¡Austeridad en el Gobierno! De La Espriella recorta $267.000 millones y frena salarios de hasta $39 millones
El paquete de austeridad también contempla limitar los viajes oficiales, controlar la publicidad estatal y reducir la contratación de personal en varias entidades.
El Gobierno anunció un paquete de medidas para reducir el gasto público, limitar los viajes oficiales, controlar la publicidad estatal y disminuir la contratación de personal. Entre las decisiones más recientes está la orden de detener los elevados salarios del Fondo Milagro, luego de la polémica por remuneraciones que alcanzaban los $39 millones mensuales.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha una nueva etapa de su política de austeridad, con una serie de medidas orientadas a reducir los gastos de funcionamiento del Estado, revisar las nóminas de las entidades públicas y limitar los desembolsos que no sean considerados indispensables para la administración.
Las decisiones incluyen un recorte presupuestal de $267.000 millones, restricciones a los viajes de funcionarios, controles sobre la publicidad institucional y una reducción de contratistas en diferentes entidades. Además, el mandatario ordenó frenar los salarios asignados a directivos del Fondo Milagro, después de que se conocieran las elevadas remuneraciones que recibían algunos de sus funcionarios.
Según la información, el paquete hace parte de la estrategia del Ejecutivo para disminuir los costos administrativos y revisar estructuras de contratación que considera excesivas.
Recorte de $267.000 millones en el Gobierno
Una de las principales decisiones corresponde a la reducción de $267.000 millones en los gastos del Ejecutivo. De ese total, cerca de $192.000 millones corresponden a funcionamiento e inversión de la Presidencia de la República, mientras que el monto restante está relacionado con el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE).
Dentro de las entidades incluidas en esta revisión aparecen la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.
En el caso de la Presidencia, el Gobierno señaló que actualmente funciona con 586 cargos ocupados de una planta que contempla 1.018 puestos, lo que representa una ocupación del 58 %.
La revisión busca ajustar las estructuras administrativas y reducir los gastos asociados al funcionamiento de las entidades.
Menos viajes oficiales y restricciones a la publicidad
Otro de los frentes de austeridad está relacionado con los desplazamientos de funcionarios públicos y los gastos de divulgación institucional.
El presidente ordenó priorizar las reuniones virtuales para evitar viajes que puedan representar costos innecesarios para el Estado. También designó al jefe de despacho, Nicolás Gómez, para revisar las solicitudes de funcionarios que pretendan asistir a eventos en el exterior.
Cuando los desplazamientos sean indispensables, los tiquetes deberán adquirirse en clase económica.
En materia de publicidad, las directrices buscan impedir que los recursos públicos sean utilizados para promocionar las cuentas personales de funcionarios, exaltar su imagen o favorecer a partidos y movimientos políticos.
La intención es limitar los gastos de comunicación institucional que no estén directamente relacionados con las funciones de las entidades públicas.
Agencia Nacional de Tierras ahorró más de $22.000 millones
Las medidas también han tenido efectos en la contratación de personal. Uno de los casos destacados es el de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que reportó un ahorro de $22.224 millones después de la salida de 1.040 contratistas entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2026.
Las desvinculaciones se produjeron tras el vencimiento de contratos de prestación de servicios. Según la información publicada, la entidad había llegado a tener cerca de 9.400 personas vinculadas bajo esta modalidad durante la administración anterior.
El Gobierno presenta estas decisiones como parte de su estrategia para reducir los costos de contratación y revisar las necesidades reales de personal en las instituciones.
Polémica por los salarios del Fondo Milagro
Una de las decisiones que más atención ha generado está relacionada con el Fondo Milagro, creado para atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.
La controversia surgió después de que se conocieran los salarios asignados a varios de sus directivos. Según documentos divulgados tras un derecho de petición presentado por una congresista del Pacto Histórico, el gerente de la entidad tenía una remuneración mensual cercana a los $39 millones, mientras que alrededor de 14 coordinadores recibían aproximadamente $33 millones cada uno.
La revelación provocó cuestionamientos sobre la coherencia entre esos pagos y la política de austeridad promovida por el Gobierno.
El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó públicamente y ordenó detener la nómina asociada a esos salarios, al asegurar que no había autorizado dichas remuneraciones y que contradecían sus instrucciones.
"Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO!", manifestó el mandatario, quien también aseguró que había ordenado reversar esas decisiones.
El jefe de Estado anunció que se adoptarían medidas correctivas y reiteró que los funcionarios de su administración estarían sujetos a evaluación permanente.
La austeridad, uno de los principales compromisos del Gobierno
Con este paquete de decisiones, la administración De La Espriella busca convertir la reducción del gasto público en uno de los ejes de su gestión. Los recortes presupuestales, las restricciones a los viajes, la revisión de los contratos y el control de las nóminas hacen parte de una estrategia que pretende disminuir los costos de funcionamiento del Estado.
Sin embargo, las medidas también abren interrogantes sobre la manera en que se ejecutarán los ajustes, qué entidades tendrán mayores reducciones y cómo se garantizará que los recortes no afecten la prestación de servicios ni el desarrollo de programas públicos.
Por ahora, el Gobierno mantiene su apuesta por revisar los gastos administrativos y corregir las decisiones que considere contrarias a sus directrices de austeridad. La expectativa estará puesta en los resultados concretos de estos ajustes y en el impacto que tendrán sobre las finanzas públicas.