Primeros 100 días de De La Espriella: inseguridad, crisis fiscal y salidas en el gabinete marcan su Gobierno
El Gobierno defiende su política de mano dura, mientras enfrenta críticas por los resultados contra los grupos armados, la salida de funcionarios y el ajuste económico.

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella cumplió sus primeros 100 días en el poder en medio de cuestionamientos por los resultados de su política de seguridad, la salida de cerca de una veintena de funcionarios y las dificultades económicas que enfrenta el país. Aunque el mandatario ha defendido su estrategia de mano dura contra las organizaciones criminales y anunció un plan de austeridad, distintos análisis advierten que todavía existen desafíos importantes para convertir las operaciones de la Fuerza Pública en resultados sostenibles.
El balance, divulgado por Ecuavisa con información de la Agencia EFE, muestra un comienzo de Gobierno atravesado por decisiones de alto impacto político, cambios institucionales y una emergencia natural que obligó a modificar las prioridades de la administración.
De la Espriella llegó a sus primeros 100 días el 15 de noviembre de 2026. Durante este periodo, su Gobierno tuvo que afrontar un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro-occidente del país el pasado 10 de agosto, apenas tres días después de su posesión. La emergencia alteró la agenda inicial y puso sobre la mesa las necesidades de atención y reconstrucción de las zonas afectadas.

La seguridad, el principal desafío del Gobierno
Una de las primeras decisiones del mandatario fue terminar, a finales de agosto, las conversaciones de paz con los grupos armados ilegales que habían comenzado durante la administración anterior. En su lugar, impulsó una política de confrontación directa contra guerrillas, estructuras paramilitares y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La estrategia ha estado acompañada de una participación visible del presidente en operativos militares y policiales, así como de anuncios sobre capturas, incautaciones y acciones para recuperar el control territorial.
Sin embargo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) planteó cuestionamientos sobre el alcance de esta política. En su evaluación de los primeros 100 días señaló que todavía no se evidencia una estrategia capaz de traducir los operativos en una reducción efectiva del poder de los grupos armados.
El análisis también advierte que los resultados en materia de violencia son dispares y que la disminución de algunos indicadores no necesariamente significa que las organizaciones criminales hayan perdido su capacidad de influencia en los territorios.
Bajan algunos delitos, pero aumentan otros indicadores de violencia
Las cifras analizadas por la FIP muestran comportamientos diferentes al comparar agosto y septiembre de 2026 con los mismos meses de 2025.
Entre los indicadores que registraron disminuciones se encuentran:
- Homicidios: reducción del 10,6 %.
- Secuestros: disminución del 66,3 %.
- Enfrentamientos: caída del 61,9 %.
No obstante, el informe también identificó incrementos en otros hechos que afectan directamente a la población:
- Ataques contra infraestructura y bienes civiles: aumento del 44,4 %.
- Confinamientos: incremento del 37,5 %.
Para la Fundación, esta combinación refleja que los avances en determinados indicadores no son suficientes para concluir que los grupos armados hayan perdido su capacidad de control e influencia.
El reto del Ejecutivo será demostrar que la ofensiva de seguridad puede traducirse en una reducción duradera de la violencia y en mejores condiciones de protección para las comunidades que viven en zonas afectadas por el conflicto.
Cerca de 20 funcionarios han salido del Gobierno
Otro de los aspectos que ha marcado los primeros meses de la administración es la inestabilidad dentro del gabinete y de diferentes entidades estatales.
Según el reporte de EFE, cerca de una veintena de funcionarios dejaron sus cargos durante este periodo. Entre las salidas más destacadas aparecen las de Viviane Morales, quien se desempeñaba como ministra de Educación, y Rodrigo Lara, quien ocupaba el Ministerio del Interior.
Estos movimientos han generado interrogantes sobre la continuidad de los equipos de trabajo y la capacidad del Gobierno para mantener una línea de gestión estable en sus principales sectores.
A los cambios de funcionarios se suman las controversias alrededor de algunas decisiones presidenciales y la relación del mandatario con diferentes instituciones.
Cuestionamientos por el protagonismo presidencial en los operativos
La presencia de De la Espriella en procedimientos de la Fuerza Pública también ha sido objeto de observaciones por parte de la Fundación Ideas para la Paz.
La organización cuestionó prácticas como la exhibición pública de cuerpos de personas abatidas y las confrontaciones del mandatario con personas detenidas. Según su análisis, este tipo de actuaciones puede generar impacto político inmediato, pero también plantea riesgos jurídicos y puede debilitar el papel de las instituciones encargadas de conducir la política de seguridad.
Uno de los episodios mencionados ocurrió durante un procedimiento en Antioquia, cuando el presidente increpó a integrantes de una disidencia de las FARC, entre ellos un hombre conocido como alias 'Primo Gay'.
Durante ese encuentro, el mandatario utilizó expresiones ofensivas contra los detenidos. Posteriormente, un juez solicitó al Congreso estudiar una posible investigación por las declaraciones, al considerar que podían afectar la dignidad humana de las personas bajo custodia.
El episodio abrió un nuevo debate sobre los límites de la actuación presidencial y el respeto de las garantías de quienes se encuentran detenidos.
El frente económico: recortes, deuda y búsqueda de recursos
En materia económica, el Gobierno también enfrenta un panorama complejo. De acuerdo con el balance publicado por Ecuavisa, Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del producto interno bruto (PIB) y una deuda pública del 60,5 %.
Ante este escenario, De la Espriella anunció un recorte de 13,8 billones de pesos para reducir las presiones sobre las finanzas públicas y puso en marcha conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el eventual respaldo financiero de ese organismo todavía no se había concretado al momento de la publicación.
Otra de las iniciativas del Ejecutivo es la Ley de Rescate Económico, presentada ante el Congreso con el propósito de fortalecer los ingresos del Estado y promover la inversión.
El proyecto, sin embargo, enfrenta reparos de sectores de la oposición. El senador Iván Cepeda cuestionó algunos de sus componentes tributarios y manifestó su preocupación por el posible impacto de las medidas sobre los ciudadanos y el principio de progresividad en el pago de impuestos.
La discusión fiscal se mantiene como uno de los principales desafíos del Gobierno, que deberá encontrar recursos para atender las obligaciones del Estado sin generar mayores presiones sobre los hogares y las actividades productivas.
Un balance con resultados y tareas pendientes
Los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella dejan un panorama de decisiones contundentes en seguridad, cambios en el equipo de Gobierno y anuncios de ajuste económico. Sin embargo, también muestran dificultades que todavía requieren respuestas concretas.
La reducción de algunos delitos convive con el aumento de ataques contra infraestructura y confinamientos; la ofensiva militar aún enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para debilitar a las organizaciones armadas, y el ajuste fiscal tendrá que superar el debate político y legislativo.
En este escenario, el principal desafío de la administración será demostrar que sus anuncios y operaciones pueden convertirse en resultados sostenibles para el país. La seguridad, la estabilidad institucional y la recuperación económica serán factores determinantes para evaluar el rumbo del Gobierno durante los próximos meses.

