Informe reservado destapa presunto plan para manipular las elecciones en Colombia: así habría sido la operación
El documento, divulgado por SEMANA, menciona posibles accesos al sistema de la Registraduría, participación de varias regiones y presuntos vínculos extranjeros; las autoridades investigan los señalamientos.

Un informe reservado que llegó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) encendió las alarmas sobre un supuesto intento de manipular los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia de 2026. El documento describe una presunta operación que habría buscado intervenir el sistema de preconteo de la Registraduría para modificar las cifras de votación y favorecer al entonces candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico.
La información fue revelada por SEMANA y señala como uno de los presuntos articuladores a Carlos Andrés Oyola Tovar, un exfuncionario de la DNI que fue capturado el pasado 7 de noviembre. Según el documento, la operación habría contemplado diferentes mecanismos para alterar los resultados y generar controversia sobre la legitimidad del proceso electoral.
Es importante precisar que se trata de señalamientos contenidos en un informe reservado y que, hasta el momento de la publicación, las autoridades judiciales investigaban esta versión. Por tanto, las acusaciones no constituyen hechos judicialmente probados.

Carlos Oyola, señalado como una de las piezas centrales del supuesto plan
Según el informe, Carlos Andrés Oyola Tovar habría sido identificado como uno de los posibles responsables de una operación tecnológica destinada a intervenir los sistemas de información electoral.
El documento señala que el ingeniero trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia, inicialmente en el área de contrainteligencia. Posteriormente, por instrucción del entonces director de la entidad, Jorge Lemus, habría sido trasladado al área de tecnología para desarrollar un sistema digital destinado a alojar información sensible de la institución.
Sin embargo, el informe sostiene que esa tarea no habría sido cumplida y que el funcionario presuntamente habría utilizado sus conocimientos y accesos tecnológicos para desarrollar otras actividades.
Uno de los señalamientos más delicados indica que Oyola habría creado un usuario en el sistema de la Registraduría desde 2022 y que, con el paso del tiempo, habría aumentado sus permisos de acceso hasta obtener posibilidades de consultar, extraer y manejar información relacionada con el sistema de preconteo electoral.
El documento sostiene que esos accesos podrían haber permitido realizar modificaciones en las cifras antes de la publicación de los boletines oficiales.
Tres escenarios para modificar los resultados electorales
El informe reservado describe tres posibles modalidades que habrían sido contempladas dentro de la operación.
La primera consistía en modificar las cifras del preconteo antes de la emisión de cada boletín de consolidación de la Registraduría, aumentando artificialmente la votación a favor de Iván Cepeda.
La segunda contemplaba alterar los resultados para incrementar también la votación de Abelardo De La Espriella en zonas donde ya se conocía su victoria. Según la hipótesis descrita, esta maniobra habría buscado generar posteriormente una percepción de fraude electoral.
El tercer escenario combinaba las dos estrategias: aumentar los votos de Cepeda en las mesas donde supuestamente tenía mayorías y, al mismo tiempo, incrementar artificialmente los resultados de De La Espriella en determinadas regiones para presentar una diferencia de votación que pudiera alimentar denuncias de irregularidades.
De acuerdo con el documento, el propósito habría sido incidir en el resultado de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 y generar cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección.
El supuesto plan habría involucrado 17 departamentos
Otro de los elementos que aparecen en el informe es la identificación de territorios donde presuntamente se habría buscado ejecutar la operación.
El documento menciona 17 departamentos y señala que la estrategia habría tenido alcance en diferentes municipios y regiones del país.
Entre los territorios relacionados aparecen:
- Antioquia.
- Atlántico.
- Bolívar.
- Boyacá.
- Cesar.
- Córdoba.
- Cundinamarca.
- Huila.
- La Guajira.
- Magdalena.
- Norte de Santander.
- Quindío.
- Risaralda.
- Santander.
- Tolima.
- Valle del Cauca.
El informe también menciona la posible participación de ingenieros y del hermano de Carlos Oyola, quienes presuntamente habrían intervenido en la modificación de las cifras y en la distribución de los cambios dentro del sistema.
No obstante, la inclusión de departamentos o personas en un documento de inteligencia no demuestra por sí sola que se hayan cometido delitos ni que quienes aparecen mencionados hayan participado efectivamente en una operación ilegal.
También habría existido una estrategia para manipular el mapa de riesgo electoral
El documento no se limita a describir posibles alteraciones en el preconteo. También menciona un supuesto intento de modificar el sistema cromático del mapa de riesgo electoral elaborado por la Policía con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Según la información revelada, la propuesta habría consistido en simplificar las 36 variables utilizadas por el mecanismo y asociarlas únicamente con tres categorías.
La hipótesis planteada en el informe es que esa modificación habría permitido alterar la interpretación de los riesgos electorales en determinadas zonas y utilizar posteriormente esa información para respaldar denuncias de fraude.
El documento sostiene que la estrategia buscaba construir un escenario de desconfianza sobre los resultados y favorecer políticamente a uno de los candidatos.
Presunta participación extranjera también aparece en el documento
Uno de los aspectos más delicados de la información es que el informe menciona una supuesta influencia extranjera en la operación.
En el documento se habla de posibles vínculos con el G2 cubano, de dos presuntos agentes identificados con los nombres de Raúl y Ramón, de estructuras venezolanas y de apoyo técnico ruso.
Sin embargo, SEMANA no presenta en la publicación pruebas judiciales concluyentes que permitan establecer la participación de esas personas o estructuras extranjeras. Por esa razón, estas referencias deben entenderse como hipótesis consignadas en el informe reservado y no como responsabilidades demostradas.
La eventual participación de actores internacionales constituye uno de los puntos que requeriría especial verificación por parte de las autoridades competentes.
Las autoridades investigan los señalamientos
La información conocida indica que el documento fue recibido por la DNI durante el proceso de empalme del Gobierno y que posteriormente sus señalamientos quedaron bajo análisis de las autoridades judiciales.
La captura de Carlos Oyola, ocurrida el 7 de noviembre, también forma parte del contexto de las investigaciones que rodean al exfuncionario por presuntas irregularidades informáticas. Sin embargo, su captura por otros hechos investigados no demuestra automáticamente su participación en el supuesto plan electoral.
El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de seguridad informática de las instituciones del Estado, los controles de acceso a las plataformas electorales y la protección de la información que se utiliza durante los procesos democráticos.

La transparencia electoral, en el centro de la discusión
Las revelaciones vuelven a poner sobre la mesa la importancia de garantizar la seguridad de los sistemas tecnológicos y la transparencia de los procedimientos electorales en Colombia.
La Misión de Observación Electoral (MOE), en un informe publicado después de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, había señalado que los datos examinados sobre el censo, los puestos de votación, las mesas y el preconteo eran consistentes y no evidenciaban las anomalías denunciadas en ese momento. Ese análisis se refería a las irregularidades que circularon públicamente y no constituye, por sí solo, una conclusión sobre los nuevos señalamientos contenidos en el informe reservado.
Por ahora, el principal desafío de las autoridades será establecer si existió realmente una operación para intervenir los resultados electorales, quiénes habrían participado, qué accesos tecnológicos se utilizaron y si se produjo alguna modificación efectiva en la información.
El caso podría convertirse en una de las investigaciones más sensibles relacionadas con la seguridad institucional y la protección de la democracia colombiana. La determinación de responsabilidades dependerá de las pruebas técnicas, documentales y judiciales que logren recopilar los organismos competentes.

