María Fernanda Cabal cuestionó las concesiones del expresidente Gustavo Petro
María Fernanda Cabal cuestionó las concesiones del expresidente Gustavo Petro a grupos armados tras los atentados. Juan Carlos Sierra / Presidencia - ANDREA PUENTES

La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó la política de 'Paz Total' del expresidente Gustavo Petro luego de los recientes ataques contra peajes e infraestructura eléctrica en Huila y Meta. La dirigente política pidió una respuesta contundente contra las organizaciones responsables y advirtió que los hechos violentos no deben convertirse en una oportunidad para conceder nuevos beneficios a los grupos armados ilegales.

El pronunciamiento se produjo este lunes 16 de noviembre, después de una jornada de violencia que afectó la infraestructura vial y energética del país. Los atentados, registrados durante la madrugada del domingo, generaron preocupación por sus posibles consecuencias sobre la movilidad, el suministro de electricidad y la seguridad de las comunidades.

A través de su cuenta de X, Cabal lanzó fuertes críticas contra la estrategia de negociación implementada durante el Gobierno de Gustavo Petro y relacionó los recientes hechos con el fortalecimiento de las estructuras criminales.

El mensaje de María Fernanda Cabal contra la 'Paz Total'

La exsenadora manifestó su rechazo a los ataques y aseguró que las organizaciones armadas utilizan la afectación a la población civil como mecanismo de presión contra el Estado.

"Atacaron peajes y dejaron comunidades de Huila y Caquetá sin luz. A estos bandidos no les importa la población: la castigan para chantajear al Estado", escribió Cabal.

En el mismo mensaje, cuestionó la posibilidad de que los atentados puedan abrir nuevamente la puerta a concesiones dentro de los procesos de acercamiento con organizaciones ilegales.

"Si creen que con esta arremetida volverán las concesiones de la 'paz total', están equivocados. ¡Hay que perseguirlos, no premiarlos!", agregó.

Con estas declaraciones, la dirigente política volvió a expresar su oposición a la estrategia de paz del anterior Gobierno y defendió una respuesta basada en la persecución de las estructuras responsables de los hechos violentos.

Explosiones en los peajes de Huila y Meta

La reacción de Cabal se produjo después de dos ataques contra estaciones de recaudo durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.

Uno de los hechos ocurrió en el peaje Neiva-Aipe, en el departamento del Huila, donde un vehículo cargado con explosivos fue abandonado y posteriormente detonó, ocasionando daños en las instalaciones.

El segundo atentado se registró en el peaje de Pipiral, sobre la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, en el departamento del Meta. Allí también fue utilizado un vehículo con explosivos, que provocó afectaciones en las casetas de recaudo.

Adicionalmente, las autoridades encontraron otro automotor con explosivos en el sector de Los Cauchos, sobre la vía Neiva-Rivera. El artefacto fue desactivado antes de que pudiera detonar.

Los tres episodios generaron alertas de seguridad en los corredores viales. De acuerdo con los reportes conocidos, los atentados no dejaron personas fallecidas ni heridas.

Tres torres de energía fueron atacadas en el Huila

A los ataques contra los peajes se sumó un atentado contra la infraestructura eléctrica en el departamento del Huila.

Tres torres de transmisión fueron atacadas con explosivos en la vereda Hato Viejo, zona rural del municipio de El Pital. La afectación comprometió la línea de transmisión Betania-Tesalia, de 230 kilovoltios, y ocasionó interrupciones en el suministro de energía para usuarios de la región.

Entre las comunidades afectadas se encontraban habitantes del Huila y del departamento del Caquetá.

El hecho generó preocupación por la vulnerabilidad de la infraestructura energética y las consecuencias que este tipo de ataques puede tener sobre los servicios esenciales, las actividades económicas y la vida cotidiana de miles de personas.

Las autoridades adelantaban las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de los atentados y determinar si existe alguna relación entre los ataques registrados en ambos departamentos.

Los ataques contra peajes se han extendido a otras regiones

Los hechos del fin de semana no serían episodios aislados. Según un reporte publicado por Infobae el 16 de noviembre, durante los primeros 16 días de ese mes se habían registrado siete ataques contra seis peajes en Colombia.

La cadena de atentados comenzó en el Valle del Cauca y posteriormente se extendió a Cauca, Huila y Meta. Las modalidades utilizadas incluyen explosivos transportados en motocicletas, artefactos lanzados desde drones y vehículos acondicionados con cargas explosivas.

El panorama también encendió las alertas después de que integrantes de las disidencias de las Farc declararan los peajes como objetivos militares y amenazaran con atacar estas instalaciones.

La situación plantea un desafío para las autoridades, especialmente por la importancia de estos corredores en el transporte de mercancías, la movilidad regional y la conexión entre diferentes departamentos.

El debate sobre la política de seguridad vuelve al centro de la discusión

Las declaraciones de María Fernanda Cabal reabrieron el debate político sobre los resultados de la 'Paz Total' y la manera en que el Estado debe enfrentar a las organizaciones armadas ilegales.

Mientras sus críticos sostienen que los acercamientos y las concesiones durante el Gobierno Petro permitieron que algunas estructuras ampliaran su influencia territorial, también persiste la discusión sobre la necesidad de combinar las operaciones militares con estrategias institucionales que garanticen seguridad y protección a las comunidades.

Por ahora, las investigaciones sobre los atentados continúan y las autoridades deberán establecer las responsabilidades correspondientes.

Los ataques contra los peajes y las torres de energía dejan en evidencia la presión que enfrenta la infraestructura estratégica del país. El desafío inmediato será identificar a los responsables, prevenir nuevos atentados y garantizar que las comunidades no sigan pagando las consecuencias de la violencia.