Prosperidad Social detecta presuntas irregularidades en 23 nombramientos durante el Gobierno Petro.
El informe señala fallas en la publicación de actos administrativos y en la protección del derecho preferencial de encargo, pero no establece responsabilidades definitivas.

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) reveló el 17 de noviembre de 2026 los resultados de una auditoría especial que identificó presuntas irregularidades en 23 nombramientos provisionales realizados durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro. Las designaciones, efectuadas entre el 4 y el 6 de agosto, habrían presentado inconsistencias en los procedimientos administrativos, la publicación de los actos de nombramiento y las garantías de los funcionarios que pertenecían a la carrera administrativa.
La investigación fue desarrollada por la Oficina de Control Interno de la entidad mediante la auditoría especial AE-01-2026, solicitada por la actual directora general, Sandra Suárez Pérez, después de recibir 34 quejas de servidores públicos y del Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial). Las reclamaciones cuestionaban la transparencia en la provisión de vacantes y la posible afectación de los mecanismos de promoción interna basados en el mérito.
De acuerdo con el informe divulgado por Prosperidad Social, los nombramientos se realizaron durante los últimos tres días de la administración anterior, cuando Mauricio Rodríguez Amaya todavía ejercía como director de la entidad. La auditoría encontró que varias designaciones se habrían formalizado sin completar los procedimientos de control y publicidad previstos para garantizar los derechos de otros funcionarios que podían aspirar a ocupar esas posiciones.
Veintitrés nombramientos bajo cuestionamiento
Uno de los hallazgos centrales de la auditoría está relacionado con la publicación de los actos administrativos. Según los registros examinados, ninguna de las resoluciones correspondientes a los 23 nombramientos habría sido publicada antes de que las personas designadas asumieran sus respectivos cargos.
El informe señala que 14 de las 23 personas ocuparon los empleos cuatro días antes de que los actos administrativos fueran públicos. Esta situación habría impedido que otros servidores conocieran oportunamente las vacantes y ejercieran los mecanismos de reclamación relacionados con sus derechos de carrera.
La auditoría también identificó ocho nombramientos que se habrían expedido sin completar el procedimiento establecido para proteger el derecho preferencial de encargo. Este mecanismo permite que funcionarios de carrera administrativa que cumplen los requisitos puedan ocupar temporalmente determinadas vacantes antes de que la entidad recurra a un nombramiento provisional.
Otro elemento cuestionado corresponde a la elaboración y revisión de los documentos. Diez de las resoluciones habrían sido tramitadas y suscritas directamente por el entonces director Mauricio Rodríguez Amaya sin la cadena de control técnico y administrativo de revisión y elaboración que debía acompañar esos procedimientos.
Adicionalmente, el equipo encargado de la provisión de cargos tuvo que reconstruir la correspondencia de ocho nombramientos firmados por la dirección, debido a que no habría contado con información suficiente procedente del despacho del antiguo director.
Estos hallazgos llevaron a Control Interno a advertir sobre posibles afectaciones a los derechos de los empleados públicos y eventuales consecuencias jurídicas para la entidad.
Seis personas vinculadas al antiguo despacho aparecen entre los nombrados
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es la identificación de seis personas que habrían formado parte del despacho del entonces director Mauricio Rodríguez Amaya: dos secretarias y cuatro asesores.
Según las resoluciones examinadas por la auditoría, estas personas habrían pasado a ocupar cargos de planta en diferentes dependencias de Prosperidad Social, entre ellas la Secretaría General, las áreas de Contratación y Talento Humano, y tres direcciones misionales relacionadas con la ejecución de programas sociales.
Entre estas últimas se encuentran Transferencias Monetarias, Acompañamiento Familiar y Soberanía Alimentaria, dependencias responsables de desarrollar iniciativas dirigidas a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
La situación plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los funcionarios y sobre el cumplimiento de los procedimientos que garantizan la igualdad de oportunidades dentro de la administración pública.
Sin embargo, la vinculación laboral previa de estas personas con el antiguo director no constituye por sí misma una prueba de favoritismo o de responsabilidad disciplinaria. La determinación de posibles irregularidades individuales deberá considerar las condiciones de cada nombramiento, los requisitos de los cargos y las decisiones de las autoridades competentes.
El derecho de encargo y la importancia del mérito en el empleo público
Para comprender el alcance de los hallazgos es necesario considerar cómo funciona la provisión de empleos de carrera administrativa en Colombia.
La legislación establece mecanismos para que las vacantes puedan ser ocupadas temporalmente por servidores públicos que ya pertenecen a la carrera administrativa y cumplen las condiciones exigidas para desempeñar el cargo. Esta figura se conoce como encargo y busca reconocer la experiencia, las capacidades y los derechos de los funcionarios que han ingresado al Estado mediante procesos de mérito.
