Corte avala emergencia económica, pero limita al Gobierno
La decisión permite mantener las medidas excepcionales, aunque exige probar los daños, restringe el uso de recursos y ordena mayor vigilancia sobre el gasto público.
La Corte Constitucional declaró ajustada a la Constitución, bajo condiciones, la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nacional después del terremoto del 10 de agosto de 2026. Aunque el alto tribunal permitió mantener las facultades extraordinarias del Ejecutivo para atender la calamidad, estableció restricciones territoriales, presupuestales y administrativas sobre su aplicación.
La decisión quedó consignada en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. La Sala Plena examinó el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto, mediante el cual se declaró la emergencia, y el Decreto 1348 del 31 de agosto, que modificó su alcance territorial. La determinación fue aprobada por siete votos contra uno.
Uno de los principales condicionamientos establecidos por la Corte corresponde a la cobertura geográfica de la emergencia. El tribunal determinó que las medidas extraordinarias únicamente podrán aplicarse en los municipios donde se hayan comprobado afectaciones relacionadas con el terremoto y sus réplicas, de acuerdo con los registros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En consecuencia, la inclusión de otras poblaciones dentro de los departamentos contemplados en la declaratoria requerirá evidencia técnica que demuestre daños concretos asociados al fenómeno natural. La delimitación busca impedir que las facultades excepcionales se extiendan a territorios que no hayan sufrido consecuencias verificables del desastre.
Otro de los límites establecidos tiene que ver con la naturaleza de los gastos. La Corte determinó que el Gobierno no podrá utilizar la emergencia para resolver problemas estructurales que existían antes del terremoto. Entre los asuntos expresamente excluidos se encuentran las medidas relacionadas con dificultades estructurales del sistema penitenciario y carcelario.
Asimismo, los recursos obtenidos, prestados o redistribuidos mediante las facultades extraordinarias no podrán destinarse a financiar el déficit fiscal ni a cubrir obligaciones que no tengan relación directa con la calamidad.
En materia de reconstrucción, el tribunal precisó que el Gobierno podrá recurrir a mecanismos extraordinarios únicamente cuando demuestre que los instrumentos ordinarios de financiación son insuficientes y que las intervenciones están directamente vinculadas con la rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas.
La decisión también estableció nuevas obligaciones para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La cartera tendrá un plazo de 20 días hábiles, contado a partir de la publicación del comunicado de la decisión, para recalcular el costo de la emergencia y determinar los recursos necesarios para atenderla.
Adicionalmente, las entidades que autoricen gastos extraordinarios deberán justificar mediante actos administrativos por qué no pueden acudir a los mecanismos ordinarios de financiación. El Gobierno también tendrá que implementar un mecanismo de seguimiento independiente que permita conocer de manera permanente la destinación de los recursos y facilitar la vigilancia de los organismos de control.
La Corte exhortó al presidente de la República a adoptar y ejecutar un plan de recuperación para las zonas afectadas, con una planificación financiera que contemple varios años. Esta disposición busca que la respuesta institucional no se limite a medidas inmediatas, sino que incluya una estrategia de rehabilitación y reconstrucción sostenible.
La decisión tuvo una votación de siete magistrados a favor y uno en contra parcialmente. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente su voto, mientras que Vladimir Fernández Andrade presentó una aclaración.
El pronunciamiento se produce en medio del debate sobre la capacidad del Gobierno para responder a las consecuencias económicas y sociales del terremoto sin exceder las atribuciones que la Constitución concede durante los estados de excepción.
Aunque la emergencia continúa vigente bajo los condicionamientos establecidos por el alto tribunal, el Ejecutivo deberá demostrar que cada medida extraordinaria responde a necesidades concretas derivadas del desastre. El control sobre la destinación de los recursos y la delimitación de los territorios beneficiados serán determinantes para evaluar el cumplimiento de la decisión.
El fallo representa un equilibrio entre la necesidad de atender una calamidad pública y la obligación de preservar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo. La emergencia permite actuar con herramientas excepcionales, pero no elimina los principios de legalidad, responsabilidad fiscal y vigilancia sobre el uso del dinero público.