Helicol tiene dos meses para evitar su liquidación judicial
La compañía tendrá 15 días para solicitar una autorización y dos meses para completar los requisitos que le permitirían mantener su proceso de reorganización empresarial.
La compañía Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol) enfrenta un nuevo desafío para mantener su proceso de reorganización empresarial, después de que la Superintendencia de Sociedades declarara ineficaz el acuerdo que había celebrado con sus acreedores en noviembre de 2023.
La decisión quedó consignada en el Auto 400-058045 del 6 de noviembre de 2026 y fue conocida públicamente este martes 10 de noviembre. La autoridad determinó que la compañía no obtuvo las autorizaciones requeridas para normalizar la totalidad de sus obligaciones pensionales, condición necesaria para que el acuerdo de reorganización pudiera producir efectos jurídicos.
Aunque la decisión representa un revés para la empresa, no significa que Helicol haya entrado inmediatamente en liquidación judicial. La Superintendencia le concedió una oportunidad para completar los procedimientos legales pendientes y evitar que se haga efectiva esa consecuencia.
La compañía deberá presentar una solicitud ante la Superintendencia de Transporte dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la providencia. Posteriormente, contará con dos meses, contados desde la radicación, para obtener la autorización de esa entidad y el concepto favorable del Ministerio del Trabajo.
El origen del conflicto: las obligaciones pensionales
El proceso de reorganización de Helicol contemplaba mecanismos específicos para atender las obligaciones pensionales de sus trabajadores.
De acuerdo con el convenio aprobado en 2023, la compañía estableció que las pensiones correspondientes al personal de tierra serían asumidas por Valorem S. A. S., mientras que para las pensiones del personal de vuelo se contempló un mecanismo de integración con la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC).
Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades determinó que estos mecanismos no contaban con todas las autorizaciones exigidas por la normativa.
La empresa había adelantado gestiones ante el Ministerio del Trabajo, pero no obtuvo el concepto favorable requerido. Además, no había presentado ante la Superintendencia de Transporte la solicitud formal de autorización del mecanismo de normalización pensional.
La autoridad también aclaró que el compromiso contractual de Valorem de aportar recursos para cubrir las obligaciones pensionales no sustituye el procedimiento legal de autorización.
De igual manera, la aprobación de cálculos actuariales por parte de la Superintendencia de Transporte no reemplaza el requisito de obtener la autorización correspondiente.
Los plazos establecidos por la Superintendencia
La providencia establece dos etapas para que Helicol pueda superar la situación.
En primer lugar, deberá radicar ante la Superintendencia de Transporte la solicitud de autorización del mecanismo de normalización de su pasivo pensional dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la decisión.
La solicitud deberá comprender la totalidad de las obligaciones pensionales de la compañía, incluidos los bonos y títulos pensionales correspondientes a los aviadores que fueron trasladados a otras administradoras.
En segundo lugar, una vez presentada la solicitud, Helicol dispondrá de dos meses para entregar la autorización de la Superintendencia de Transporte y el concepto favorable del Ministerio del Trabajo.
Si la empresa no presenta la solicitud dentro del plazo, no cumple los requisitos, recibe una respuesta desfavorable o no obtiene las autorizaciones dentro del periodo establecido, la condición se considerará fallida.
En ese escenario, la ineficacia del acuerdo será definitiva y la Superintendencia podrá ordenar la apertura de la liquidación judicial.
¿Qué ocurre con los trabajadores y pensionados?
Uno de los aspectos más importantes de la decisión es la distinción entre las obligaciones incluidas en el acuerdo de reorganización y los compromisos que deben seguir siendo atendidos durante el proceso.
La Superintendencia precisó que, mientras persista la ineficacia, las obligaciones contempladas en el acuerdo no serán exigibles bajo las condiciones de ese convenio.
Sin embargo, esta disposición no suspende los gastos de administración generados después de la admisión de la empresa al proceso de insolvencia.
Entre ellos se encuentran las mesadas pensionales, los salarios y los aportes al sistema de seguridad social, que deben continuar pagándose y conservan su carácter preferente.
Esta precisión resulta fundamental porque la controversia jurídica sobre el acuerdo no elimina las responsabilidades de la compañía frente a sus trabajadores y pensionados.
Una reorganización que enfrenta nuevos obstáculos
Helicol había ingresado a un proceso de reorganización empresarial en 2019, con el propósito de superar sus dificultades financieras y garantizar la continuidad de sus operaciones.
El acuerdo con los acreedores fue confirmado en noviembre de 2023, pero las dificultades para normalizar el pasivo pensional terminaron convirtiéndose en un obstáculo para su ejecución.
La compañía opera en el sector de transporte aéreo mediante helicópteros y presta servicios relacionados con operaciones corporativas, industriales y especiales. Su continuidad también tiene relevancia para el mercado de aviación especializada en Colombia.
La Superintendencia, además, dio por terminada por carencia de objeto la audiencia de incumplimiento que se adelantaba desde 2024, debido a la decisión adoptada sobre la eficacia del acuerdo.
El futuro de Helicol depende de las autorizaciones
La decisión de la Superintendencia de Sociedades establece una nueva etapa para la compañía. El cumplimiento de los requisitos pensionales y la obtención de los conceptos favorables determinarán si puede conservar su proceso de reorganización o si deberá enfrentar la liquidación judicial.
Por ahora, Helicol no ha sido liquidada y conserva la posibilidad de corregir las situaciones señaladas por la autoridad.
El caso también pone de relieve un aspecto central de los procesos de insolvencia empresarial: la recuperación financiera de una compañía debe estar acompañada del cumplimiento de las obligaciones legales, especialmente aquellas relacionadas con los derechos de sus trabajadores y pensionados.
Los próximos meses serán determinantes para establecer si Helicol logra superar el obstáculo jurídico y continuar operando o si termina enfrentando el cierre de sus actividades mediante un proceso de liquidación judicial.