Gobierno anuncia que revocará el decreto que reglamentó los mercados de carbono en Colombia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que revocará la reglamentación de los mercados de carbono que se emitió en los últimos días del anterior gobierno. Así lo dio a conocer el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, durante una intervención en la Climate Week, que se realiza en Medellín.

El decreto en cuestión: expedido un día antes de terminar el gobierno de Petro

Se trata del Decreto 973 de 2026, que fue publicado el 6 de agosto, un día antes de terminar la presidencia de Gustavo Petro. Ese decreto, que se había abierto a consulta ciudadana dos meses antes, recibió críticas por parte de empresas dedicadas al desarrollo de proyectos para vender bonos de carbono, así como de varias ONG que impulsaban una regulación más estricta para proteger los derechos de las comunidades.

"Una bomba de profundidad", según el ministro

Arjona fue contundente en su caracterización de la norma. "Ese decreto era horroroso, una bomba de profundidad", escribió el ministro en su cuenta de X. "El Decreto 973, que expidieron a las carreras y a última hora, no fortalecía el mercado de carbono, todo lo contrario: desde el punto de vista técnico, era un atentado contra lo que quedaba de este en Colombia... introducía nuevas barreras y condiciones que podían terminar" afectando el desarrollo del sector, señaló Arjona. Es importante subrayar que esta caracterización corresponde a la valoración política y técnica del actual ministro sobre la norma expedida por el gobierno anterior.

Un mercado de confianza

"Un mercado de carbono vive de la confianza: confianza en que las reducciones de emisiones son reales, que no se cuentan dos veces y que las reglas que las respaldan son sólidas", aseguró Arjona, al explicar las razones de fondo detrás de la decisión de revocar la norma.

No implica salir de los mercados de carbono

El ministro señaló, sin embargo, que esta revocatoria de las reglas no significa que Colombia salga de los mercados de carbono, sino que buscará fortalecer su confianza, seguridad jurídica, coordinación entre entidades, así como la participación de las comunidades y territorios involucrados en este tipo de proyectos.

El mensaje oficial del Ministerio de Ambiente

Según el comunicado oficial divulgado desde Medellín, "el Gobierno De La Espriella inició la revocatoria del Decreto 973 de 2026 para corregir su procedimiento de expedición y garantizar reglas más claras, seguras y articuladas entre las entidades competentes. La nueva regulación será construida con participación de comunidades, territorios, sector privado y entidades públicas, para fortalecer la confianza y la integridad ambiental del mercado". El propio Arjona añadió: "Si queremos que los mercados de carbono movilicen financiación para la transición climática y generen oportunidades para los territorios, primero tenemos que construir confianza en las reglas del juego".

Vicios de forma: otros ministerios sin consulta previa

Según explicó Arjona, la decisión de iniciar la revocatoria responde, entre otros aspectos, a asuntos relacionados con el propio procedimiento de expedición de la norma. Según reportó ABC Economía, uno de los argumentos centrales es que el decreto involucró a otros ministerios sin la consulta previa correspondiente, un vicio de forma que se sumaría a los problemas técnicos ya señalados por el ministro.

Reconstruir el Renare en tres meses

Arjona también planteó su intención de "reconstruir el mercado de carbono" en el país. "Hay mucho trabajo que hacer, en tres meses tenemos que tener listo el verdadero Renare que ha sido un intento fallido también", dijo el ministro en Medellín, en referencia al Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (Renare), la plataforma que centraliza la información sobre proyectos y créditos de carbono en Colombia.

Una propuesta al Congreso: eliminar el límite del impuesto al carbono

Aunque aún no se conoce un borrador formal de la nueva reglamentación que propondrá el Ministerio de Ambiente, Arjona adelantó que le pedirán al Congreso eliminar el límite del 50% para la no causación del impuesto al carbono, es decir, el tope que permite actualmente a las empresas evitar el pago de una parte de ese impuesto mediante la compra de créditos de carbono. Según explicó el ministro, la ley limita actualmente esa exención al 50%, y su propuesta busca que las empresas puedan quedar exentas de la totalidad del impuesto bajo ciertas condiciones, con el argumento de que ese límite habría contribuido a reducir la demanda de créditos de carbono y a generar una sobreoferta en el mercado.

Un contexto de irregularidades documentadas

El decreto original había sido expedido por el gobierno Petro a pocos días de dejar el cargo, y era un pendiente que desde diferentes sectores venían solicitando, debido a que el vacío legal en el que operaba el mercado había derivado en irregularidades documentadas en múltiples proyectos, entre ellas casos de falta de transparencia, doble contabilidad de reducciones de emisiones, y fractura social en comunidades vinculadas a estos proyectos, situaciones que medios como El Clip ya habían revelado previamente.

Un proceso que continúa en trámite

Por ahora, es importante precisar que el Decreto 973 continúa siendo la norma vigente expedida en agosto, y que el anuncio del Gobierno corresponde apenas al inicio de un proceso formal de revocatoria. Será necesario esperar el desarrollo completo de ese trámite y la eventual expedición de una nueva regulación, que el propio ministro espera tener lista antes de que finalice 2026.

Con el proceso de revocatoria ya anunciado, el Ministerio de Ambiente deberá trabajar en la construcción de la nueva regulación de los mercados de carbono, con participación de comunidades, entidades territoriales, empresas y otros actores del sector, mientras simultáneamente avanza la propuesta legislativa para modificar ante el Congreso las reglas del impuesto al carbono, en un proceso que buscará, según ha planteado el propio Gobierno, recuperar la confianza de los inversionistas y aprovechar el potencial que tiene Colombia para financiar la conservación y restauración de sus ecosistemas a través de este tipo de mecanismos de mercado.