Gobierno deroga áreas de protección agrícola en Colombia: cerca de un millón de hectáreas quedan fuera de las APPA
La decisión devuelve a alcaldías y concejos municipales mayor margen para orientar el uso del suelo rural, aunque se mantienen las normas ambientales y de ordenamiento territorial.

El Gobierno nacional anunció la derogatoria de todas las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que habían sido declaradas en diferentes regiones del país. La decisión, liderada por el Ministerio de Agricultura, comprende cerca de un millón de hectáreas distribuidas en 59 municipios de seis departamentos y marca un cambio en la política de ordenamiento rural.
El anuncio fue realizado el 11 de noviembre de 2026, cuando el Ministerio confirmó que había concluido el proceso de revisión y derogatoria de estas áreas, creadas durante el gobierno anterior con el propósito de proteger terrenos estratégicos para la producción de alimentos.
La medida involucra territorios de La Guajira, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, Santander y Tolima. Según el Gobierno, el objetivo es devolver a alcaldes y concejos municipales mayor autonomía para decidir sobre el uso del suelo rural y orientar las actividades productivas de sus regiones.
¿Qué son las APPA y por qué fueron derogadas?
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos son zonas rurales identificadas por su importancia para garantizar la producción agroalimentaria del país. Su finalidad era proteger terrenos con condiciones estratégicas para la agricultura frente a otros usos que pudieran comprometer su capacidad productiva.
Estas áreas fueron incorporadas mediante el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro y su implementación generó controversias entre el Gobierno nacional, autoridades territoriales y diferentes sectores económicos.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, una revisión técnica y jurídica realizada junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) encontró varias dificultades en las declaratorias.
Entre los problemas identificados se mencionaron:
- Imprecisiones cartográficas en la delimitación de algunas áreas.
- Dificultades para articular las declaratorias con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios.
- Cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en las decisiones.
- Inconsistencias entre las delimitaciones y las condiciones productivas de algunos terrenos.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, defendió la decisión y aseguró que las autoridades locales deben tener participación en las decisiones que afectan el desarrollo económico y productivo de sus territorios.
Córdoba concentra la mayor extensión de hectáreas liberadas
Uno de los departamentos con mayor impacto en esta decisión es Córdoba, donde se encontraban más de 667.000 hectáreas distribuidas en 17 municipios.
El resto de los terrenos comprendidos en la derogatoria corresponde a zonas del suroeste antioqueño, Santander, La Guajira, el norte del Tolima y la provincia de Sabana Centro, en Cundinamarca.
En Santander, por ejemplo, la medida comprendió más de 84.000 hectáreas en los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí. En el norte del Tolima se retiraron declaratorias que abarcaban más de 48.000 hectáreas en ocho municipios.
Con estas decisiones, el Gobierno aseguró que terminó el proceso de derogatoria de las APPA existentes en el país.
¿Qué pasará con los terrenos después de la derogatoria?
Uno de los principales interrogantes que deja la decisión es qué actividades podrán desarrollarse en las zonas que dejaron de estar cobijadas por las APPA.
El Ministerio explicó que la derogatoria busca permitir que las autoridades municipales orienten el ordenamiento rural de acuerdo con sus necesidades económicas, sociales y agropecuarias.
Sin embargo, esto no significa que las tierras queden automáticamente habilitadas para construir proyectos inmobiliarios, desarrollar actividades mineras o cambiar libremente su destinación.
Las disposiciones ambientales, las categorías de protección del suelo rural y los instrumentos de ordenamiento territorial continúan vigentes. Por lo tanto, cualquier proyecto deberá cumplir las normas aplicables en cada territorio.
El Gobierno también sostuvo que retirar las APPA no significa renunciar a la protección del suelo rural ni a la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la alimentación.
La decisión abre un nuevo debate sobre la autonomía territorial
La derogatoria de estas áreas también se conoce en medio de un debate jurídico sobre las competencias del Gobierno nacional y las autoridades municipales para definir el ordenamiento del territorio.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-364 de 2026, mantuvo la validez de la figura de las APPA, pero estableció condiciones para su aplicación. Entre ellas, señaló la necesidad de informar, coordinar y concertar con las autoridades territoriales antes de adoptar decisiones relacionadas con estas áreas.
El pronunciamiento distingue entre la validez de la figura legal y la legalidad de las declaratorias particulares. Por esa razón, la decisión de la Corte no restablece automáticamente las áreas que el Ministerio ya derogó.
El debate continúa abierto, especialmente por las implicaciones que puede tener para la protección de los suelos agrícolas, la planificación de las regiones y la participación de las comunidades rurales.
Por ahora, el Gobierno defiende la medida como un paso para fortalecer la autonomía de los municipios y promover nuevas oportunidades productivas. Mientras tanto, la discusión sobre cómo garantizar la producción de alimentos y proteger los terrenos estratégicos seguirá siendo uno de los principales desafíos de la política rural colombiana.

