cuestionó el mecanismo EfectIVA, propuesto por el Gobierno para devolver parte del impuesto al valor agregado a determinados hogares de menores ingresos.
La iniciativa busca compensar a las familias vulnerables por los efectos de los cambios tributarios mediante un sistema de devolución focalizada.
Sin embargo, la colectividad advirtió que los requisitos de identificación de beneficiarios, facturación electrónica y límites de devolución podrían dificultar que el dinero llegue oportunamente a quienes realizan sus compras en plazas de mercado, tiendas de barrio y pequeños establecimientos comerciales.
El partido considera que una compensación posterior no necesariamente garantiza que los hogares puedan asumir los mayores precios al momento de comprar alimentos.
Por esta razón, solicitó revisar los criterios de funcionamiento del mecanismo y establecer garantías para que las devoluciones sean suficientes y efectivas.
El comercio y las bebidas también entran en la discusión
Las diferencias de los liberales también incluyen las modificaciones tributarias previstas para bebidas alcohólicas y productos endulzados.
La colectividad manifestó preocupación por el posible impacto de los nuevos gravámenes sobre las tiendas de barrio, los distribuidores, los productores y las rentas departamentales.
Durante una entrevista con Blu Radio, el senador Álvaro Monedero explicó que la bancada también busca revisar la aplicación del IVA a compras internacionales de bajo valor realizadas mediante plataformas de comercio electrónico.
En este último punto, el congresista manifestó respaldo a medidas que permitan equilibrar las condiciones tributarias entre los comercios nacionales y las plataformas extranjeras.
La posición del partido no constituye un rechazo integral al proyecto. Su propuesta contempla respaldar algunos mecanismos de control y corrección de diferencias tributarias, mientras plantea modificaciones a las disposiciones que considera más sensibles para los consumidores y el aparato productivo.
El proyecto continúa su trámite legislativo
La iniciativa gubernamental fue radicada el 29 de octubre de 2026 ante la Cámara de Representantes, bajo el número 477 de 2026, y fue asignada a la Comisión Tercera Constitucional Permanente.
Su propósito general es estabilizar las finanzas públicas mediante la reducción del gasto, cambios tributarios, mecanismos de atracción de inversión y medidas para fortalecer el control de la evasión y el contrabando.
El proyecto deberá superar su discusión en el Congreso antes de convertirse en ley. Durante ese proceso, los congresistas podrán presentar proposiciones, modificaciones y textos alternativos.
El Partido Liberal anunció que llevará sus planteamientos al debate legislativo acompañados de análisis jurídicos, económicos y fiscales. Además, el senador Álvaro Monedero confirmó que la colectividad radicó una propuesta alternativa para modificar diferentes disposiciones de la iniciativa.
La discusión también involucra a otras bancadas, cuyos representantes han expresado reparos sobre los impuestos a los alimentos, las bebidas, los servicios y determinados sectores económicos.
Un debate sobre quién asume el ajuste fiscal
Las diferencias alrededor de la Ley de Rescate Económico evidencian que la discusión fiscal no se limita a determinar cuánto necesita recaudar el Estado, sino también cómo se distribuyen las nuevas cargas y los beneficios tributarios.
El Gobierno busca fortalecer las finanzas públicas y estimular la inversión mediante una combinación de reducción del gasto, cambios en los impuestos y mecanismos de compensación para los hogares vulnerables.
El Partido Liberal, por su parte, propone modificar varios de esos instrumentos para proteger el consumo básico, mantener condiciones favorables para la producción agropecuaria y revisar los alivios tributarios empresariales.
El resultado de la discusión dependerá de los acuerdos que logren las bancadas y de los ajustes que se incorporen durante el trámite legislativo.
Por ahora, ninguna de las modificaciones tributarias propuestas ha entrado en vigor. El Congreso tendrá la última palabra sobre el contenido de la iniciativa y sobre el alcance de los cambios que finalmente podrían aplicarse a empresas, productores y consumidores colombianos.