Presidencia respondió a las críticas
Presidencia respondió a las críticas Colprensa

Un video difundido en redes sociales desató una controversia política luego de que se observara a Lucía, hija del presidente Abelardo de la Espriella, movilizándose en una embarcación de la Armada Nacional durante el Festival Náutico de Cartagena. Las imágenes generaron cuestionamientos de congresistas de oposición sobre el posible uso de bienes públicos para actividades particulares, mientras que la Presidencia defendió el procedimiento y aseguró que el traslado obedeció a razones de seguridad.

El episodio ocurrió el sábado 14 de noviembre, durante el segundo día del Festival Náutico, realizado en el marco de las Fiestas de Independencia de Cartagena, Bolívar.

La controversia tomó fuerza después de que la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal compartiera un video en su cuenta de X y preguntara si la hija del mandatario había estado de fiesta con sus amigas en una lancha de la Armada.

La publicación abrió un debate sobre las condiciones en las que se utilizó la embarcación oficial y quién autorizó el desplazamiento.

¿Qué pasó en Cartagena?

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a Lucía de la Espriella en compañía de otras jóvenes y de integrantes de su esquema de seguridad, a bordo de una embarcación identificada como perteneciente a la Armada Nacional.

El traslado se produjo en la bahía de Cartagena, donde se desarrollaba el Festival Náutico. La presencia de la joven en el evento no fue el centro de la controversia, sino el uso de un medio de transporte de una institución estatal para facilitar su desplazamiento.

La representante María Fernanda Carrascal cuestionó públicamente la situación y pidió explicaciones al Gobierno sobre el propósito del recorrido.

Por su parte, la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, anunció que presentó un derecho de petición para solicitar información sobre quién autorizó el uso de la embarcación y bajo qué protocolo se realizó el traslado.

La solicitud busca aclarar si el procedimiento correspondió a una operación de seguridad institucional o si existió un uso de recursos públicos para fines particulares.

La respuesta de Presidencia: fue un traslado por seguridad

Ante las críticas, Miller Soto, vocero de la Presidencia, salió en defensa del procedimiento y aseguró que no se presentó ninguna irregularidad.

Según su explicación, la hija del mandatario debía ingresar y salir del lugar por vía marítima, por lo que correspondía utilizar una embarcación de la Armada Nacional como parte de las medidas de seguridad.

Soto explicó que Lucía llegó en la embarcación oficial, posteriormente se trasladó al bote al que se dirigía y, al finalizar su visita, regresó a la misma nave para salir del lugar.

El funcionario rechazó que la joven hubiera utilizado la embarcación militar como espacio para celebrar o permanecer durante el evento.

"Afimar que estaba de fiesta en una lancha de la Armada es, sencillamente, FALSO", sostuvo el vocero en su respuesta pública.

Además, cuestionó la difusión de imágenes de una menor de edad y pidió responsabilidad frente a las afirmaciones realizadas en redes sociales.

Oposición exige explicaciones sobre el uso de bienes públicos

La controversia también generó reacciones de otros integrantes del Pacto Histórico, quienes cuestionaron la utilización de recursos estatales en el desplazamiento.

La representante Lalis insistió en la necesidad de conocer quién dio la autorización y cuáles fueron las razones institucionales que justificaron el uso de la embarcación.

El debate se trasladó así al terreno de la transparencia y el manejo de los bienes públicos. La discusión no se limita a la presencia de la hija del presidente en el festival, sino a determinar si el traslado se ajustó a los protocolos establecidos para la protección de familiares del jefe de Estado.

Hasta el momento, las explicaciones entregadas por Presidencia constituyen la versión oficial del Gobierno. Las solicitudes de información presentadas por congresistas buscan obtener detalles adicionales sobre la autorización y las condiciones del procedimiento.

Un episodio que recuerda controversias de gobiernos anteriores

El caso también trajo a la memoria otras polémicas relacionadas con el uso de vehículos oficiales para transportar familiares de altos funcionarios.

Uno de los antecedentes mencionados en el debate ocurrió en febrero de 2020, durante el Gobierno de Iván Duque, cuando se cuestionó el uso de una aeronave oficial para trasladar a familiares y amigos del entonces presidente hacia el parque Panaca, en Quindío, con motivo de la celebración del cumpleaños de una de sus hijas.

También se recordó el episodio de junio de 2025, cuando se conoció el traslado de Juliana Guerrero en un helicóptero oficial de la Policía Nacional, acompañado por su hermana y funcionarios públicos.

Estos antecedentes muestran que el uso de recursos estatales para desplazamientos relacionados con familiares de funcionarios ha sido motivo de controversia en diferentes administraciones.

¿Qué falta por aclarar?

La explicación del Gobierno establece que el traslado de Lucía de la Espriella se realizó por razones de seguridad y que la embarcación oficial únicamente se utilizó para su ingreso y salida del lugar.

Sin embargo, el derecho de petición presentado por congresistas de oposición busca precisar quién autorizó el procedimiento, qué protocolo se aplicó y cuáles fueron las condiciones del servicio prestado por la Armada.

La respuesta a esas preguntas será importante para establecer si el desplazamiento se ajustó a las normas y a los procedimientos institucionales.

Por ahora, el episodio continúa generando reacciones políticas y mantiene abierto el debate sobre los límites entre las medidas de protección de la familia presidencial y el uso adecuado de los bienes del Estado.