ANIF propone vender ISA para aliviar las finanzas públicas

El Centro de Estudios Económicos ANIF propuso estudiar la venta de activos estatales, incluida la participación pública en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), como una alternativa para reducir las necesidades de endeudamiento de Colombia. La propuesta hace parte de un conjunto de recomendaciones presentadas el 11 de noviembre de 2026, durante la Asamblea General del centro de pensamiento, en medio de la discusión sobre la Ley de Rescate Económico impulsada por el Gobierno nacional.

ANIF respaldó la necesidad de adelantar un ajuste fiscal, pero pidió modificar algunas medidas tributarias contempladas en el proyecto para evitar que el esfuerzo recaiga excesivamente sobre los hogares y las empresas. En su lugar, planteó ampliar los recortes del gasto público, revisar los subsidios, establecer un impuesto a las pensiones altas y evaluar la enajenación de determinados activos del Estado.

José Ignacio López, presidente de ANIF, explicó que la venta de ISA podría contribuir a disminuir las necesidades de financiación de la Nación y reducir el costo del servicio de la deuda en los próximos años. Sin embargo, advirtió que este mecanismo no sustituye las fuentes recurrentes de ingresos que necesita el Gobierno para sostener sus obligaciones presupuestales.

La propuesta también contempla revisar la participación estatal en otras empresas y actividades económicas, incluidas algunas compañías vinculadas al Grupo Bicentenario. El planteamiento parte de la posibilidad de que determinadas actividades empresariales no necesariamente deban permanecer bajo control del Estado, aunque su eventual enajenación requeriría evaluaciones financieras, jurídicas y estratégicas.

ISA es una compañía de infraestructura energética y de transporte de energía con operaciones en varios países de América Latina. Su actividad comprende transmisión de electricidad, concesiones viales y telecomunicaciones. Por su importancia para la infraestructura regional, una eventual venta de la participación pública tendría implicaciones que van más allá de la obtención inmediata de recursos.

Uno de los principales interrogantes sería establecer cuánto podría recibir la Nación por esa operación, qué porcentaje de participación estaría dispuesto a vender y cómo se garantizaría que el proceso no afecte el valor estratégico de la compañía ni su capacidad de inversión. ANIF no presentó una operación de venta definida ni una valoración oficial de los activos que podrían enajenarse.

En materia pensional, el centro de estudios propuso establecer un impuesto dirigido a las pensiones altas como parte de las alternativas para aumentar la progresividad del sistema tributario. La iniciativa busca que quienes reciben mayores ingresos pensionales contribuyan en mayor proporción al esfuerzo fiscal del país.

No obstante, el pronunciamiento no estableció un monto mínimo de pensión a partir del cual comenzaría a aplicarse el eventual gravamen, ni definió una tarifa o mecanismo de recaudo. Por tanto, se trata de una recomendación económica que todavía requeriría desarrollo técnico y discusión legislativa antes de convertirse en una medida aplicable.

En cuanto al gasto público, ANIF sugirió reducir al menos el 10 % de los cargos creados durante los últimos años en la Rama Judicial, la Fiscalía y los organismos de control. También propuso focalizar los subsidios estatales para que beneficien principalmente a los hogares de menores ingresos y avanzar en el desmonte gradual del subsidio al combustible diésel, conocido como ACPM.

El centro de pensamiento también planteó aplazar la reducción de la tarifa del impuesto de renta empresarial, a cambio de evitar mayores costos asociados a la contratación laboral. Según su análisis, algunos cambios tributarios contemplados en el proyecto podrían aumentar los costos de las empresas, afectar la generación de empleo formal y trasladarse parcialmente a los precios de bienes y servicios.

La discusión se desarrolla en un contexto de presión sobre las finanzas públicas. ANIF estima que, sin un ajuste fiscal suficiente, el déficit del Gobierno Nacional Central podría superar el 9 % del producto interno bruto en 2027 y la deuda pública podría ubicarse por encima del 70 % del PIB a partir de 2029. Estas cifras corresponden a escenarios proyectados por el centro de estudios y no constituyen resultados fiscales ya materializados.

La entidad considera que la Ley de Rescate Económico debe conservar un esfuerzo de ajuste significativo, pero con una composición que reduzca los efectos negativos sobre la inversión, el empleo y la actividad productiva. Su llamado al Gobierno y al Congreso consiste en que cualquier modificación de las medidas de recaudo esté acompañada de alternativas que compensen los recursos que dejarían de ingresar.

La propuesta abre un debate sobre el uso del patrimonio público como herramienta de financiación y sobre la distribución de las cargas fiscales entre empresas, trabajadores, pensionados y contribuyentes. Mientras la venta de activos puede proporcionar liquidez en el corto plazo, los recortes de gasto y las reformas a los ingresos permanentes tienen efectos distintos sobre la sostenibilidad presupuestal.

Por ahora, ninguna de las recomendaciones de ANIF implica que ISA vaya a ser vendida ni que se haya aprobado un nuevo impuesto a las pensiones altas. Su eventual implementación dependerá de decisiones del Gobierno, evaluaciones técnicas y del trámite legislativo correspondiente. El desafío para Colombia será encontrar un ajuste que reduzca las presiones sobre la deuda sin comprometer activos estratégicos, inversión productiva ni la protección de los hogares más vulnerables.