Cervecerías artesanales alertan por el impacto de la reforma tributaria
El Proyecto de Ley 477 de 2026 propone cambiar el impuesto aplicable a las cervezas y podría afectar especialmente a los pequeños productores, aunque las tarifas aún no están vigentes.
La industria cervecera artesanal colombiana encendió las alarmas frente a los cambios tributarios incluidos en el Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico. Empresarios del sector advierten que la nueva estructura de impuestos podría elevar considerablemente los costos de producción y comercialización, reducir la competitividad de las pequeñas marcas y trasladar parte de la carga a los consumidores.
La preocupación se hizo pública el 6 de noviembre, durante una entrevista de Caracol Radio en la que participaron Diego Angelillis, gerente de la Industria Licorera de Caldas; Juan Martín González, presidente de Dislicores, y Alejandro Manotas, empresario y creador de la marca Menchas Beer.
Una de las advertencias más llamativas fue presentada por Manotas, quien explicó que una cerveza artesanal que actualmente vende a distribuidores por aproximadamente $7.000 podría acercarse a los $15.000 con la aplicación de los cambios tributarios propuestos. Según el empresario, el incremento dificultaría la competencia con las cervezas industriales y obligaría a muchos productores a revisar sus recetas, presentaciones y modelos de negocio.
La cifra corresponde a una estimación empresarial sobre el posible efecto de la reforma, no a un precio oficial ni a un incremento que ya esté vigente.
¿Qué cambiaría con el proyecto de ley?
El Proyecto de Ley 477 propone modificar el régimen tributario aplicable a las cervezas, sifones, refajos y mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas.
La iniciativa plantea reemplazar la estructura actual del impuesto al consumo por un esquema denominado impuesto a la producción de cervezas. Aunque el proyecto modifica su denominación y forma de cálculo, mantiene como responsables del tributo a productores e importadores.
La nueva fórmula tendría dos componentes:
- Componente específico: $330 por cada grado alcoholimétrico en una unidad de 330 centímetros cúbicos. Este componente no se aplicaría a la cerveza sin alcohol.
- Componente ad valorem: 10 % sobre el precio de venta al público certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sin incluir el impuesto ni el IVA.
El componente específico se actualizaría a partir de 2028 con base en el índice de precios al consumidor más cuatro puntos porcentuales. Las exportaciones de cerveza no generarían este impuesto.
La modificación podría afectar especialmente a las cervezas artesanales con mayor graduación alcohólica, debido a que el componente específico estaría relacionado directamente con los grados de alcohol de cada producto. Esto plantea un desafío para los productores que elaboran estilos especializados y cervezas con características diferentes a las de consumo masivo.
Es importante aclarar que la propuesta no consiste en aumentar directamente el IVA de la cerveza del 5 % al 19 %. El cambio central está en la estructura del impuesto aplicable a su producción y consumo.
Los pequeños productores temen perder competitividad
Para los empresarios de cerveza artesanal, el problema no se limita al valor del impuesto. Su estructura de costos es diferente a la de las grandes compañías industriales.
Muchas cervecerías independientes utilizan materias primas importadas, equipos especializados y procesos de elaboración en lotes pequeños. También producen variedades con distintos niveles de alcohol, ingredientes y tiempos de fermentación, características que pueden elevar sus costos frente a las marcas de producción masiva.
Alejandro Manotas, creador de Menchas Beer, advirtió que el nuevo esquema podría afectar la diversidad de productos disponibles en el mercado. Según explicó, algunos productores tendrían que modificar sus recetas para reducir la graduación alcohólica y evitar que el componente específico del impuesto eleve demasiado el precio final.
El empresario considera que esta situación podría perjudicar el crecimiento de una cultura cervecera que ha permitido la aparición de emprendimientos regionales y propuestas de producción especializada.
El riesgo, de acuerdo con los representantes del sector, es que las cervezas artesanales pierdan competitividad frente a productos industriales con mayor capacidad de producción, distribución y negociación comercial.
Las licoreras también advierten sobre el impacto tributario
Las preocupaciones no se limitan a los productores de cerveza. La Industria Licorera de Caldas también cuestionó los cambios incluidos en la reforma, especialmente los relacionados con los impuestos a los licores destilados.
Diego Angelillis afirmó que, para la compañía, la propuesta podría provocar una reducción de hasta el 40 % en las ventas. Su advertencia se refiere al impacto estimado sobre la empresa y no debe interpretarse como una proyección general para todas las cervecerías.
El proyecto también plantea elevar el IVA de los licores, vinos, aperitivos y productos similares del 5 % al 19 %, además de modificar el impuesto al consumo. Para los licores destilados, el componente específico pasaría de $360 a $750 por grado alcoholimétrico en una presentación de 750 centímetros cúbicos, mientras que el componente ad valorem aumentaría del 25 % al 35 %.
Por su parte, Juan Martín González, presidente de Dislicores, cuestionó la estructura tributaria propuesta y pidió revisar sus efectos sobre la competencia entre las distintas categorías de bebidas.
La discusión evidencia que la iniciativa no afecta a todos los productos alcohólicos de la misma manera. Por eso, las consecuencias para las cervezas artesanales, las cervezas industriales y los licores destilados deben analizarse por separado.
¿Qué podría pasar con los precios y el empleo?
Si los cambios se aprueban y los productores trasladan parte de los nuevos costos a los consumidores, algunas cervezas podrían experimentar aumentos importantes de precio. Sin embargo, el efecto final dependerá de factores como la graduación alcohólica, el precio de venta, los costos de producción, los márgenes de distribución y la capacidad de cada empresa para absorber parte de la carga tributaria.
También existe preocupación por el empleo. Las cervecerías artesanales suelen operar con estructuras empresariales más pequeñas y recursos financieros limitados. Una reducción de ventas podría afectar la contratación, las compras a proveedores, la distribución y la continuidad de establecimientos especializados.
En regiones donde estas empresas han impulsado actividades de turismo gastronómico y producción local, el impacto podría extenderse a otros negocios vinculados con la cadena comercial.
No obstante, hasta el momento de las declaraciones conocidas el 6 de noviembre, no existía una estimación consolidada que permitiera determinar cuántos empleos estarían en riesgo o cuántas cervecerías podrían cerrar si se aprueba la propuesta.
Una reforma que todavía debe pasar por el Congreso
El Proyecto de Ley 477 de 2026 fue radicado por el Gobierno nacional el 29 de octubre y contiene 106 artículos con modificaciones tributarias, medidas de reducción del gasto público y disposiciones relacionadas con la inversión.
La propuesta todavía debe superar el trámite legislativo. Por tanto, las nuevas tarifas no están vigentes y pueden modificarse durante los debates en el Congreso.
La discusión plantea un desafío para el Gobierno: aumentar los ingresos destinados a financiar las necesidades fiscales del país sin generar efectos desproporcionados sobre sectores productivos que todavía están consolidando sus mercados.
En el caso de las cervecerías artesanales, el debate también involucra la diversidad empresarial y la posibilidad de que pequeños productores compitan en condiciones razonables frente a las grandes compañías.
La decisión que adopte el Congreso determinará si el nuevo esquema tributario se mantiene, se modifica o incorpora mecanismos diferenciados. Mientras tanto, los empresarios piden revisar las tarifas y evaluar las consecuencias económicas antes de aprobar una medida que podría cambiar los precios y las condiciones de competencia en el mercado colombiano de bebidas.