Protestas por Santurbán presionan al Gobierno y al Ministerio de Ambiente
Organizaciones ambientales y habitantes de Santander cuestionan decisiones del Ministerio de Ambiente y advierten riesgos asociados a proyectos mineros en la región.
La protección del páramo de Santurbán volvió al centro del debate ambiental y político en Colombia. Decenas de ciudadanos, organizaciones ambientalistas y representantes de comunidades de Santander se movilizaron este viernes 13 de noviembre frente al Ministerio de Ambiente, en Bogotá, para exigir garantías de conservación del ecosistema y el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la reserva de recursos naturales de La Baja.
La manifestación fue convocada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que cuestiona las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional frente a las áreas de protección ambiental y reclama que se reactive el proceso de consulta pública sobre la reserva ubicada en la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, Santander.
La jornada se desarrolló después de que el Ministerio de Ambiente derogara, mediante la Resolución 1277 de septiembre de 2026, una disposición que había extendido la protección temporal de determinadas áreas. Para los defensores del páramo, esta decisión genera incertidumbre sobre el futuro de territorios considerados estratégicos para la conservación de las fuentes hídricas de la región.
Durante la movilización, los participantes expresaron su preocupación por los posibles impactos de los proyectos de exploración y eventual explotación minera asociados a la empresa Aris Mining. Las organizaciones sostienen que las intervenciones en el subsuelo podrían afectar los flujos de agua y comprometer la disponibilidad del recurso hídrico que abastece a Bucaramanga y municipios cercanos.
La controversia por la reserva La Baja
Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el proceso de declaratoria de la Reserva de Recursos Naturales Renovables La Baja, en Santander.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo considera que, después de las decisiones administrativas adoptadas por el Ministerio, debe reabrirse integralmente la consulta pública para garantizar la participación de las comunidades y cumplir las disposiciones judiciales.
La controversia también llegó a los tribunales. El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga requirió al Ministerio de Ambiente para que informara qué actuaciones había adelantado con el propósito de cumplir la orden de reiniciar la etapa de consulta pública del proyecto. El despacho concedió un plazo de tres días para entregar la información y solicitó identificar al funcionario responsable de ejecutar la decisión.
El requerimiento está relacionado con una sentencia del 10 de agosto de 2026, que estableció condiciones para reanudar el procedimiento de participación ciudadana.
Sin embargo, el juzgado aclaró que el requerimiento no constituye por sí mismo la apertura de un incidente de desacato ni una declaración anticipada de responsabilidad sancionatoria. Su objetivo es verificar el cumplimiento de las órdenes judiciales.
La posición del Ministerio de Ambiente
Frente a los cuestionamientos, el Ministerio ha sostenido que la protección del páramo continúa y que las decisiones administrativas deben responder a criterios técnicos, ambientales y sociales.
El 9 de noviembre, la cartera anunció que reconocía integralmente los acuerdos construidos con las comunidades de Vetas en 2021 y 2022, incluida la línea de delimitación concertada con ese municipio. Según el Ministerio, estos compromisos serán incorporados al proyecto de resolución única de delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín.
Los acuerdos contemplan seis componentes: delimitación, reconversión productiva, fiscalización, gestión del agua, coordinación de comités locales y financiación de iniciativas de conservación y desarrollo comunitario.
La entidad también informó que la protección temporal del costado occidental del macizo de Santurbán continúa vigente hasta marzo de 2027, bajo la Resolución 0221 de 2025. Además, anunció la realización de estudios hidrológicos e hidrogeológicos para identificar los recorridos del agua subterránea, las zonas vulnerables a la contaminación y las condiciones de las cuencas abastecedoras.
Esta precisión es importante porque la discusión sobre la reserva La Baja y la derogatoria de la Resolución 1277 no significan que todas las medidas de protección ambiental del complejo de Santurbán hayan desaparecido.
El agua y la actividad minera, en el centro del debate
Santurbán es un ecosistema estratégico para Santander y Norte de Santander por su importancia en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y el abastecimiento de agua de numerosas comunidades.
Las organizaciones ambientales advierten que los proyectos mineros pueden representar riesgos para las fuentes hídricas y reclaman que las decisiones sobre el territorio se adopten con participación ciudadana y suficiente sustento científico.
Por su parte, la discusión institucional también incluye la necesidad de reconocer las actividades económicas tradicionales de las comunidades que habitan el territorio, establecer alternativas productivas y garantizar que los procesos de delimitación no desconozcan los acuerdos alcanzados con los municipios.
La controversia tiene como antecedente la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó realizar un nuevo proceso de delimitación del páramo con garantías de participación para las comunidades. Desde entonces, el procedimiento ha enfrentado dificultades relacionadas con la concertación territorial y las posiciones encontradas sobre la actividad minera.
La movilización del 13 de noviembre vuelve a poner en evidencia que el futuro de Santurbán no depende únicamente de una decisión administrativa. También exige claridad jurídica, participación de las comunidades, estudios técnicos transparentes y mecanismos efectivos para proteger las fuentes de agua.
El desafío para el Gobierno será demostrar que sus decisiones garantizan la conservación del ecosistema y, al mismo tiempo, cumplen las órdenes judiciales y los compromisos adquiridos con los habitantes de la región. Para las comunidades defensoras del páramo, la prioridad es que la protección del agua no quede subordinada a los intereses económicos relacionados con la actividad minera.