Gobierno buscará $1,5 billones adicionales para financiar la justicia en 2027
La Corte Suprema señaló que los recursos permitirían mantener la capacidad operativa de los despachos y evitar un aumento en el represamiento de procesos.

El Ejecutivo se comprometió a definir antes de finalizar diciembre cómo conseguir los recursos que necesita la Rama Judicial para mantener su capacidad operativa y garantizar la continuidad de más de 2.500 funcionarios de descongestión.
El Gobierno Nacional se comprometió a buscar recursos adicionales para garantizar el funcionamiento de la Rama Judicial durante 2027. Así lo anunció el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien aseguró que el Ejecutivo trabajará para encontrar, antes de finalizar diciembre, una solución financiera que permita cubrir las necesidades del sistema judicial.
La cifra planteada inicialmente asciende a $1,5 billones adicionales, dinero que se destinaría a mantener la capacidad operativa de los despachos judiciales y evitar la salida de miles de funcionarios que contribuyen a reducir el represamiento de procesos en el país.
El anuncio se produjo durante el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, realizado en Cali, donde Lenis explicó que las conversaciones con el Gobierno se han concentrado en las alternativas para financiar las necesidades de la justicia. Según el magistrado, el Ejecutivo manifestó su disposición de estudiar las propuestas presentadas por la Rama Judicial y definir las fuentes de financiación.

¿Cuánto presupuesto necesita la justicia para 2027?
De acuerdo con Lenis, el presupuesto asignado a la Rama Judicial supera los $11 billones; sin embargo, esa cantidad no sería suficiente para garantizar que el sistema mantenga su capacidad actual durante el próximo año.
Por esta razón, la Corte Suprema ha insistido en la necesidad de conseguir recursos adicionales. Aunque inicialmente se habló de al menos $1,5 billones, el magistrado también señaló que con un billón adicional podrían contar con los recursos necesarios para operar en 2027.
La decisión sobre el origen de ese dinero corresponde al Gobierno Nacional, que deberá definir cómo atender el requerimiento presupuestal.
Lenis destacó que el compromiso representa un mensaje de tranquilidad para los funcionarios judiciales, pues permitiría mantener las condiciones actuales de funcionamiento y evitar que aumente la carga laboral de los despachos.
Más de 2.500 funcionarios podrían continuar en sus cargos
Uno de los puntos más sensibles de la discusión presupuestal es la continuidad de más de 2.500 funcionarios de descongestión, cuya permanencia estaba en riesgo a partir del primero de enero de 2027 si no se conseguían los recursos necesarios.
Este personal cumple labores fundamentales para apoyar a los despachos judiciales y contribuir a disminuir el represamiento de procesos. Su salida podría incrementar la carga de trabajo de los jueces y dificultar la atención oportuna de los casos.
El presidente de la Corte Suprema explicó que los recursos beneficiarían a jueces de distintas especialidades y regiones del territorio nacional. De esta manera, la búsqueda de financiación no estaría concentrada únicamente en las principales ciudades, sino que también contemplaría las necesidades de los despachos regionales.
Lenis se pronunció sobre la continuidad del Ministerio de Justicia
Durante el encuentro en Cali, el presidente de la Corte Suprema también se refirió al futuro del Ministerio de Justicia y manifestó su preferencia por mantener esta cartera como una entidad independiente.
Aunque reconoció que cualquier decisión sobre la estructura del Gobierno corresponde al Ejecutivo, consideró importante contar con un ministerio encargado de coordinar las funciones y actividades relacionadas con el sector justicia.
Asimismo, destacó la disposición del ministro de Justicia para facilitar el diálogo entre el Gobierno y la Rama Judicial, especialmente en las conversaciones relacionadas con la financiación del sistema.
Frente a la posibilidad de reducir gastos en vehículos blindados y esquemas de seguridad para funcionarios judiciales, Lenis señaló que pueden contemplarse ajustes en algunos rubros, pero advirtió que las condiciones de seguridad del país hacen necesario conservar medidas de protección para los cargos que enfrentan mayores riesgos.
Gobierno y justicia plantean un escenario de diálogo
En el mismo encuentro, el presidente Abelardo De la Espriella defendió la independencia judicial y aseguró que respetará las decisiones de los jueces, incluso cuando no comparta sus determinaciones.
El mandatario afirmó que no utilizará la autoridad de su cargo para presionar a ningún funcionario judicial, en un mensaje que busca respaldar la autonomía de las instituciones.
Por ahora, el principal reto será concretar las fuentes de financiación y garantizar que los recursos adicionales estén disponibles para el próximo año. La definición antes de finalizar diciembre será determinante para mantener la capacidad de atención de la justicia y evitar que la falta de presupuesto afecte la continuidad de miles de trabajadores y el avance de los procesos judiciales en Colombia.

