Senador y Precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Senador y Precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra los excongresistas Sandra Ramírez Lobo Silva y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, por los señalamientos que los relacionan con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La actuación, conocida el 11 de noviembre de 2026, busca establecer si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una investigación formal sobre la posible participación de los dos exintegrantes del partido Comunes en el crimen.

La decisión fue adoptada por el despacho de la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, después de recibir una compulsa de copias remitida por la Fiscalía General de la Nación en octubre. La información enviada al alto tribunal está relacionada con los datos y testimonios entregados por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, quien ha señalado posibles conexiones entre antiguos integrantes de las Farc y la planeación del asesinato.

La apertura de la indagación no constituye una imputación de cargos ni una declaración de responsabilidad contra Ramírez o Albán. Se trata de una etapa preliminar en la que la Corte debe examinar la información recibida y determinar si existen fundamentos para adoptar nuevas decisiones judiciales.

Los señalamientos que llegaron a la Fiscalía

El origen de las nuevas actuaciones se encuentra en las declaraciones públicas realizadas por María Claudia Tarazona durante octubre. La viuda del dirigente político manifestó que había recibido información sobre una posible estructura detrás del asesinato de su esposo y aseguró que parte de esos datos apuntaban a personas relacionadas con antiguos integrantes de las Farc.

Entre los elementos mencionados se encuentra una comunicación que, según Tarazona, habría recibido antes del atentado. En ella se hacía referencia a la presunta organización de un grupo armado para ejecutar el ataque y se mencionaba a Marcos Calarcá. La mujer indicó que entregó esa información a la Fiscalía para que fuera examinada dentro de la investigación penal.

Tarazona también sostuvo que la orden para cometer el crimen habría salido del Congreso de la República y que los recursos para financiarlo tendrían un origen internacional. Estas afirmaciones forman parte de sus denuncias y deben ser verificadas por las autoridades judiciales.

La Fiscalía recibió el material y ordenó remitir copias a la Corte Suprema para que evaluara los señalamientos relacionados con personas que habían ocupado cargos en el Congreso. La entidad también ha señalado que adelanta verificaciones sobre la autenticidad, procedencia y contenido de la información aportada, bajo las condiciones de reserva de la investigación.

¿Quiénes son las personas mencionadas?

Sandra Ramírez Lobo Silva fue integrante de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y posteriormente ocupó una curul en el Senado por el partido Comunes, surgido del Acuerdo de Paz de 2016.

Por su parte, Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, fue integrante de la antigua guerrilla y representante a la Cámara por Comunes durante el periodo legislativo 2022-2026. Su nombre apareció en la información entregada por Tarazona a las autoridades.

La inclusión de ambos excongresistas en una indagación preliminar responde a la necesidad de verificar los señalamientos recibidos por la Fiscalía y remitidos al alto tribunal. La actuación judicial no establece que hayan participado en la preparación, financiación o ejecución del asesinato.

Desde Comunes, el exsenador Julián Gallo confirmó públicamente la apertura de la indagación y sostuvo que se trataba de una actuación preliminar. También rechazó que antiguos integrantes de esa organización política hubieran tenido participación en el crimen.

Por su parte, la defensa de Luis Alberto Albán ha solicitado que se establezca con precisión la identidad de las personas mencionadas en las comunicaciones aportadas, al advertir que podrían existir confusiones entre nombres y alias. La defensa ha insistido en que las responsabilidades deben determinarse a partir de pruebas verificables.

La JEP también solicitó información

El caso tuvo un nuevo movimiento institucional luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitara información a la Corte Suprema sobre las actuaciones relacionadas con Sandra Ramírez.

La solicitud fue realizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que busca establecer si la exsenadora aparece mencionada en las diligencias relacionadas con el asesinato de Miguel Uribe Turbay y si existen elementos que puedan tener incidencia en el seguimiento de los compromisos adquiridos por ella dentro del sistema de justicia transicional.

La JEP pidió conocer el estado de las actuaciones y obtener información sobre los elementos judiciales disponibles, respetando las condiciones de reserva correspondientes.

Este requerimiento se relaciona con las obligaciones de verdad, reparación y no repetición que asumieron los antiguos integrantes de las Farc al acogerse al sistema de justicia transicional. Sin embargo, la solicitud de información no representa una declaración de responsabilidad ni una decisión sobre el eventual incumplimiento de esos compromisos.

En paralelo, Sandra Ramírez ha sido convocada a rendir versión dentro del Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado, así como otras formas de violencia cometidas contra ellos en las antiguas filas guerrilleras. Esta actuación corresponde a un proceso diferente y no debe confundirse con la indagación relacionada con el magnicidio.

Un proceso que busca esclarecer quién ordenó el crimen

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, continúa siendo objeto de investigaciones para establecer la totalidad de las personas involucradas en su planeación y ejecución.

El senador y precandidato presidencial fue trasladado a un centro médico después de recibir varios disparos y falleció el 11 de agosto de 2025, tras permanecer hospitalizado durante más de dos meses.

Aunque las autoridades han avanzado en la investigación de los autores materiales y de las redes que habrían intervenido en el atentado, la identificación de quienes pudieron ordenar, financiar o coordinar el crimen sigue siendo uno de los principales objetivos del proceso.

La nueva actuación de la Corte Suprema amplía el alcance de las verificaciones judiciales hacia personas que ocuparon cargos legislativos y que, por su condición de excongresistas, están sujetas a la competencia de ese tribunal en los términos establecidos por la ley.

El desarrollo de esta indagación dependerá de la valoración de los testimonios, las comunicaciones y los demás elementos que puedan ser incorporados legalmente al expediente. Mientras tanto, las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia.

El esclarecimiento del magnicidio representa un desafío para las instituciones judiciales colombianas, no solo por la gravedad del crimen, sino por la necesidad de establecer con pruebas quiénes participaron en su organización y garantizar que las decisiones se adopten con independencia, rigor y respeto por el debido proceso.