Renunció Jaime Uribe, gerente del Fondo Milagro, tras polémica por millonarios salarios
El presidente Abelardo De La Espriella aceptó la salida y anunció cambios en la entidad encargada de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.
La controversia por los elevados costos de la nómina del Fondo Milagro terminó con la salida de su gerente, Jaime Andrés Uribe. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que aceptó la renuncia y aseguró que la decisión responde a la necesidad de corregir actuaciones que, según afirmó, no estaban alineadas con las directrices de austeridad de su Gobierno.
La renuncia se conoció este viernes 13 de noviembre, luego de varios cuestionamientos sobre los salarios de los funcionarios de la entidad encargada de coordinar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Presidente aceptó la renuncia y anunció cambios en la dirección
De acuerdo con información conocida por SEMANA a través de fuentes de alto nivel del Gobierno, Jaime Uribe presentó su renuncia al cargo de gerente del Fondo Milagro y el presidente Abelardo De La Espriella la aceptó.
El mandatario se pronunció sobre la decisión y afirmó que había solicitado la salida del funcionario porque consideraba necesario corregir lo ocurrido.
"Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles. Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato", manifestó el jefe de Estado.
Asimismo, anunció que en las próximas horas dará a conocer quién asumirá la dirección de la entidad, que tiene a su cargo una de las principales tareas de atención y reconstrucción tras la emergencia.
La millonaria nómina que desató la controversia
La salida de Uribe se produce después de que se conocieran detalles sobre los costos de la nómina del Fondo Milagro. Según información divulgada a partir de un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga, la entidad tenía 26 funcionarios cuya remuneración mensual conjunta alcanzaba aproximadamente los $765,6 millones.
Entre los salarios que generaron mayor controversia se encuentra el del gerente, que ascendía a cerca de $39,4 millones mensuales. También se conoció que el secretario privado y el director jurídico y de contratación recibían alrededor de $36 millones cada uno.
Otros cargos de coordinación tenían remuneraciones cercanas a los $33 millones mensuales, mientras que los salarios de los puestos de menor remuneración comenzaban en aproximadamente $5,8 millones.
Las cifras provocaron cuestionamientos debido a que algunos de estos ingresos superaban la remuneración mensual de un ministro del Gobierno nacional, calculada en cerca de $30,7 millones.
La discusión tomó fuerza porque el Fondo Milagro fue presentado como una herramienta para acelerar la reconstrucción y atender a las familias damnificadas, mientras el Gobierno ha defendido públicamente una política de reducción del gasto y austeridad administrativa.
De La Espriella rechazó los salarios y ordenó reversar los costos
Antes de confirmarse la renuncia, el presidente ya había cuestionado públicamente la estructura salarial de la entidad. A través de un pronunciamiento, aseguró que los sueldos divulgados no contaban con su autorización y que no correspondían a las instrucciones impartidas a los funcionarios de su administración.
"¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN! Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato", expresó.
El mandatario también sostuvo que todos los funcionarios de su Gobierno están sometidos a evaluación permanente y que ningún cargo está garantizado cuando las decisiones adoptadas se apartan de sus directrices.
En ese sentido, insistió en que no permitiría que determinaciones administrativas cuestionadas afectaran el propósito de reconstruir las zonas destruidas por el terremoto.
La ejecución del Fondo también estaba bajo cuestionamiento
La polémica por los salarios se sumó a las preguntas sobre el avance de la gestión del Fondo Milagro y la velocidad con la que los recursos destinados a la emergencia se estaban convirtiendo en obras, demoliciones, viviendas y ayudas para las comunidades afectadas.
Según información publicada por otros medios, la entidad tenía aprobado un presupuesto de $624.656 millones para intervenciones urgentes y prioritarias. Sin embargo, en las respuestas entregadas al Congreso se reportaron procesos contractuales por $7.440 millones, principalmente relacionados con demoliciones en Pereira y Cali.
Estas cifras alimentaron el debate sobre la capacidad de ejecución de la entidad y la necesidad de acelerar la atención a las familias que todavía esperan soluciones después de la tragedia.
La gestión del gerente también había sido objeto de cuestionamientos en el Congreso por sus ausencias a citaciones de seguimiento, en las que debía responder sobre los avances y el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción.
¿Qué pasará ahora con el Fondo Milagro?
Con la salida de Jaime Uribe, el Gobierno deberá anunciar quién estará al frente de la entidad y qué medidas se adoptarán para revisar su estructura administrativa, los costos de funcionamiento y la ejecución de los recursos.
El principal desafío será garantizar que el Fondo Milagro pueda avanzar con mayor rapidez en las tareas de reconstrucción y asistencia a los damnificados, al tiempo que responde a las inquietudes sobre la transparencia, la contratación y el uso de los recursos públicos.
Por ahora, la decisión presidencial marca un nuevo capítulo en la controversia alrededor de la entidad. La atención estará puesta en el nombramiento del nuevo gerente y en los correctivos que implemente el Ejecutivo para que la reconstrucción avance de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas.
La salida del funcionario no cierra las preguntas sobre la gestión del Fondo: ahora el Gobierno tendrá que demostrar que los cambios administrativos se traducen en resultados concretos para quienes todavía esperan recuperar sus viviendas y reconstruir sus vidas.