Contraloría encuentra hallazgos fiscales por $1.613 millones en RenoBo
Los principales cuestionamientos recaen sobre la recuperación de cartera en 21 locales de San Victorino y la falta de avances del proyecto de vivienda La Estación.
La Contraloría de Bogotá identificó hallazgos fiscales por aproximadamente $1.613 millones en dos proyectos de renovación urbana administrados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo). Los cuestionamientos están relacionados con el complejo inmobiliario Victoria, ubicado en San Victorino, y el proyecto de vivienda La Estación, en la localidad de Barrios Unidos.
Los resultados fueron divulgados el 11 de noviembre, luego de una auditoría de cumplimiento que también identificó 14 hallazgos administrativos, 11 de ellos con presunta incidencia disciplinaria. Según el organismo de control, las situaciones encontradas reflejan deficiencias en la protección y administración de los recursos públicos.
El hallazgo de mayor cuantía corresponde al proyecto Victoria, donde la Contraloría identificó un presunto detrimento patrimonial de $1.542 millones. El caso se relaciona con la comercialización de 21 locales comerciales, vendidos en 2020 por un valor conjunto de $7.710 millones, cuyos compradores incumplieron sus obligaciones de pago durante 2021 y 2022.
De acuerdo con la auditoría, los contratos contemplaban una cláusula penal equivalente al 20 % del valor de las compraventas. Sin embargo, el organismo de control cuestionó que RenoBo no hubiera adelantado oportunamente las actuaciones necesarias para hacer efectiva esa penalidad y proteger los recursos de la operación.
La directora del sector Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá, Steffi Acevedo, señaló que la situación resulta relevante porque existía una obligación incumplida y una penalidad pactada que no fue exigida oportunamente.
El segundo hallazgo corresponde al proyecto de vivienda La Estación, donde la Contraloría identificó un presunto detrimento de $71,2 millones. La iniciativa completa aproximadamente 12 años sin que se haya concretado su componente habitacional, pese a los recursos destinados a su estructuración.
Durante la auditoría se encontraron gastos relacionados con estudios y diseños que, según el organismo de control, ya habían sido realizados. También se cuestionaron 12 contratos de prestación de servicios cuyos objetos no estaban suficientemente especificados, así como gastos que no contaban con los soportes requeridos en la información entregada a la entidad fiscalizadora.
La Contraloría señaló que RenoBo no presentó los estudios actualizados solicitados para establecer la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto. Estas circunstancias llevaron al organismo a cuestionar la continuidad de inversiones en una iniciativa cuya ejecución no había producido los resultados habitacionales esperados.
Frente a los señalamientos, RenoBo presentó una respuesta el 12 de noviembre. En relación con el proyecto Victoria, la empresa aseguró que ya se recaudaron $1.281 millones correspondientes a los incumplimientos de pago de los compradores. Sin embargo, explicó que esos recursos todavía no han podido aplicarse porque el constructor no ha entregado la información individual necesaria para identificar cada inmueble.
La entidad también sostuvo que no participó directamente en las compraventas y que la responsabilidad de exigir los pagos correspondía a la fiducia y al constructor. No obstante, reconoció que mantiene actuaciones pendientes para avanzar en la recuperación de la cartera.
Según la explicación de RenoBo, en octubre de 2023 se suscribió un acuerdo de pago que mantuvo vigentes la penalidad y las garantías. Además, entre 2024 y 2026, la empresa solicitó en seis sesiones del comité fiduciario que se adelantara el cobro de las obligaciones y la ejecución de las garantías correspondientes.
La compañía anunció que convocará nuevamente al comité fiduciario para establecer una ruta que permita recuperar los recursos pendientes, incluyendo las acciones legales que resulten necesarias.
Respecto al proyecto La Estación, RenoBo explicó que los $71,2 millones cuestionados corresponden a costos reales de estructuración que fueron registrados transitoriamente mientras se define el futuro de la iniciativa. También aclaró que, aunque el componente de vivienda no se ha desarrollado, el parque zonal previsto en el predio sí fue construido y entregado a la ciudad.
La empresa atribuyó parte de las dificultades del proyecto a la incertidumbre jurídica que existió durante varios años sobre la condición de una parte del terreno y su posible pertenencia al espacio público. Según la entidad, durante 2026 se adelantaron gestiones ante Catastro y la Secretaría Distrital de Planeación para precisar la situación urbanística del lote.
Como parte de los compromisos de mejoramiento, RenoBo deberá adoptar, a más tardar el 30 de marzo de 2027, una decisión formal sobre la continuidad del proyecto de vivienda y establecer controles contables para registrar los costos de acuerdo con la etapa de desarrollo de cada iniciativa.
Los hallazgos dejan bajo observación dos aspectos centrales de la gestión urbana de Bogotá: la recuperación de recursos asociados a obligaciones contractuales incumplidas y la capacidad institucional para tomar decisiones oportunas sobre proyectos que permanecen durante años sin resultados concretos.
Aunque RenoBo presentó explicaciones y anunció medidas para atender las observaciones, corresponderá a los organismos de control evaluar el cumplimiento de los compromisos y determinar si existen responsabilidades fiscales o disciplinarias. El caso también plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y seguimiento utilizados para proteger los recursos públicos destinados a la renovación de la ciudad.