La Ley 909 de 2004, modificada por la Ley 1960 de 2019, establece el carácter preferente del encargo frente a los nombramientos provisionales cuando existen servidores de carrera que reúnen los requisitos correspondientes. La provisionalidad constituye una alternativa excepcional cuando no es posible proveer la vacante mediante el mecanismo preferente.
En este contexto, el cuestionamiento de Prosperidad Social no se limita a la rapidez con la que se realizaron los nombramientos, sino a la posible omisión de procedimientos que debían permitir a otros funcionarios conocer las vacantes y ejercer sus derechos.
La situación adquiere especial relevancia porque el mérito constituye uno de los principios fundamentales del empleo público colombiano. Su propósito es evitar que el acceso y la promoción dentro de las instituciones dependan exclusivamente de relaciones personales o decisiones discrecionales de quienes ocupan cargos directivos.
Las posibles consecuencias administrativas y judiciales
El informe de Control Interno advierte que las actuaciones examinadas podrían generar reclamaciones de funcionarios de carrera que no tuvieron conocimiento oportuno de los actos administrativos. También identifica la posibilidad de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismos mediante los cuales las personas afectadas pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para cuestionar decisiones de la administración.
Ante estos riesgos, la Oficina de Control Interno anunció que remitirá copia del informe a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que cada organismo evalúe si corresponde adelantar actuaciones dentro de sus respectivas competencias.
La Procuraduría podrá examinar eventuales responsabilidades disciplinarias de los servidores públicos involucrados, mientras que la Contraloría podrá determinar si existen asuntos de carácter fiscal que deban ser investigados. La remisión del documento no significa que estos organismos hayan abierto formalmente investigaciones ni que exista una declaración de responsabilidad contra las personas mencionadas.
La actual directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, defendió la necesidad de esclarecer lo ocurrido y afirmó que deben establecerse las responsabilidades correspondientes, especialmente frente a los funcionarios que llevaban años esperando oportunidades de ascenso dentro de la entidad.
Por su parte, hasta el momento de la publicación de esta información, no se había localizado una respuesta pública detallada del exdirector Mauricio Rodríguez Amaya frente a los hallazgos específicos de la auditoría. Su versión será importante para completar el contraste de las actuaciones cuestionadas.
Una revisión más amplia de la administración anterior
Los hallazgos sobre los nombramientos se conocen después de que Prosperidad Social anunciara, el 4 de septiembre de 2026, una revisión más amplia de diferentes actuaciones administrativas y financieras de la administración anterior.
En aquella oportunidad, la directora Sandra Suárez informó que se estaban examinando contratos, convenios, donaciones, procesos de prestación de servicios y recursos vinculados a instrumentos fiduciarios. La entidad también señaló que existían actuaciones que requerían verificaciones técnicas y jurídicas adicionales.
Entre los asuntos mencionados en septiembre figuraban más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad estaba siendo revisada, así como cerca de un billón de pesos relacionado con fiducias y convenios sobre los cuales se buscaba verificar la documentación, la ejecución y los procesos de legalización o cierre.
Estos antecedentes permiten situar la nueva auditoría dentro de una revisión institucional más extensa. Sin embargo, los asuntos corresponden a procesos de control diferentes y no deben presentarse como irregularidades definitivamente demostradas ni como parte de una única investigación concluida.
La auditoría AE-01-2026 aporta ahora hallazgos concretos sobre 23 nombramientos y abre la posibilidad de que las autoridades competentes examinen sus implicaciones administrativas y jurídicas.
La transparencia en el empleo público, bajo escrutinio
El caso plantea una discusión que trasciende el enfrentamiento político entre la administración actual y la anterior: la protección del mérito y la transparencia en la gestión del empleo público.
Las entidades estatales tienen la responsabilidad de garantizar que sus decisiones administrativas respeten los procedimientos legales, protejan los derechos de sus funcionarios y mantengan mecanismos de control que permitan verificar la legitimidad de cada nombramiento.
La importancia de este caso también radica en las funciones que desempeña Prosperidad Social, institución encargada de ejecutar programas de transferencias monetarias, acompañamiento familiar y atención a poblaciones vulnerables. La integridad de sus procesos administrativos resulta fundamental para garantizar que los recursos y las capacidades institucionales estén orientados al cumplimiento de su misión social.
El siguiente paso será conocer las actuaciones de la Contraloría y la Procuraduría, verificar si se presentan reclamaciones judiciales y establecer si las personas involucradas cumplieron o no los requisitos legales para ocupar los cargos.
Por ahora, los resultados de la auditoría constituyen hallazgos administrativos que requieren investigación y contraste. La determinación de responsabilidades deberá surgir de los procedimientos correspondientes, con garantías para todas las personas involucradas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental para la administración pública colombiana: ¿hasta qué punto las instituciones están garantizando que el mérito prevalezca sobre las relaciones políticas y personales en la provisión de sus cargos?

