Congreso, Gobierno y entes de control firman el “Acuerdo Institucional por la Transparencia” contra la corrupción
El pacto contempla datos abiertos sobre contratación, alertas tempranas, protección a denunciantes y una mesa técnica que hará seguimiento a los compromisos.
En el marco de la Semana de Promoción de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información, el Congreso de la República, el Ministerio del Interior, los órganos de control del Estado y las entidades que congregan a las principales ciudades y departamentos del país suscribieron este martes 29 de septiembre el "Acuerdo Institucional por la Transparencia".
Quién promovió la iniciativa
La iniciativa fue promovida por el presidente del Congreso de la República, Honorio Henríquez, para combatir de manera articulada la corrupción y proteger los recursos públicos.
Las entidades firmantes
El acuerdo contó con las firmas de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Asocapitales, la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos.
El mensaje de Henríquez
"Estamos ante una suma de voluntades por Colombia. Este Acuerdo es producto del consenso institucional encaminado a resolver las preocupaciones de la gente frente a los hechos de corrupción que todos rechazamos y que no pueden normalizarse. Una tercera parte de los colombianos considera que la corrupción es uno de los principales problemas del país, y esa realidad nos exige brindar resultados concretos", enfatizó Henríquez en su discurso al suscribirse el acuerdo.
Los once compromisos
Entre los once compromisos que acogieron las entidades firmantes destacan la publicación proactiva de datos abiertos sobre contratación y ejecución presupuestal, el fortalecimiento de alertas tempranas para detectar irregularidades de manera oportuna, y la creación de mecanismos efectivos de confidencialidad para proteger a los ciudadanos y servidores públicos que denuncien actos corruptos.
Asimismo, el pacto contempla la formación continua en ética pública, la adopción de herramientas tecnológicas para la trazabilidad del erario, el impulso a las veedurías ciudadanas y la puesta en marcha de una Mesa Técnica de Seguimiento que sesionará mínimo dos veces al año y rendirá informes públicos de gestión.
El objetivo de fondo: acceso ciudadano a la información
"¿Qué buscamos? Que se pueda saber con mayor celeridad y claridad cómo se contrata, cómo se ejecutan los presupuestos y en qué se utilizan los recursos públicos. La información no le pertenece a una institución, le pertenece a todos los ciudadanos", puntualizó Henríquez, senador del Centro Democrático.
Leyes más claras y pedagogía legislativa
Durante su intervención en el Capitolio Nacional, el presidente del Congreso también hizo hincapié en la necesidad de democratizar el conocimiento legislativo y hacer comprensibles las normas aprobadas en la corporación. En ese sentido, anunció que el Congreso buscará implementar fichas pedagógicas sencillas para cada proyecto sancionado, permitiendo que la ciudadanía conozca con precisión sus derechos, deberes y beneficios.
"Tenemos una convicción clara: seguir construyendo un Congreso más cercano, verdaderamente al servicio de los ciudadanos y del país, una casa de puertas abiertas a los compatriotas", agregó el parlamentario.
El rol del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos
Henríquez también resaltó el rol del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (CAEL) como un puente directo de conocimiento científico e institucional entre el Congreso, las universidades y las regiones del país, al asegurar que el fortalecimiento de la confianza en las instituciones requiere de un parlamento verdaderamente cercano y transparente ante la sociedad.
Un contexto de cuestionamientos previos a la institucionalidad
Es relevante situar este acuerdo dentro de un contexto reciente de cuestionamientos institucionales: apenas días antes, el representante Daniel Briceño había alertado sobre dos años de parálisis en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, con 2.450 expedientes en riesgo de impunidad por falta de presupuesto, mientras la senadora María Clara Posada había planteado cuestionamientos adicionales sobre el arrendamiento de la sede de la JEP. Este panorama de señalamientos sobre distintas entidades del Estado forma parte del telón de fondo en el que se produce la firma de este nuevo pacto institucional.
Con el acuerdo ya suscrito por las principales instituciones del Estado colombiano, corresponderá ahora a la Mesa Técnica de Seguimiento, que deberá reunirse al menos dos veces al año, verificar el cumplimiento efectivo de los once compromisos adoptados, en un ejercicio que buscará traducirse en resultados concretos frente a una percepción ciudadana de la corrupción que, según el propio presidente del Congreso, afecta a una tercera parte de los colombianos como una de sus principales preocupaciones.